Así lo ha manifestado al CERMI, en una reunión mantenida hoy, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Marga Prohens, que ha tildado de inaceptables las enmiendas presentadas por los grupos Socialista y de Unidas Podemos, que desactivan la iniciativa legislativa.

 

Junto a Marga Prohens, han participado en este diálogo con el CERMI, los diputados Carmen González, Carmen Navarro y Pepe Ortiz.

 

Durante el encuentro, Maribel Cáceres, miembro del Comité Ejecutivo del CERMI y de la Junta Directiva de Plena Inclusión, y mujer con discapacidad intelectual, ha relatado a los Diputados populares lo que implica en su día a día no entender una convocatoria de unas oposiciones o la propia factura de la luz por carecer de accesibilidad cognitiva, déficit que ahora se trata de cubrir voluntaristamente por las propias organizaciones de la discapacidad.

 

Por su parte, el Delegado de Derechos Humanos del CERMI, Jesús Martín, ha reivindicado el poder anclar el derecho a comprender y participar del entorno en una Ley, ya que es la vía más garantista para hacerlo efectivo añadiendo que extender derechos a las personas en situación de vulnerabilidad debería ser la norma en democracia, máxime cuando este avance además de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se beneficiaría  a personas mayores con problemas de lectoescritura y personas migrantes.

 

Asimismo, Martín ha subrayado que con la regulación de la accesibilidad cognitiva se contribuirá hacer extensivo el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, recogido el artículo 24.1 de la Constitución, ya que se derribarán muchas barreras que impiden el acceso de estas personas a la Justicia.

 

El Grupo Parlamentario Popular se ha comprometido con el movimiento CERMI a trabajar para que esta mejora de la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad pueda ver la luz y supere las trabas que está encontrando por parte de los grupos políticos que apoyan al Gobierno.