"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo
“El modelo social europeo está siendo asaltado como nunca antes y hay que preservarlo con uñas y dientes”
22/04/2013
Mario García
A pesar de su frenética agenda política y de pasar muchas horas por los aires con infinitos vuelos de avión, Juan Fernando López Aguilar pisa firme el mismo terreno por donde transitan los ciudadanos más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad. Desliza en su discurso la más pura ortodoxia socialista y nada a contracorriente rebelándose contra un mar europeo al que algunas autoridades comunitarias pretenden inyectar sólo átomos de pura economía austera.
Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) atesora un currículum de vértigo con licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y Sociología y un doctorado. Catedrático de Derecho Constitucional, posee la prestigiosa cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea, ha impartido clases en la universidad y ha publicado una docena de libros.
Ejerció como asesor parlamentario de los ministros de Justicia Enrique Múgica y Tomás de la Quadra-Salcedo entre 1990 y 1993, aunque su nombre saltó definitivamente al gran público como uno de los dirigentes socialistas más notables de la hornada de jóvenes políticos que alumbró el PSOE con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero como máximo responsable, en 2000, cuando fue nombrado secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico.
Ministro de Justicia entre 2004 y 2007 y secretario general del PSOE canario entre 2007 y 2010, encabeza la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo desde 2009, con lo que multiplica su actividad política entre Bruselas, Estrasburgo y España.
López Aguilar recibe a 'cermi.es semanal' en su despacho del Congreso de los Diputados, en Madrid, antes de partir rumbo a la sede del PSOE, donde se celebraría una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal ante la que sobrevolaba que Eduardo Madina haya salido a la palestra como otro posible aspirante a presentarse a las primarias del partido y ser candidato electoral a las próximas elecciones generales.
Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre, España, Francia, Reino Unido... Varios países de Europa han aplicado o están aplicando recortes sociales en los últimos tiempos. Con este panorama, ¿en qué ha progresado Europa desde el punto de vista social?
Europa se encuentra sumida en la peor crisis de su historia. Desde que la crisis, que comenzó siendo financiera, impactó en la economía real destruyendo tejido productivo y colapsando el crédito para las pequeñas y medianas empresas y produjo la devastación social y la exclusión de 25 millones de puestos de trabajo, con 6 millones de parados en España, no solamente no ha q desde el punto de vista social, sino que se encuentra sumida en la regresión social más preocupante o más pavorosa que hayamos conocido desde que se puso en marcha el proyecto europeo. Y no es casual: hay una correlación de fuerzas conservadora, cada vez más escorada a la derecha y desvinculada de los pactos sobre los que se construyó la integración europea después de la II Guerra Mundial.
Por tanto, el modelo social europeo está siendo asaltado como nunca antes y hay que preservarlo con uñas y dientes, en un combate a cara de perro. Los socialistas europeos proponemos su preservación contra los que plantean su demolición. ¿Cómo lo hacemos? Con una reforma fiscal que asegure suficiencia financiera para la sostenibilidad de la agenda social en la UE y con una reforma fiscal que, en los Estados miembro, permita el sostenimiento de los pilares del Estado social: educación, sanidad, servicios sociales para las personas vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad, y la lucha contra la exclusión y la depauperación de las clases trabajadoras y de los desempleados.
Europa se encuentra sumida en la regresión social más preocupante o más pavorosa que hayamos conocido desde que se puso en marcha el proyecto europeo
Este 2013 es el Año Europeo de los Ciudadanos. ¿De qué manera las instituciones europeas deben hacer llegar a las personas que son las protagonistas de esta conmemoración en una época como la actual, con turbulencias económicas y recorte generalizado de derechos precisamente de los ciudadanos?
Ésta es una cuestión crucial en la que me he implicado personal y políticamente, como presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior. Subrayo que Europa no se reduce al euro ni al mercado interior, y que en el origen es un proyecto de integración supranacional que requiere ciudadanía y legitimación democrática. Esto es así más que nunca desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que establece una Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos europeos, que mejora a los ciudadanos europeos en la medida en que suma a los derechos que ya disfrutan como ciudadanos de los Estados miembro una tabla de derechos que se corresponden con la ciudadanía europea.
El primer servicio que debe prestar el Parlamento Europeo en la campaña ‘Ciudadanía 2013’ es el de hacer saber a los ciudadanos que lo son y que importa su implicación y su protagonismo en la reconducción de esta hoja de ruta catastrófica que ha sumido a Europa no solamente en una doble recesión, sino en una degradación social y política sin precedentes. Nada de lo que está pasando podrá ser reparado ni revertido ni corregido sin la ciudadanía europea. No se puede hacer política europea no ya de espaldas a los ciudadanos, sino contra los ciudadanos, que es como se ha venido haciendo en estos tres últimos años. Esto debe ser corregido radicalmente. La ciudadanía europea ha de emerger con fuerza al timón del proceso político europeo y una primera ocasión para corregir esa hoja de ruta desastrosa son las elecciones europeas de 2014.
La causa europea no se reduce a un conjunto de corsés presupuestarios y de sanciones a los países a los que se estigmatiza como pecadores en disciplina fiscal
Me impliqué ya en la campaña de 2009 en su defensa y desde el primer día en el Parlamento Europeo he estado intentando apoyar su desbloqueo. Los ciudadanos tienen derecho a saber que, después del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo ya no es como solía ser, una gran casa de consensos. Hay líneas divisorias, hay una mayoría conservadora y una minoría de oposición progresista. La minoría, que lidera el grupo socialista al que pertenezco, promueve intensamente la Directiva de Igualdad de Trato. La mayoría conservadora no y la bloquea el Consejo, con una clara mayoría de gobiernos conservadores y de derechas. Ésta es la radiografía, pero es crucial sacar adelante esas iniciativas de contenido social y comprometido con valores de derechos fundamentales porque es el modo de demostrar a los ciudadanos que Europa puede marcar una diferencia en su favor: el modo de recuperar a la ciudadanía para el interés por la causa europea y hacer visible que la causa europea no se reduce a un conjunto de corsés presupuestarios y de sanciones a los países a los que se estigmatiza como pecadores en disciplina fiscal.
¿En esta Directiva podrían tener cabida los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad?
Sin duda, es uno de los aspectos fundamentales. La Directiva de Igualdad de Trato quiere remover barreras y obstáculos de integración social a colectivos que no han sido tradicionalmente visibles en la lucha por la igualdad. La mayor parte de las Constituciones de los Estados miembro consagran la prohibición de la discriminación por razón de sexo o de raza o de religión, pero sólo en este estadio avanzado de profundización de la conciencia constitucional europea resulta claro que las barreras contra la discriminación afectan a colectivos tradicionalmente no tan visibles como los de la discapacidad o por razón de edad. La vida se ha hecho crecientemente hostil para las personas con discapacidad y para las personas mayores. Remover esas barreras es uno de los objetivos fundamentales de la Directiva de Igualdad de Trato.
¿Las obligaciones de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se están recogiendo en los ordenamientos jurídicos de los diferentes países de la UE al ritmo deseado?
No. Lo ha hecho la UE y ahora falta llenar de contenido el compromiso. La UE tomó su tiempo; la Convención es de 2006 y la UE la ratificó en 2011, si no me falla la memoria. Es imprescindible que lo hagan también los Estados miembro. La UE ha dado un paso en la buena dirección ratificando esa Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y está complementando ese paso con un conjunto de iniciativas y de informes, en particular el Informe Lambert, que lleva ese nombre por su ponente, Jean Lambert, una diputada británica del grupo verde, sobre el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia social, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Hay también aspectos relacionados con la promoción de las personas con discapacidad en la iniciativa en favor del emprendimiento social, en la agenda digital y en la iniciativa sobre empresas sociales, responsabilidad de las empresas e innovación social.
El trabajo está en marcha, pero es mucho lo que queda por hacer. Y para englobar todas estas acciones, la UE ha adoptado una Estrategia Europea sobre Discapacidad en 2011, con acciones en materia de accesibilidad, participación, financiación de los programas de promoción de las personas con discapacidad, cooperación de colectivos representativos de la discapacidad y el resto de las instituciones, sensibilización social y recopilación de datos para mantener las actualizadas las estructuras de apoyo.
La vida se ha hecho crecientemente hostil para las personas con discapacidad y para las personas mayores
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea alude al “derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad”. ¿Se podría decir que las personas con discapacidad están plenamente integradas en la sociedad y disfrutan de todos sus derechos?
No. Se puede decir que es una buena noticia que la Carta Europa de Derechos Fundamentales, con un texto de reconocimiento y garantía de los derechos de última generación, incorpore esa cláusula. Expresa un compromiso, pero para llenarle de contenido hay una enorme trecho por delante. Para eso hace falta recuperar la agenda social europea, muy deteriorada en los últimos años. Éste es un combate que hay que librar a cara de perro porque la agenda social europea y el modelo social europeo están más amenazados que nunca.
Una mayoría muy conservadora está utilizando la crisis para, con el pretexto de la crisis y a rebufo de la crisis, desmantelar los pilares del Estado social, incrementar las desigualdades de la UE, privilegiar la ventaja relativa de los más ricos y los más favorecidos y, por tanto, incrementar los niveles de desprotección de los colectivos vulnerables, abandonando a su suerte a colectivos crecientes. Está en juego la agenda social europea como nunca y esta batalla hay que darla. Además, es completamente falso que esa agenda social europea se pueda sostener con menos recursos. Dicen quienes tienen en estos momentos la sartén por el mango en la UE, como Angela Merkel y David Cameron, representativos de la derecha dura europea, que se puede hacer más con menos. No es verdad. Puedes hacer lo que puedas con menos, pero no se puede hacer más con menos. No. Sostener la agenda social hacen falta recursos y llenar de contenido la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la UE requiere de recursos al servicio de una agenda social y ciudadana que, en estos momentos, brilla por su ausencia.
¿Existen los recursos suficientes?
No, en estos momentos. Es la primera vez en la historia de la Unión que el ciclo presupuestario para los próximos años es inferior al que está a punto de expirar. Hemos tenido unas perspectivas financieras 2007-2013 y ahora caminamos hacia el marco financiero plurianual 2014-2020 con menos recursos que en el quinquenio anterior. ¿Hay alguien que piense que Europa pueda mejorar con menos recursos en el peor momento de su historia? No. Tendremos menos y peor Europa. No solamente nos hace falta más Europa, como se dice manidamente; nos hace falta mucha mejor Europa, nos hace falta otra Europa, con una recuperación resuelta de su agenda social y su compromiso con los ciudadanos.
“Dar la batalla” por la agenda social europea
Según una encuesta del Eurobarómetro difundida en 2009, la discriminación basada en la discapacidad es la tercera más extendida en la UE, sólo por detrás del origen étnico y de la edad. ¿Comparte esta opinión?
Sí, y de hecho me llama la atención que la discriminación por razón de edad esté por delante de la discriminación de las personas con discapacidad porque son muchas las barreras y los obstáculos que enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad. Insisto en que la prohibición de discriminación por razón de raza, lo que se denomina origen étnico, está presente en todas las Constituciones europeas. En cambio, la prohibición de discriminación por razón de discapacidad es expresión de una sensibilidad de última generación que sólo recientemente ha aflorado a la conciencia de las instituciones representativas y sólo recientemente está en las Constituciones. Por eso es reciente su incorporación a la Carta Europa de Derechos Fundamentales.
Las discriminaciones a las personas con discapacidad son multifactoriales. Están presentes incluso en las sociedades más desarrolladas y van desde el más aparente, como las barreras arquitectónicas, a lo más íntimo o expresivo de la verdadera forma de ser de una sociedad, como es la oportunidad de incorporación al mercado de trabajo, el igual trato en igual trabajo, la especialización de programas educativos para la integración social de las personas con discapacidad, las ayudas a las familias con personas con discapacidad... Todo lo cual ha conocido un impulso muy notable que, subrayo, imprimió el Gobierno socialista durante la última etapa, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Yo, como ministro de Justicia, conduje un buen número de actuaciones para la integración de la discapacidad en todos los ámbitos, incluso en las oposiciones a los cuerpos de la Administración de Justicia y suscribí acuerdos con el CERMI, que están siendo abandonados, si es que no desmantelados, so pretexto de la crisis en esta etapa más reciente bajo el Gobierno del Partido Popular.
Es completamente falso que la agenda social europea se pueda sostener con menos recursos
Entrando en otra materia, ¿qué ha hecho el Parlamento Europeo en esta legislatura en favor de las personas con discapacidad?
Acabo de recordar que hemos suscrito el Convenio de Naciones Unidas en 2011. Inmediatamente después hemos adoptado la estrategia europea sobre discapacidad. Hemos aprobado la resolución de 25 de octubre de 2011 sobre movilidad e inclusión de personas con discapacidad, en el marco de la estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020. Hemos aprobado la resolución del Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 2012 para promover el emprendimiento social, las empresas sociales y la innovación social en el ámbito de la integración de la discapacidad. Y hemos adoptado el informe, al que antes me referí, sobre el acceso de los grupos vulnerables a asistencia social, que lleva el nombre de su ponente, Jean Lambert.
El Grupo Socialista está dando la batalla por sacar adelante esta resolución a partir del correspondiente informe y nos encontramos con una UE en la que, en primer lugar, el Grupo Socialista no es el grupo mayoritario ni el primero de la Cámara, lo es el Grupo Popular, flanqueado por una presencia muy numerosa de formaciones antieuropeas eurófobas y de extrema derecha y, en segundo lugar, por un Consejo Europeo, que es colegislador con el Parlamento Europeo, que ha arrumbado la agenda social para concentrarse en un enfoque represivo y punitivo de los países a los que se señala como culpables de sus males, o se les estigmatiza por incumplidores de la disciplina fiscal.
El énfasis exagerado en la gobernanza económica y financiera de la UE encubre un enfoque reductivo por el que el verdadero objetivo no es corregir la desregulación bancaria ni la irresponsabilidad de los especuladores de los fondos de inversión, que nos condujeron a este desastre en la explotación y luego explosión de la burbuja inmobiliaria, sino exclusivamente ensañarse con los presupuestos de los Estados miembro para reducirlos y para triturar en los presupuestos de los Estados miembro el gasto social. Ésta es una disciplina que se ha impuesto y se hace pasar por recomendaciones económicas por pura ideología, un enfoque puramente ideológico y sectario que pretende jibarizar, si es que no demoler, esta decisión.
También en ese programa electoral socialista figura la consolidación de un ‘Erasmus’ laboral y la priorización del empleo en áreas como la atención a la dependencia y la autonomía personal, con incentivos a favor de los colectivos más vulnerables. ¿Qué hay de nuevo en esta propuesta?
Hemos estado trabajándola durante toda la legislatura y debo decir que tanto las propuestas destinadas a proporcionar recursos a la UE para poder financiar programas de contenido social, para empezar el Erasmus de estudiantes, que está amenazado por la reducción de los presupuestos europeos, siguiendo por ese Erasmus laboral con un énfasis especial en las personas con discapacidad, todas estas iniciativas llevan firma socialista. Y, desde luego, es socialista la idea de la garantía de empleo juvenil, que ha sido tibiamente renegada por el Consejo bajo la rúbrica ‘Garantía Juvenil’, con una cantidad raquítica para los próximos siete años: apenas 6.000 millones de euros, de los cuales 3.000 ya están en el Fondo Social Europeo, de modo que los otros 3.000, a distribuir nada menos que en siete años, provendrían de otras partidas a las que se recorta. Resulta raquítica esa cantidad en relación con los cientos de miles de millones de euros que la UE ha derramado en los rescates de los bancos. Pero ésta es la circunstancia en la que nos estamos moviendo y ésta es la batalla que tenemos que dar.
La prohibición de discriminación por razón de discapacidad es expresión de una sensibilidad de última generación
Opinión "excelente" sobre el CERMI
¿Existe un suficiente marco regulador en Europa que haga real la circulación de pacientes y garantizar la asistencia sanitaria en la UE, se esté en el país en el que se esté?
Es un hecho que muchos gobiernos conservadores están reaccionando contra esta libre circulación de ciudadanos, que se traduce en el acceso a través de la tarjeta sanitaria europea a la prestación de servicios sanitarios en toda Europa con el argumento de que muchos, en realidad, quieren aprovecharse de lo que llaman ‘turismo sanitario’. Todo esto forma parte de un enfoque ideológico cada vez más regresivo y más contrario a la universalización de los derechos sociales en la UE y a la portabilidad de esos derechos sociales, es decir, a la circulación de los ciudadanos europeos por todo el territorio de la Unión con sus derechos sociales a cuestas. Pero es una batalla que hay que dar y estamos dando.
De cuando en cuando conocemos quejas de viajeros con discapacidad que afirman haberse sentido discriminados cuando van a coger un avión en algún país de la UE. ¿Las últimas propuestas de la Comisión Europea bastarán para olvidar estas denegaciones?
Desde luego, ése es el objetivo. Y debo decir que en este terreno estamos mejorando, pero es muy frecuente. Yo vuelo con tanta habitualidad que he vivido todo tipo de situaciones, pero es muy frecuente que en los vuelos en los que me muevo haya personas con discapacidad que son transportadas con dispositivos especiales, con sillas de ruedas, con apoyo técnico. En el último vuelo, un vuelo de bajo coste, que me llevó de Barcelona a Gran Canaria, después de una jornada en Barcelona sobre los deudores hipotecarios, cedí mi asiento a una persona que viajaba con un precioso perro labrador porque era invidente. Esas situaciones no son muy frecuentes en los aviones, pero estoy seguro de que cuando se padece una discapacidad, se percibe en carne propia la dificultad, las barreras de acceso y las desventajas en relación con las personas que tienen su autonomía o su movilidad plenamente asegurada. Por tanto, es indudable que nunca hacemos lo bastante.
Por último, ¿qué opinión tiene de la labor que realiza el CERMI?
Excelente. Formé parte durante mis tres años como ministro de Justicia, entre 2004 y 2007, del Real Patronato de Discapacidad, que presidía Su Majestad la Reina Sofía y conduje un buen número de acciones de colaboración específica con el CERMI para promover la integración de puestos de trabajo en toda la Administración de Justicia, con plazas especiales para personas con discapacidad dentro de los cuerpos de funcionarios de justicia, incluidos los de las escalas inferiores de la administración a los cuerpos centrales, normalmente llamados superiores. Introduje el lenguaje de signos en la Administración de Justicia a través de un real decreto para garantizar la interpretación en lenguaje de signos a las personas con discapacidad en su participación en todo tipo de procedimientos judiciales, ya sea como encausados o como testigos o como actores. Y, además, introduje la cláusula de eliminación de barreras de acceso en todo lo que fue la política de infraestructuras del ministerio. Convendría averiguar en qué estado se encuentran todos esos avances seis años después de que yo haya dejado de ser ministro de Justicia.
