Josefa Torres, secretaria general de Feacem y presidenta de la Comisión de Inclusión laboral del CERMI, anuncia una crisis social importantísima y, con ella, una importante crisis de empleo, de ahí que plantee con auténtica determinación desde el comienzo de esta mesa de debate, moderada por José Manuel González Huesa, director de cermi.es semanal y director general de Servimedia, la necesidad de “reforzar las ayudas a la contratación de personas con discapacidad y repensar todo el sistema”. Afirma que el CERMI ahora más que nunca considera absolutamente necesario impulsar un nuevo modelo y una nueva ley de empleo de personas con discapacidad.

 

Esta exigencia se plantea aún más firme tras el paso del Covid-19, que “ha acelerado los cambios económicos y estructurales en lo que ya era una tendencia a la revolución 4.0 y es imprescindible que nos adaptemos a esa nueva realidad económica que ya no es futuro, la tenemos encima”, asevera Torres.

 

Precisamente, durante la actual crisis, en pleno confinamiento, se han podido observar algunas situaciones de empleo que Alfonso Gutiérrez, presidente de AESE, explica en su intervención: “Según una encuesta entre nuestras entidades, de 1.690 personas, un 41% de los usuarios permanecía en ERTE, un 53% ha seguido trabajando y solo un 6% ha perdido el empleo, lo que supone un dato menos preocupante de lo que podría parecer; además, más de 100 personas se incorporaron al mercado laboral durante la crisis”. Con estos datos, desde AESE, “reivindicamos la necesidad de aportar estabilidad a los programas de empleo ordinario”. A su juicio, “estas cifras demuestran que el empleo con apoyo, mediante la figura del preparador laboral, convierte al trabajador en una pieza fundamental dentro de la empresa, como cualquier otro y son trabajos rentables, efectivos…”

 

Según Agustín Matía, gerente de Down España, “precisamente por la experiencia que ya tenemos de quince años de empleo con apoyo vemos con claridad lo que no está funcionando y quizás el mayor reto sería estructurar mejor las respuestas, las dinámicas del empleo con apoyo, que hasta ahora se ha visto como algo menor…” Asegura además que en los últimos 40 años nuestro éxito como país ha sido el modelo basado en el empleo protegido, mientras que el empleo con apoyo todavía no ha encontrado el espacio que le corresponde. 

 

“La inserción ordinaria, que es el estándar general en el resto de países del mundo, aquí todavía no se ha desarrollado en la misma línea, y esto pasa por fortalecer sobre todo los servicios del empleo con apoyo, estructurarlos, dar solidez y capacidad de respuesta”, continúa Matía. En definitiva, asegura que “no es un problema económico sino de diseño, de hacer una política por la inserción laboral ordinaria y esa política en España no está hecha con nitidez, con liderazgo, con fuerza, y es un reto actual que estamos en condiciones de afrontar; podríamos conseguir de aquí a diez años que el empleo con apoyo se fortaleciera y creciera, pero es un tema de opción política”. 

 

En general el empleo de las personas con discapacidad requiere de una revisión normativa, según expresan prácticamente todos los componentes de la mesa, de hecho, el CERMI lleva ya tiempo planteando esta demanda. A juicio de Raquel Prieto, gerente de Fiapas, “en el empleo con apoyo también se requiere esa revisión, porque fue un éxito conseguir sacar el real decreto de 2007 pero más de una década después no se ha traducido en convocatorias a nivel autonómico y el propio real decreto plantea una serie de dificultades”. E insiste en la idea, ya comentada en la mesa, de que el futuro se ha hecho presente, y también resulta necesario abordar la cuestión del teletrabajo, “que se hagan las adaptaciones precisas para que esta modalidad de trabajo que hemos tenido que adoptar y que ha venido para quedarse, no deje fuera de nuevo a las personas con discapacidad”.

 

Por su parte Silvia Sánchez, de CERMI Comunidad de Madrid, también insiste en la importancia de la brecha digital, “que puede poner en riesgo numerosos empleos, por lo que habrá que desarrollar muchas competencias y entrenarlas”. Además, entiende que desde la Administración “habría que modernizar las bases del empleo con apoyo y sería preciso una flexibilización que lo contemplase en toda su dimensión, ya que actualmente se basa mucho en la figura del preparador laboral cuando el empleo con apoyo tiene muchas más dimensiones”. Y pone como ejemplo la jornada laboral, asegurando que en muchas veces el primer paso del empleo con apoyo empieza por jornadas mucho más reducidas durante un periodo de tiempo hasta que se consolidan.

 

Asegura además que hay que trabajar de una manera muy colaboradora, muy cooperante entre todos y no verlo como un problema de las entidades sociales, ni de las personas con discapacidad, de las empresas o de las administraciones, y “si no vamos todos juntos, no vamos a dar con la fórmula y creo que las entidades nos vamos a encontrar con un ambiente más hostil para llevar a cabo nuestra labor, no por falta de voluntad, simplemente por el contexto en el que estamos; vamos a tener que ser más imaginativos y pedagógicos y mucho más proactivos que nunca y hay que seguir buscando nuevos nichos de empleo”.

 

Los datos de empleo en discapacidad son evidentemente preocupantes y así lo expresa también Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad, quien asegura que en el empleo con apoyo falta una cosa muy importante: “La conciencia social, las empresas todavía no se atreven a incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas y hay muchos clichés y sesgos”. Sin embargo, asume también la necesidad de trabajar en todos los frentes, y reconoce que “falta una facilidad administrativa y es cierto que el real decreto de 2007 es complejo en su aplicación y aunque existe una normativa base, falta una normativa que blinde el puesto de trabajo de las personas con discapacidad, que fomente la promoción y la protección”.

 

Respecto a las complicaciones que supone la aplicación del Real Decreto de 2007, Alfonso Gutiérrez añade un comentario muy ilustrativo: “Su aplicación ha sido escasísima por la complicación en su uso, casi había que ser adivino…” y detalla algunas cuestiones que entorpecen esta modalidad de empleo, como puede ser la duración del contrato, que está fijada en un año: “Lo que era una discriminación positiva en 2006 hoy se ha convertido en un lastre porque no hay contratos que se adapten a la realidad ni son flexibles”. Explica que con contratos, por ejemplo, de tres meses, las empresas podrían iniciar la contratación y arriesgarse para luego, si resulta satisfactorio, ampliar a una contratación de un año o más. Al ser de un año inicialmente, a menudo no se quiere correr ese riesgo.

 

Una vez más, la referencia temporal es necesaria cuando se habla de la pandemia, pues asegura el responsable de AESE que durante esta crisis “se ha demostrado el enorme trabajo que hace un servicio de empleo con apoyo no solo para la búsqueda de trabajo también para el mantenimiento y las relaciones externas que esa persona puede mantener”. E insiste en que es el momento de regularlo de forma más estable y equiparar las ayudas del empleo ordinario con las que recibe el CEE.

 

Josefa Torres insiste en la necesidad de revisar la política de ayudas a la contratación desde una visión más completa, “con una ley de empleo integral y holística que esté vinculada a la formación, a los servicios sociales, a todo el sistema de protección de las personas con discapacidad”. Y es que, asevera, “las tasas de actividad y de empleo son inasumibles y no podemos seguir teniendo tan poca evolución, apenas crecen, incluso decrece algún año”.

 

También son una mayoría en la mesa los que opinan que la dicotomía entre el empleo protegido y el ordinario está superada, incluso es errónea, puesto que, como expresa Agustín Matía, “los espacios son compartibles”. Y añade otro dato interesante: “La experiencia que tenemos es que no son las ayudas o subvenciones lo que realmente moviliza a las empresas, lo que buscan es fiabilidad, confianza al incorporar a una persona que tiene detrás un soporte de apoyo, un servicio de empleo, preparadores…”. Asegura, incluso, que este colchón de apoyo que tienen las personas con discapacidad en la modalidad del empleo con apoyo, no lo tienen el resto de trabajadores de la empresa y eso facilita más el trabajo. 

 

Raquel Prieto corrobora la afirmación de Matía, asegurando que “tenemos superada la dicotomía de empleo protegido/ordinario, las fórmulas deben ser complementarias y tenemos que hacer una apuesta clara por el empleo de las personas con discapacidad y sobre todo que sea su elección y que no solo accedan a un empleo, sino que ese empleo les proporcione autonomía, independencia y mejora de su calidad de vida”. Algo en lo que también insiste Silvia Sánchez, afirmando que de lo que se trata es que haya oportunidades de empleo y que la persona pueda elegir, y respalda la intervención de la responsable de empleo del CERMI haciendo también referencia a la “visión integral y holística en la revisión de todos los temas de empleo”. Y resume en tres palabras las principales condiciones que debe reunir esa normativa sobre empleo: “Accesibilidad, tecnología y formación”.