"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Soledad Becerril, Defensora del Pueblo
"Espero que los recortes en la Ley de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia sean temporales”
19/12/2012
Mario García
Fue una de las 24 diputadas en la primera Legislatura de la democracia, con un Congreso de 392 escaños; primera ministra desde la II República, cuando ocupó la cartera de Cultura en 1981, nombrada por Leopoldo Calvo-Sotelo; única mujer en sostener el bastón de mando de la Alcaldía de Sevilla (1995-99) y es la primera mujer en ocupar la Defensoría del Pueblo, después de jurar el cargo el pasado 23 de julio. Soledad Becerril es sinónimo de mujer pionera, ahora al frente de una de las mayores instituciones del Estado.
¿Cuáles son sus prioridades en materia de discapacidad durante su mandato?
Me gustaría lograr la plena aplicación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España a finales de 2007. Es importante continuar luchando por la eliminación de las barreras, no sólo arquitectónicas, también las sensoriales y las de comunicación. Es decir, tratar de facilitar la accesibilidad más amplia. Como ejemplo, queremos que se extienda la regulación de los perros guía de los ciegos a los perros de asistencia entrenados para acompañar a personas con otro tipo de discapacidad que no sea visual y que se les permita acceder a lugares y espacios públicos. Algunas comunidades ya lo han legislado.
El pasado 2 de diciembre, decenas de miles de personas lanzaron en Madrid un SOS por el retroceso que en los últimos años se está produciendo en materia de derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué le sugiere el hecho de que tuviera que producirse esta marcha histórica?
Los discapacitados son un colectivo muy perjudicado con la crisis, por las reducciones en las ayudas, por la dificultad para la aplicación de la Ley de Dependencia... Es de esperar que los recortes efectuados sean temporales porque la dependencia es el cuarto pilar de la sociedad del bienestar y ahora los efectos de la crisis están frenando el avance.
Usted es la primera mujer que dirige la institución de Defensor del Pueblo en España, la primera ministra desde la II República y la única en ostentar la responsabilidad de la Alcaldía de Sevilla. ¿Considera que las mujeres y niñas con discapacidad sufren una doble discriminación en España?
Sí, y nos preocupa mucho. Sabemos que la mujer ha estado siempre discriminada y la mujer discapacitada era invisible, recluida en su entorno familiar. Ahora cada vez se hacen más presentes en la sociedad, se van reduciendo las dificultades para su incorporación a la vida académica y laboral y aumentando su visibilidad. Pero aún falta mucho.
¿La causa de la discapacidad merece ser tratada al mismo nivel que otras, como la de la igualdad de género?
Es necesario corregir la desigualdad. Para incrementar el acceso al mundo laboral hay que establecer medidas de apoyo a favor de los discapacitados.
Se han enviado recomendaciones al Ministerio de Sanidad. Al Parlamento le enviamos nuestro Informe anual, que también recoge los problemas planteados por las personas dependientes y nuestras recomendaciones.
¿Ha estudiado recurrir ante el Tribunal Constitucional las últimas modificaciones de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, recogidas en el real decreto aprobado el pasado mes de julio por el Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria, que incluye “una reducción del 15 por 100 de la prestación por cuidador familiar?
Se estudiaron detenidamente los argumentos planteados por los solicitantes -entidades y particulares- y se dictó una resolución, con una serie de recomendaciones que aún no han tenido respuesta. No se presentó recurso porque es necesario considerar la libertad del legislador para modular la acción protectora del sistema, principio consagrado por el Tribunal Constitucional.
Ese mismo real decreto elimina la excepción de que las personas con discapacidad pueden cobrar la Renta Activa de Inserción (RAI) sin necesidad de acreditar que han agotado las prestaciones por desempleo. ¿Su institución instará al Gobierno a que retome esa medida de acción positiva?
Ya lo hicimos. Recomendamos a la Secretaría General de Empleo eximir del requisito a determinados grupos de personas discapacitadas con dificultades severas de acceso al mercado de trabajo por razón de edad, género o tipo e intensidad de la discapacidad. Nos han respondido que no procede aplicar la supresión solicitada por existir un sistema de protección adaptado a las necesidades de este colectivo.
¿Ha sido satisfecha su reclamación de que la Universidad Complutense (UCM), de Madrid, haga públicas las adaptaciones para estudiantes con discapacidad?
En este caso la respuesta ha sido positiva. Recientemente nos han comunicado la publicación en la web institucional de la UCM de toda la información sobre trámites y plazos para solicitar adaptaciones curriculares, así como los criterios utilizados y que, además, se entregará toda la información a los estudiantes y profesores afectados, comprometiéndose igualmente a que los criterios seguidos se aprueben por los órganos correspondientes de la Universidad.
Sí, continúan llegando. En estos momentos de crisis no es fácil hacer inversiones para efectuar cambios, en algunos casos muy costosos o que presentan dificultades añadidas por tratarse de edificios históricos. Pero continuamos estudiando cada caso y buscando soluciones.
En ese mismo informe se refleja que en 2011 se tramitaron 24.381 quejas y que hubo un récord de 506 investigaciones de oficio. ¿Cuáles son las principales investigaciones de oficio que ha puesto en marcha su institución en materia de discapacidad y qué resultados ha obtenido?
Las investigaciones de oficio no son siempre de carácter general, a veces se refieren a situaciones concretas que llegan a conocimiento de la Institución. Se han tramitado y resuelto sobre diversos temas: retraso de ambulancias, problemas de los cuidadores no profesionales, fallecimiento en un geriátrico o de un niño en un hospital, situaciones de indigencia, desamparo –como el caso de un discapacitado de 18 años procedente de un centro de menores- o atrasos en el pago a centros de discapacitados, que producen gravísimos problemas y pueden abocarles al cierre.
Su antecesora en funciones, María Luisa Cava de Llano, dedicó una “especial atención” a los presos con discapacidad (el año pasado había más de 3.400 en las cárceles españolas). ¿Piensa continuar en esta línea?
Sí, naturalmente. Todos los colectivos de riesgo, al igual que cada persona en esa situación, es merecedora de especial atención y procuramos prestársela.
¿La crisis ha hecho aumentar el número de reclamaciones de las personas con discapacidad ante el Defensor del Pueblo?
Sí, fundamentalmente relacionadas con derechos reconocidos por la Ley de Dependencia, que, por las dificultades económicas por las que pasa el país, sufren retrasos, recortes o dificultades para su aplicación. Como le dije antes, esperemos que sea sólo temporalmente.
