Las cosas han cambiado mucho en 30 años, ahora ni se nos ocurriría incluir la palabra “minusválido” en ninguna parte de su articulado, pero se trata de una ley que significó el primer paso para poner en relieve las innumerables capacidades que hay en nuestro colectivo cuando contamos con los apoyos necesarios.

 

La convicción del diputado por Barcelona, Ramón Trias Fargas, y de las propias personas con discapacidad de que había que impulsar una ley que diera visibilidad a este colectivo y actuara en su beneficio, hizo que se creara una comisión especial para elaborar una proposición de ley que terminó siendo la norma base de la legislación sobre discapacidad y que acabó con las contradicciones e incoherencias existentes hasta la fecha en el ordenamiento jurídico español.

 

El establecimiento de medidas de integración y el reconocimiento del concepto de dignidad como elemento fundamental para la igualdad de las personas con discapacidad fueron dos hitos históricos para este colectivo en España, que se consiguieron con esta norma pionera.

 

La LISMI sentó las bases para la adopción de políticas públicas de discapacidad, añadió nuevas prestaciones sociales y económicas a los planes de ayudas existentes antes de la ley, y también sirvió de guía para el posterior desarrollo del sistema legislativo en el ámbito de la discapacidad, con una amplitud y riqueza que lo hacen de los más avanzados a nivel mundial.

 

Ahora las necesidades han cambiado de forma pareja a la evolución de la sociedad y se hace necesario renovarla para adaptar la legislación a las circunstancias actuales, aunque siempre conservando su esencia puesto que sigue viva a pesar del tiempo que ha pasado.

 

El principal cambio que requiere la legislación española es asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones recogidas en ella. Después de tres décadas, queda demostrado que la Ley se conoce pero no siempre se cumple, por lo que a la concienciación ciudadana hay que añadir nuevos instrumentos para que su aplicación sea óptima.

 

Para conseguir este objetivo, una medida esencial sería aumentar las inspecciones de trabajo y aplicar sanciones para que las empresas cumplan los cupos de reserva y que se fomente en las licitaciones públicas, a aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad y a los centros especiales de empleo. 

 

Además, la experiencia nos ha traído nuevas herramientas y formas de atajar el elevado paro registrado por las personas con discapacidad, que duplica al del resto de la sociedad, así como la baja tasa de actividad de este colectivo. Me refiero a las políticas activas de empleo como pilar básico para hacer frente a estas desigualdades, recurriendo al establecimiento de un sistema de intermediación laboral, el empleo con apoyo, los enclaves laborales o la regulación de medidas de acción positiva para la reserva de puestos, subvenciones por la contratación, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social...

 

También habría que especializar la oferta formativa, desarrollando programas de formación profesional ocupacional y continua, potenciar el trabajo de las entidades de intermediación o fomentar el autoempleo dentro del colectivo de personas con discapacidad, la economía social y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

 

La nueva norma deberá dar un impulso a la regulación de las Agencias de Colocación que colaboran con los Servicios Públicos de Empleo, acelerando su implantación en todas las Comunidades Autónomas para que su especialización en colectivos con menos posibilidades de inserción, como mujeres con discapacidad, personas gravemente afectadas o residentes en el medio rural, sea una línea de acción con resultados palpables en quien más lo necesita.

 

Todo sin olvidar que hay que retomar el fomento de la autonomía personal, dado que los escasos esfuerzos de la sanidad actual son insuficientes. La LISMI defendía la calidad de vida y la lucha por la autonomía de las personas con discapacidad pero la realidad es que tres décadas después sigue sin tenerse en cuenta. No se actualiza el catálogo ortoprotésico con los materiales que han demostrado ser efectivos en la prevención del empeoramiento de discapacidad y enfermedades y sus secuelas; y la accesibilidad universal, que es la que garantiza el desenvolvimiento de las personas con discapacidad en nuestras ciudades, localidades, medios de transporte y viviendas, sigue siendo una lucha constante.

 

La clave del éxito de la LISMI fue el gran consenso alcanzado en torno a ella, como demostró el hecho de ser aprobada por unanimidad en el Congreso. La nueva norma que se apruebe para sustituirla deberá contar con la aprobación de los grupos parlamentarios y el movimiento asociativo para que podamos vivir un futuro de conquistas sociales y laborales.