El Proyecto de Ley de Voluntariado ha quedado aprobado tras el rechazo de 81 de las 82 enmiendas propuestas, y la transacción de la enmienda nº 79 del grupo parlamentario CIU -con 19 votos a favor y 7 en contra- que modifica la disposición adicional tercera de la Ley ampliando a tres meses el permiso del personal del Sistema Nacional de Salud para su participación en emergencias humanitarias, con una prórroga de hasta un máximo de seis.

 

La portavoz del grupo popular en la comisión, Fernanda Mendiola, ha definido la ley aprobada como una norma “elaborada desde la participación”, teniendo en cuenta la opinión de todos los actores públicos y privados involucrados, además de la de “las entidades sociales y de las personas voluntarias, actores principales de este proyecto de Ley”. 

 

Según Mendiola, la Ley de Voluntariado “da respuesta al compromiso de todos” y permite seguir avanzando en el ejercicio de la “solidaridad ciudadana” en una “sociedad moderna y colaborativa como la española”. Según sus palabras, se trata de un texto que busca “mejorar la eficacia” del sector del voluntariado, y que responde a la evolución y al “nuevo perfil y formas de actuación del voluntariado en España”, tras 19 años desde la aprobación de la primera ley marco del sector.

 

Durante la sesión celebrada, los miembros del Senado han debatido, además de las 82 enmiendas y cinco propuestas de veto presentadas al anterior proyecto; cinco propuestas de veto y 61 enmiendas elaboradas por los grupos parlamentarios ante el Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social.

 

En cuanto a esta última, además de las propuestas de veto, han sido rechazadas la totalidad de las enmiendas exceptuando la enmienda nº 61, presentada por el grupo parlamentario popular y que incluye en el Proyecto de Ley de Tercer Sector de Acción de la Disposición Adicional Transitoria que reconoce la percepción “durante el ejercicio 2015 y mientras se establece el procedimiento general” de subvenciones directas a un total de 37 entidades que define como “colaboradoras con la Administración General del Estado, en virtud del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio”. La enmienda ha quedado aprobada por un total de 23 votos a favor, un voto en contra y dos abstenciones.

 

 

La portavoz del grupo popular ha destacado durante su intervención la figura del Tercer Sector como una “red fundamental de apoyo y acompañamiento que en la actual crisis ha colaborado con el Gobierno para atender las demandas de la ciudadanía más castigada”.  

 

Según Mendiola, “está comprobado que las existentes estructuras del Tercer Sector de Acción Social son las únicas que, a nivel estatal, disponen de la capacidad y solvencia necesarias para canalizar las ayudas con eficacia e inmediatez”. El presente Proyecto de Ley representa así, en palabras de la portavoz popular, “un marco, un contenido y un compromiso” con el Tercer Sector que, en los últimos años, ha afirmado, se ha convertido “en un actor destacado en la lucha contra las situaciones de mayor vulnerabilidad social”, y cuya labor “elogiable” que merece “el reconocimiento y apoyo de todos los poderes públicos”.