Esta es una de las principales conclusiones que la ONU ha publicado tras haber mantenido un encuentro el pasado 27 y 28 de agosto en Ginebra con representantes de la UE para examinar las políticas de apoyo a las personas con discapacidad que se están implementando desde las instituciones comunitarias. La reunión de trabajo contó con la participación del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF por sus siglas en inglés), compuesta por Autismo Europa, Inclusion Europe, la Red Europea de (ex-) Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría, Mental Health Europe, la Red Europea de Vida Independiente, CBM / IDDC, la Federación Europea de Personas Sordas, la Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia y la Organización de la Unión Europea de Personas Sordas.

 

Por su parte,  la delegación de la Unión Europea estuvo formada por Michel Servoz, director general de la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión; varios miembros del grupo de trabajo sobre la Unión Europea en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (la Unidad de Discapacidad en el Departamento de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) y 20 representantes de los 28 Estados miembros de la UE, que participaron como observadores.

 

El EDF ha mostrado, al igual que el CERMI, su apoyo a las demandas de la ONU, que volverá a emitir un nuevo informe con los resultados de un nuevo examen a las políticas que se sigan adoptando dentro de cuatro años.

 

En esta línea, el presidente del EDF, Yannis Vardakastanis, ha asegurado que "este es un momento histórico para nosotros. Las personas con discapacidad en toda la UE  han sido duramente golpeadas por la austeridad y el claro aumento de la pobreza y la marginación”. Además, ha celebrado las recomendaciones de la ONU, y ha afirmado que la UE debe seguir siendo líder en aplicar políticas que favorezcan la igualdad de   los 80 millones de personas que viven con alguna discapacidad en los 28 países.

 

 

El informe publicado por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, recogido por el EDF,  resalta que la UE debe revisar las leyes existentes para cerciorarse de que están en consonancia con la Convención, y revisar las directrices de evaluación de impacto para incluir una lista más completa de temas para una mejor evaluación del cumplimiento de los nuevos instrumentos de la UE con el texto de la ONU.

 

Además, los expertos de la ONU reclaman que se establezca un diálogo estructurado  con las personas  con discapacidad y con las organizaciones que las representan, para poder conocer de primera mano sus necesidades y demandas. Asimismo, ve necesario también velar por la independencia y el cumplimiento de los Principios de París en el  marco de supervisión de la UE, al tiempo que solicita que se designen centros de supervisión en todas las instituciones y un organismo de coordinación de todos ellos, para que se supervise la correcta aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

El Comité pide también que se implementen más medidas para proteger a los menores  y para dar un  mayor apoyo a las mujeres, en este último caso mediante  la Estrategia de Género. Del mismo modo, la ONU aboga por favorecer la libre circulación de las personas con discapacidad por todo el territorio europeo; por impulsar una Ley Europea de Accesibilidad Universal de acuerdo con la Convención; que se garantice el derecho al voto de  todas las personas con discapacidad, y que se cree un fondo para paliar los efectos negativos que está teniendo la crisis económica en las personas con discapacidad, agravado por los recortes presupuestarios de los últimos años.

 

Por último, la ONU insta a las instituciones comunitarias a garantizar que se respeten los derechos de todas las personas con discapacidad, garantizando por ejemplo el acceso a la justicia e incluyendo una perspectiva de discapacidad en la lucha contra la explotación, el abuso y la violencia. En esta línea, reclama que no se puedan realizar detenciones involuntarias, y que se impulsen las políticas de cooperación.