La Sección de Derecho de la Discapacidad se despide con este número hasta la vuelta de vacaciones en el mes de septiembre. La Fundación Derecho y Discapacidad y el equipo humano que la conforma os desea un feliz verano.

La Fundación se despide con el firme compromiso renovado de trabajar por los derechos de las personas con discapacidad a través del impulso de la rama específica del Derecho  denominada “Derecho de la Discapacidad”.

Durante el primer semestre de 2022, cabe destacar la consecución de los dos siguientes grandes hitos en materia de Derecho de la Discapacidad colaborando en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad:

• Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Esta ley responde a la necesidad de dotar de ordenación normativa a la accesibilidad cognitiva, que se define como “la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación”. Asimismo, la modificación normativa define la accesibilidad cognitiva, dentro del marco general de accesibilidad universal; establece los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible; crea el Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva; incluye esta nueva dimensión en el Plan Nacional de Accesibilidad y habilita al Gobierno de España para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia, entre otras cuestiones.
• Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La Ley constituye un instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral. El contenido de la norma incorpora, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, un régimen sancionador, la creación de un organismo independiente de Igualdad, la introducción del antigitanismo en el código penal como un delito de odio específico y la incorporación de la definición de segregación escolar, tal y como pedían las entidades. También refuerza la protección de las personas en situación de sinhogarismo frente a la discriminación, ampliando el ámbito objetivo de la ley al uso y estancia en la vía pública. Sin embargo, las entidades que conforman la alianza por la Ley de Igualdad de trato consideran que esta norma carece de medidas que aborden cuestiones como la accesibilidad, la protección de la infancia, el diálogo con la sociedad y la formación de agentes clave en la lucha contra la discriminación. Además, echan en falta una mayor concreción de las conductas que pueden dar lugar a una sanción y de cuestiones como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o la Administración de Justicia.
• Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. La Ley incluye por primera vez en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras la figura de la persona consumidora vulnerable, que deberá ser objeto de especial atención tanto por parte de autoridades públicas como del sector empresarial en las relaciones de consumo. La Nueva Agenda del Consumidor presenta la visión de la política europea de consumo para el periodo 2020-2025, y subraya la necesidad de abordar las necesidades específicas de consumidores que, por sus características o circunstancias, requieran una mayor protección para garantizar la toma de decisiones en las relaciones concretas de consumo acorde con sus intereses. La normativa hace referencia específicamente a las personas con discapacidad, entre otros grupos sociales.

No obstante, a pesar de los grandes avances mencionados, siguen pendientes entre otras cuestiones, dos de los grandes retos no alcanzados durante 2021. En primer lugar, la  Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, la cual no obtuvo el respaldo necesario (de tres quintos del hemiciclo) para su aprobación en el Congreso. Tal y como recoge la exposición de motivos del texto, la ley no busca "un mero cambio de terminología" para convertirse en un texto "más preciso y respetuoso", sino que quiere modificar "el enfoque de la realidad" para que este sea "más acertado" y "advierta" sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado "desapercibidas", como que "las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones".

Y, en segundo lugar, la aplicación efectiva de Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, asegurando  los recursos necesarios que garanticen la materialización de la reforma a través de inversión económica y previsión presupuestaria. Dicho de otro modo, pasar de las palabras a los hechos.

Con estas líneas, en las que hemos tratado de plasmar los aspectos más relevantes ocurridos a lo largo del primer semestre de 2022 en relación al Derecho de la Discapacidad, nos despedimos de nuestros/as lectores/as hasta septiembre deseando el mayor disfrute de este periodo estival.

Normativa aprobada

-Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria (BOE de 21/07/2022). Esta Orden tiene por objeto establecer el currículo y regular la ordenación de la Educación Primaria conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (artículo 1). Entre los objetivos que establece la norma destaca el de “conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas” por motivos de discapacidad u otras condiciones (artículo 8). Además, se establece la obligación de garantizar el diseño y la accesibilidad universal para el acceso y el desarrollo del proceso de evaluación (artículo 20 y Disposición adicional sexta) y, en el contexto de la regulación sobre el “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, se prevé que “se facilitará el aprendizaje de la lengua de signos española en los centros en los que se escolarice alumnado sordo, con discapacidad auditiva o sordociego” (artículo 25).

Premios

Hasta el 8 de septiembre de 2022. Premio Ciudad Accesible. La Comisión Europea ha lanzado la edición de 2023 del Premio Ciudad Accesible, concurso organizado junto con el Foro europeo de la Discapacidad que otorga un reconocimiento a las urbes que han realizado esfuerzos significativos para ser más accesibles para las personas con discapacidad y que tienen previsto mejorar.

Igualdad: la Comisión lanza el Premio Ciudad de Acceso 2023 para las ciudades más accesibles de la UE - Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión - Comisión Europea (europa.eu)

Publicaciones 

Fariña, J., Higueras, E. Román, E., Pozo, E. Guía para planificar ciudades saludables, Ministerio de Sanidad, FEMP. 2022, 124p. Documento que pretende ser una herramienta de ayuda a las personas involucradas en la planificación de entornos urbanos a nivel local. Contienen pautas sencillas y adaptables a cada situación, buscando reducir las inequidades en salud. Da continuidad al “documento técnico de criterios generales sobre parámetros de diseño urbano”. 

Ministerio de Sanidad - Profesionales - ESTRATEGIA - EPSP - URBANISMO - GUIA - CIUDADES SALUDABLES

Dirección de la Sección Derecho de la Discapacidad de CERMI.es