Las administraciones públicas españolas apenas han desarrollado estrategias de RSC, ¿por qué ha sido esto?

 

La RSC es algo nuevo en todo el mundo, es un fenómeno que algunos datan de hace 10 ó 15 años, no más. Tarda en calar, es un proceso, un aprendizaje gradual. En el sector público en España se están haciendo cosas, de forma aislada y no muy normalizada ni protocolizada, pero ya existen buenas prácticas en ayuntamientos, diputaciones, incluso en la propia Administración General del Estado.

 

En cualquier caso, el CERMI considera necesario colaborar y está trabajando en un manual de RSC Discapacidad para Administraciones Públicas, ¿cuál es la razón de este trabajo?

 

El CERMI, tras la publicación de distintos trabajos y una trayectoria ya de unos cuantos años de interés en la RSC participando, entre otras cosas, en el proyecto de la Fundación Bequal, que seguramente es el futuro de la RSC y la discapacidad, para completar esos trabajos se plantea cómo implantar medidas de RSC Discapacidad en las administraciones públicas. Es una guía que ayude a las administraciones públicas a incluir la discapacidad en su gestión.

 

¿Cómo se puede gestionar o implantar la estrategia de RSC Discapacidad en el sector público?

 

Tiene dos vertientes, una hacia fuera y otra hacia dentro. Hacia fuera, sería como agente que promociona y difunde la RSC entre las empresas, fomentándolo con normas de intervención o de estímulo.

 

La otra vertiente, la interna, en la que la propia administración hace suyo este sistema de gestión. La guía del CERMI está dedicada a esta vertiente, a cómo la Administración tiene que aplicar criterios de responsabilidad para tener una gestión responsable, en este caso con la discapacidad. 

 

¿Se entiende la RSC como una cuestión voluntaria o en este caso es obligado?

 

Hay cuestiones de RSC que están muy claras y no se discuten, como es el diálogo con los grupos de interés, pero hay otras, como la voluntariedad, y en ese sentido hay opiniones a favor de la voluntariedad y otras en contra, piden que de alguna manera se imponga.

 

Creo que tenemos más de 200.000 normas en vigor en nuestro país y que el hecho de que exista una norma no va a hacer que se cumpla más, lo que hay que hacer es educar, formar, hacer ver a la sociedad en general, y en este caso a la Administración pública, que gestionando de una manera responsable tus logros van a ser mucho mayores. Además no es redundante, la Administración lo que gestiona son los recursos de todos y busca el bien común, pero como tiene esa fortaleza de ser el principal contratante de este país, supone casi el 17% del PIB de este país, con ese potencial puede tener gran influencia en temas de consumo responsable, en cuestiones de la cadena de suministro, con proveedores responsables, que cumplan las cuotas de reserva de empleo, etc., o que se traslade a los licitadores los criterios de gestión responsable. 

 

¿Es una llamada de atención a la Administración o una petición de colaboración?

 

Queremos hacer ver, aunque es conocido por todos pero muchas veces hay que poner en valor que las personas con discapacidad suponen el 9% de la población en este país y es un grupo de interés importante. Que tiene importancia como empleados, como ciudadanos, como proveedores... tenemos mucha relación con la Administración, somos un grupo de interés importante y nos tienen que tener en cuenta. 

 

¿Qué medidas proponen para implantar esa estrategia en la Administración pública?

 

Las medidas que proponemos abarcan el empleo, y tienen que ver con que se cumplan las reservas de empleo establecidas en la legislación, que son el 7%, el 5% más un 2% para personas con discapacidad intelectual. Pero no solo en el momento de hacer la convocatoria, también hay que comprobar que esa convocatoria es accesible, que las personas que se presentan tengan igualdad de oportunidades (si tienen que darle más tiempo o hacer algún tipo de adaptación, por ejemplo) y si superan la prueba, que haya protocolos para incluirlas en el empleo, protocolos de acogida. Y también que puedan desarrollarse durante toda su trayectoria profesional y que puedan tener medidas de conciliación, como los demás.

 

También se proponen cuestiones como la contratación responsable, la inclusión de cláusulas sociales, que se reserven contratos a los CEE, que en los criterios de adjudicación se tenga en cuenta que las empresas cumplen con la normativa, que se integre a personas con discapacidad... hay muchas posibilidades, sin aumentar el coste, de que socialmente repercuta y haya un beneficio grande para el sector de la discapacidad. 

 

Al final no se está pidiendo más que se cumpla con la ley ¿no?

 

Se pide que se cumpla con la ley y que se intente ir un poquito más allá. Por ejemplo, en la atención a los ciudadanos, sería importante que los empleados públicos conocieran las necesidades de todas las personas, tener medios y disponibilidad para atender a todos. Muchas veces se cumplirán las normas pero habrá que dar un paso más para que la gente se encuentre cómoda en el trato con la Administración. 

 

A juicio del CERMI, las Administraciones públicas son también agentes de RSC y también han de entablar contactos con los grupos de interés, incluido el de las personas con discapacidad y sus familias.

 

Sería bueno que la Administración se adhiera a determinadas iniciativas de responsabilidad social que ya existen, como el Pacto Mundial, el Foro de Contratación Responsable, que sigan los criterios del certificado Bequal, porque todo eso, aparte, les va a proporcionar herramientas para mejorar, interna y externamente, y eso en un momento en el que hay mucha desconfianza y mucha desafección hacia las administraciones por todos los casos de corrupción y demás, es una forma de mejorar tu reputación y dar pasos para recuperar esa confianza que la gente necesita. 

 

También sirve para que la gente, los organismos, las empresas públicas vean lo que están haciendo, porque a lo mejor están llevando a cabo políticas de responsabilidad social y no saben que las están haciendo, o no las tienen compendiadas, o no saben quién las está haciendo. Es una labor de ir departamento por departamento y comprobar qué es lo que están haciendo y ponerlo en valor. Y seguramente ya hay muchas cosas que se están haciendo bien.

 

Y por último, proponemos como medida adoptada por bastantes organismos, que hagan memorias de sostenibilidad y que reporten e identifiquen estos aspectos, de alguna manera, organizadamente, que hagan memorias para dar a conocer lo que se está haciendo.

 

¿Qué líneas de actuación propone el CERMI en este manual?

 

Se trabaja con seis líneas de actuación, la primera tiene que ver con el buen gobierno, con la adopción de códigos éticos, no solo adoptarlo sino que sea conocido por la gente, comprensible y aplicable y para eso es importante tener un comité de seguimiento, con un canal de denuncias que sea perfectamente confidencial para que la gente no tenga ningún reparo en denunciar. Código éticos hay muchos y en muchas entidades públicas ya, como en la Policía Nacional. En el CERMI hay código ético y por eso seguimos una línea coherente, pedimos a los demás algo que nosotros ya estamos haciendo.

 

La segunda línea de actuación es la adhesión a iniciativas de RSC, por los beneficios claros que eso aporta. La tercera línea tiene que ver con el acceso al empleo, desde las cuotas de reserva hasta los protocolos de acogida y todo el desarrollo en igualdad de condiciones de una carrera profesional y del trabajo de personas con discapacidad. La cuarta línea es la contratación pública socialmente responsable, que tiene que ver con la inclusión de cláusulas sociales y con el traslado a la cadena de suministros de la responsabilidad social del cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley por parte de las empresas, para nosotros sería una política social de incalculable valor. La quinta línea, la atención a los ciudadanos y la sexta línea, las memorias e informes de lo que hacen y aquí también proponemos que en la medida de lo posible adopten el modelo GRI, con el que la Fundación ONCE, en colaboración con el CERMI, ha pactado para incluir indicadores de discapacidad. Precisamente, en estas primeras semanas del año se va a presentar esta adaptación de GRI incluyendo indicadores de discapacidad. 

 

También pretenden sacar a la luz las iniciativas que ya han comenzado ese camino de la RSC Discapacidad en el sector público ¿no es así?

 

Sí. Hay entidades que ya utilizan GRI desde la propia administración general del Estado, el INAP está trabajando mucho en la promoción y en la difusión interna de la RSC, el Ministerio de Defensa está incluido en el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable o la Diputación de Badajoz está en el Pacto Mundial. Hay muchos ejemplos de buenas prácticas y cada vez son menos puntuales, como en la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, donde destacan la Junta de Castilla y León o los ayuntamientos de Avilés y Barcelona. En Barcelona es la norma, la excepción es cuando no incluyes una cláusula social y tienes que decir además por qué no lo incluyes. 

 

Asumir la RSC Discapacidad, para la administración es un ahorro. Y pongo solo un ejemplo: las ayudas a los CEE, por cada euro que la Administración invierte en los CEE, estos le devuelven 1,45, en impuestos, en cotizaciones sociales, en reducción de gastos... si por esta vía, que es coste cero, consigues mejorar tu política social, está claro que es un beneficio potencial muy importante.