El pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que trabajó activamente, ha recibido el Premio Cermi.es 2018 en la categoría Fundación CERMI Mujeres - Acción en beneficio de las Mujeres con Discapacidad. ¿Cómo valora este reconocimiento?

 

Con una gran satisfacción porque trabajar por y para la discapacidad siempre es un orgullo. Que reconozcan ese trabajo, esa dedicación, ese empeño en ayudar a las entidades y personas que trabajan por superar y eliminar barreras es una verdadera satisfacción. Agradezco de verdad y profundamente este premio.

 

El pacto se firmó en julio de 2017. Un año después, ¿qué balance hace de él?

 

Sin duda fue un hito histórico y un gran avance en todo lo relacionado con la lucha contra la violencia de género. Además, con él se recuperó el consenso entre todos los partidos que hubo al aprobar la Ley Integral contra la Violencia de Género. 

 

Para materializar el Pacto, estudiamos de manera global la lucha contra la violencia de género, analizando qué se había cumplido o incumplido, qué había que mejorar y qué actualizar. Esto nos llevó a aprobar 212 medidas en el Congreso y 268 medidas en el Senado. Fue un ingente trabajo que se transformó en un Pacto de Estado que apoyaron todas las administraciones, instituciones, asociaciones, etc. 

 

¿Y en materia de discapacidad?

 

Con el Pacto de Estado, por primera vez en la historia buscamos un compromiso sincero e importante con las víctimas con discapacidad, porque sufren una triple discriminación: por ser mujeres, por tener discapacidad y, además, por sufrir violencia de género.

 

Desde esta perspectiva, escuchamos a CERMI y Fundación CERMI Mujeres, que nos aportaron peticiones y reflexiones. Me siento orgullosa de haberlo hecho, porque mi compromiso con estas entidades y con la discapacidad viene de lejos e impulsé esta parte del pacto en primera persona.

 

Fueron muchos los compromisos que incluimos en el Pacto de Estado. Algunos tienen que ver con la formación de las propias mujeres con discapacidad y tener herramientas para que puedan identificarse como víctimas de violencia de género. Por supuesto, se trabajó la formación de los operadores que trabajan con la violencia de género, desde educadores a sanitarios, fuerzas de seguridad o administración de justicia. Tenían que entender que hay una especial diferencia entre las mujeres con discapacidad y otras mujeres.

 

¿Cuál es el grado de cumplimiento del Pacto de Estado? Además, ¿hay dotación económica para hacer realidad sus objetivos?

 

No tenemos cuantificado el grado de cumplimiento, pero desde luego la exigencia es que se cumpla en cinco años, con una dotación de 1.000 millones de euros. Por lo tanto, tenemos margen para ese cumplimiento. Hay una dotación de 200 millones anuales, de los cuales 80 corresponden a la Administración General del Estado, 100 a las Comunidades Autónomas y 20 a los ayuntamientos. 

 

Muchas medidas necesitan dotación económica y otras necesitan voluntad política. La voluntad y el compromiso está por escrito, y ahora los diferentes gobiernos –autonómicos, municipales y estatal-  tienen que hacerlo realidad.

 

En el pacto pedimos muchas medidas, gran parte de las cuales se van poniendo en marcha. No es fácil, pero se va avanzando. Una parte ya está implementada: medidas para mejorar la educación, protección de la seguridad de las ayudas sociales. Estas han ido elaborándose y poniéndose en marcha en estos meses. Además, hay otras medidas legislativas en las que estamos avanzando más despacio, pero que ya están en el debate parlamentario.

¿Cuáles son estas medidas que están en el debate parlamentario?

 

Por ejemplo, hay medidas que el Gobierno llevó en el Real Decreto de 9 de agosto - para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género- que ahora se están trabajando para acreditar de la condición de víctimas. Se pretende que no solamente la denuncia abra la puerta a la salida del maltrato. También se trabaja para asegura la asistencia psicológica de los menores -víctimas o testigos de malos tratos-.

 

Otras cuestiones legales en las que también estamos trabajando son las pensiones de orfandad de los menores o la mejora de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de mejorar la formación de jueces, fiscales y, en general, de la administración de justicia. Es decir, poco a poco vamos cumpliendo con aquel mandato que nos dimos por unanimidad –en el Pacto de Estado- tanto en el Congreso como el Senado.

 

¿Qué apartados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género fueron más difíciles de alcanzar y, al contrario, en cuáles fue más fácil establecer un consenso entre los diferentes grupos políticos?

 

La mayor facilidad, sin duda, fue todo lo que tuvo que ver con la discapacidad. Todos los grupos parlamentarios apoyaron sin fisuras las medidas a favor de este colectivo. Tengo que decir que recogimos todas y cada una de las medidas que nos propusieron las entidades como el CERMI.

 

Tuvimos que hilar fino en la educación de los menores, en cómo introducíamos el Convenio de Estambul que firmó España contra la violencia de género y algunas medidas legislativas que no suscitaban consenso. De hecho, hubo votos particulares porque algunos grupos intentaban introducir la prostitución y otros tipos de violencia. Nosotros pensábamos que había que tenerlas en cuenta, pero en leyes específicas diferentes de la Violencia de Género. 

 

Actualmente, al margen del Pacto de Estado, ¿en qué otras acciones a favor de las personas con discapacidad está trabajando?

 

Este miércoles, por ejemplo, fue un día de enhorabuena y de felicitación porque se aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que permitirá a 100.000 personas con discapacidad intelectual, que hasta ahora no podían votar, ejercer el sufragio activo. Esta es, sin duda, una de las cuestiones más importantes en las que hemos estado trabajando. 

 

Además, adelanto que el Grupo Popular en el Senado presenta iniciativas en distintos ámbitos sobre discapacidad. Por ejemplo, hemos presentado una moción que pidió el CERMI, como es que la reforma del impuesto del diésel no perjudique a las entidades que trabajen con personas con discapacidad. Es decir, que queden exentas de esta subida del diésel porque no se puede gravar más a las ONG o a las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que ayudan a los que más nos necesitan, los más vulnerables.

 

Usted defendió la necesidad de realizar un estudio para conocer cuántas mujeres con discapacidad son víctimas de violencia de género. 

 

Sí. Pedimos que se hiciese una macroencuesta para conocer cuántas mujeres con discapacidad realmente están sufriendo violencia de género. Esta es una de las medidas que no se han puesto en marcha pero que hemos presentado desde el Grupo Popular en el Senado. He presentado una mención para instar al Gobierno a que lo ponga en marcha lo antes posible

 

Además, hemos trabajado para que las encuestas y los informes recojan los datos específicos de las mujeres con discapacidad. Adelanto que es una de las enmiendas que, gracias a CERMI y a la Fundación CERMI Mujeres, el Grupo Parlamentario Popular del Senado va a presentar a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que tiene que ver con la formación en materia de violencia de género. 

 

¿Y en qué otras acciones recogidas en el Pacto de Estado hay que avanzar todavía?

 

Por ejemplo, trabajamos en las mejoras de la accesibilidad. En el Pacto de Estado pedimos que hubiese accesibilidad en todos los medios para ayudar a las víctimas. Quiero recordar que el Gobierno del Partido Popular puso en marcha SVIsual para que –personas sordas o con discapacidad auditiva- pudiesen acceder tanto al 016 como a Atendo. Hemos pedido que esto se multiplique y extienda. 

 

También queremos centrarnos en los jóvenes. Hablamos de educación en igualdad para evitar la violencia de género, pero además queremos que sean sensibles con la discapacidad.

 

Además, hay que multiplicar que los protocolos de actuación de administraciones y fuerzas de seguridad en casos de violencia de género sean accesibles y tengan en cuenta la situación de las mujeres con discapacidad. También, modificar el protocolo de casas de acogida. Esto es una asignatura pendiente que todavía no se ha puesto en marcha, pero insistiremos para que las mujeres con discapacidad puedan acceder a una casa de acogida porque hoy lo tienen vetado.

 

Otro aspecto importante es la elaboración de guías didácticas para que las personas con discapacidad sepan qué recursos tienen, dónde acceder si sufren discapacidad o  cómo pueden salir de la violencia que sufren. 

¿Qué obstáculos existen todavía para derribar las barreras que impiden hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres?

 

Bastantes. Hay igualdad en las leyes, pero todavía queda cierto machismo en nuestra sociedad que nos impide ser igualitarios. Las mujeres necesitamos autonomía, que se consigue a través de un empleo. En la educación estamos igual, pero necesitamos llegar y mantenernos en el mercado laboral y que no haya tanta diferencia entre hombres y mujeres. Para eso son fundamentales medidas de conciliación y de corresponsabilidad. También, es necesario que se rompan los techos de cristal y poder llegar a la cúspide de las empresas, a lo más alto, porque siempre nos quedamos en puestos intermedios a pesar de que estemos tan preparadas como mínimo como los hombres porque el 60% de los licenciados en las universidades son mujeres.

 

Pero no solo en la empresa. La política tampoco destaca precisamente por la paridad hombre-mujer…

 

Hay que llegar a lo más alto de todo, porque vemos al final demasiadas corbatas, demasiados trajes oscuros… demasiados hombres ocupando puestos de responsabilidad. 

 

La sensibilidad que demostramos las mujeres cuando trabajamos… Está comprobado en las empresas que se mejora la productividad y el clima laboral. Deberíamos aplicarlo y extenderlo a todos los sitios.

 

¿Y en materia de discapacidad?

 

Es bastante parecido. La discapacidad tiene algunos añadidos sobre la igualdad, pero para mejorar la discapacidad hay que fijarse en el empleo. Hemos trabajado firmemente para que las personas con discapacidad lleguen al empleo, y a un empleo  normalizado, no solamente a los Centros Especiales de Empleo. Un millón de personas con discapacidad han accedido al empleo en los últimos años. 

 

Tienen que llegar a la universidad al más alto nivel y por eso hemos trabajado no solamente desde la formación profesional, sino también desde la universidad con becas en la formación a distancia. 

 

Además, hemos aprobado una medida sobre las cuentas “durmientes” en la que trabajé personalmente con el presidente del CERMI. Se trata de aprovechar ese dinero que estaba muerto en los bancos para destinarlo a ayudar a la educación y también eliminar las barreras que aún persisten en el día a día de las personas con discapacidad.

 

Son muchas las barreras que tienen las personas con discapacidad. Necesitamos que la igualdad llegue lo antes posible.