De esta forma, las tres entidades, que forman la Alianza por la Educación Inclusiva y contra la Discriminación Escolar, han organizado una jornada parlamentaria virtual con diputados y senadores bajo el título "Hacia una escuela inclusiva: acabar con la discriminación escolar es posible", en la que se mostraron ejemplos exitosos sobre cómo revertir la discriminación escolar, un problema que hoy provoca que muchos niños y niñas no tengan igualdad de oportunidades por razón de etnia, procedencia, situación socioeconómica o discapacidad en España.

 

Este encuentro en línea ha tenido lugar tras la reciente publicación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO 2020, este año dedicado a la inclusión escolar, y aprovechando el debate de tramitación parlamentaria de la reforma de la nueva ley de educación,

 

Durante la jornada, la Alianza trasladó a los grupos políticos las tres medidas clave para revertir esta situación: una reforma de la LOE-LOMCE que reconozca el derecho a la educación inclusiva y recoja medidas concretas de admisión, control y recursos contra la discriminación escolar; un plan estatal de inclusión educativa y contra la discriminación escolar con calendario, objetivos, indicadores y presupuesto acordados con las Comunidades Autónomas para eliminar la discriminación antes de 2030; y una nueva Ley integral de igualdad de trato y lucha contra la discriminación que reconozca, prohíba y sancione la discriminación

 

En la jornada parlamentaria, que contó con la presencia de Manos Antoninis, director del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO, y de Koumbou Boly Barry, relatora especial de la ONU para el Derecho a la Educación, se expusieron casos de éxito de España, Portugal, Bélgica y Europa del Este, a través de los cuales se demostró que la discriminación escolar genera una grave desigualdad educativa y que la inclusión educativa es técnicamente posible cuando se tiene claro el objetivo político y se toman las medidas adecuadas.

 

El director del Informe GEM de la UNESCO, el griego Antoninis, destacó la inclusión educativa como un proceso de mejora que requiere la voluntad política de avanzar, cooperando entre todos los actores y gobiernos, e instó a España a hacerlo. Enfatizó que "el principal obstáculo para la educación inclusiva es la falta de creencia en que es posible y deseable".

 

Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional y ex Consejero de Educación de Castilla y León, bajo cuyo mandato en 2018 se aprobó el Programa 2030, pionero en la puesta en marcha de medidas para combatir la discriminación escolar de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa, defendió la necesidad de introducir medidas correctoras en el sistema para frenar la discriminación del alumnado gitano, "Porque es una realidad incómoda, invisible social y políticamente, tolerada, pero intolerable por inconstitucional".

 

El director del Colegio Cardenal Spínola de Madrid hizo un relato sobre cómo su centro se ha ido adaptando para acoger a todo tipo de alumnado. "Nosotros decimos que no existen alumnos con necesidades educativas especiales, sino que hay colegios con barreras. Tiene que ser el centro el que se adapte al alumno y no al revés", agregó. Además, desgranó los detalles que su centro ha realizado en favor de la inclusión y defendió que "la inclusión no es un derecho solo del alumnado con necesidades educativas especiales, sino de todos los niños y niñas, ya que no podemos privar a ninguno de vivir y conocer la diversidad".

 

La gerente del Consorci d'Educació de Barcelona, Mercè Massa, mostró cómo a través de la detección temprana del alumnado socialmente desfavorecido con Servicios Sociales y de medidas correctoras de admisión, como reservas de plazas por centro y repartos equilibrados de la matrícula viva, se ha reducido la discriminación escolar en los colegios de la ciudad y que su composición social se asemeje a la de los barrios donde están.

 

Acto seguido se celebró otra mesa de buenas prácticas en el ámbito europeo, en la que intervino Marko Pecak, representante de la asociación Roma Education Fund de Hungría, denunció el "sesgo" que sigue existiendo en el sistema contra la población gitana porque se piensa directamente que "vienen de la pobreza y no es posible desarrollarse como los demás alumnos", lo que hace que sigan existiendo "colegios gueto". Asimismo, reprobó que en los últimos años se haya incrementado la discriminación, por lo que apeló a "cambiar las actitudes de la sociedad mayoritaria" y a fortalecer la legislación de los diferentes países para garantizar la inclusión.

 

También en el capítulo de buenas prácticas intervino la secretaria de Estado de Inclusión de las Personas con Discapacidad del Gobierno Portugal, Ana Sofía Antunes, quien compartió los grandes avances que el país luso ha realizado en materia de inclusión en la última década, con acciones destinadas a todo el alumnado y otras específicamente dirigido al que tiene necesidades especiales, como adaptaciones curriculares, apoyo tutorial con un segundo profesor en clase, etc. En cuanto al alumnado con grandes discapacidades que precisa de apoyos más intensos, se trabaja con equipos multidisciplinares. "En Portugal, el 97% del alumnado con discapacidad está escolarizado en centros ordinarios", señaló Antunes, quien proclamó que "nuestra intención es más y mejor inclusión".

 

Por último, Jean Pierre Verhaeghe, asesor de la Comisaria de Derechos de la Infancia de Flandes y presidente de la Comisión de Escolarización de Gante (Bélgica), quien expuso las claves de la exitosa legislación flamenca de escolarización, que la OCDE viene poniendo como referente y que fija mínimos y máximos de alumnado de nivel socioeconómico alto y bajo por colegio. Se trata de que "los centros sean representativos de toda la sociedad" respetando la posibilidad de elegir de las familias.

 

La clausura corrió a cargo de la relatora especial de la ONU para el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, quien llamó a pensar "qué sociedad queremos construir" y advirtió de que "no se está usando un enfoque basado en los derechos humanos", por lo que hace falta "un cambio de mentalidad, con medidas específicas para necesidades específicas". En su opinión, se deben centralizar las decisiones y el conocimiento, para conocer qué puntos de las recomendaciones cumplen los diferentes Estados: "El derecho a la educación está enlazado con el derecho a la comida, al agua, a una vida decente… Hay una interconexión entre los derechos, por lo que hay que dar la voz a las familias, profesorado y alumnado para que digan lo que necesitan". "En España están preocupados por la educación inclusiva y quiero que sepan que estoy a su lado, porque este trabajo es básico para la sociedad y es muy hermoso", sentenció la relatora de Naciones Unidas.

 

Fuente: Servimedia