Parece indiscutible que la inclusión y participación activa en la sociedad es fundamental para cualquier ciudadano. También parece claro que esta participación implica esferas muy diferentes de la vida social y comunitaria, desde el acceso y utilización de entornos y servicios, hasta el disfrute y aprovechamiento de la educación, el empleo, la cultura  o la vida independiente. 

 

Teniendo esta premisa en cuenta, y antes de seguir leyendo, puede ser oportuno que cada lector dedique treinta segundos a plantearse si más allá de compartir ideológicamente el enunciado anterior, está realmente convencido de que es justo, realista, y de aplicación para todas (y digo TODAS) las personas con discapacidad. 

 

Antes de contestar con un “faltaría más, ¡vaya pregunta!...” el concienciado lector debe plantearse también si puede existir alguna excepción, alguna actividad o entorno en el que determinadas personas con ciertas características o necesidades derivadas de su discapacidad no puedan participar...

 

Pongamos un ejemplo: ¿podría una persona con autismo, con discapacidad intelectual asociada y severas dificultades para la autorregulación, participar de la visita a un museo o disfrutar de un concierto de música en un auditorio? ¿Es irreal pensar en la inclusión efectiva (con el máximo alcance de esta palabra) de las personas que presentan mayores necesidades de apoyo  en este tipo de actividades, en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos?

 

Desafortunadamente, en la actualidad esta premisa democrática e ideológicamente compartida por todos (o casi) los ciudadanos de a pie, está lejos de ser real y efectiva en la práctica. Disponemos de normativa, declaraciones, argumentos y documentos de posicionamiento, que defienden la igualdad de oportunidades y la no discriminación para todas las personas con discapacidad, pero en la vida cotidiana se experimentan situaciones diarias de discriminación y exclusión social, que están lejos de desaparecer.  

 

Uno de los colectivos que presenta más dificultades en el acceso y disfrute de los entornos de la comunidad es el de las personas que presentan “discapacidades cognitivas”. 

 

La discapacidad cognitiva es un concepto extremadamente amplio y no del todo definido. Hace referencia a las personas que, independientemente de su diagnóstico clínico, tienen dificultades para el desenvolvimiento en la vida cotidiana, derivadas de la forma en que se han desarrollado y funcionan sus procesos cognitivos  (percepción, memoria, atención, lenguaje, etc.) Éstos influyen en su adaptación y repercuten significativamente en las diferentes dimensiones de su calidad de vida.  

 

Aunque el diagnóstico clínico sólo informa de manera general sobre los procesos que comúnmente se relacionan con las diferentes discapacidades (siendo fundamental conocer las necesidades individuales), este tipo de dificultades afectan principalmente a las personas que presentan discapacidades del desarrollo (trastorno del espectro del autismo, discapacidad intelectual, etc.) o algunas discapacidades sobrevenidas, como el daño cerebral adquirido. 

 

Actualmente, existe un gran desconocimiento sobre las necesidades que se derivan de estas “discapacidades cognitivas”, y errores conceptuales graves que dificultan el diseño y aplicación de soluciones que promuevan el acceso y participación en la sociedad de las personas que las presentan.

 

Estas dificultades no son el producto exclusivo de las características de la persona. Se producen en interacción con el contexto en el que ésta se desenvuelve. Esta dependencia del entorno debe ampliar necesariamente el “foco de atención”, dejando de atribuir las dificultades a las alteraciones específicas que puedan asociarse a la discapacidad (“como tiene autismo, Andrés no se comunica con sus compañeros”), y plantear las sinergias y complejas relaciones que se producen en interacción con su contexto (“Andrés tiene dificultades para pedir lo que necesita, debido a que tiene autismo y también a que las personas de su entorno no conocen cómo comunica sus necesidades”). 

 

Parece evidente que, a pesar de los avances conseguidos, actualmente la sociedad no cuenta con las condiciones necesarias para dar solución a las barreras (cognitivas) que algunas personas con discapacidad encuentran en sus vidas cotidianas.  

Las repercusiones para su calidad de vida y para el disfrute de sus derechos son evidentes. Esto hace que, volviendo a la premisa indiscutible comentada al principio del artículo, sea imprescindible pasar de una vez “del dicho al hecho” y establecer las medidas necesarias que favorezcan el disfrute efectivo de estos derechos. 

 

Estas medidas deben visibilizar las dificultades asociadas con el acceso cognitivo a los entornos, y promover soluciones que faciliten la supresión de las barreras (cognitivas) que se encuentran en los mismos. 

 

Es necesario ampliar la visión parcial de la sociedad sobre de las condiciones que limitan o dificultan la participación comunitaria, identificándolas principalmente con elementos o barreras físicas del contexto. Las barreras cognitivas existen, a veces son sutiles y difíciles de comprender para aquellos que no las sufren, pero sus repercusiones son tan significativas como las físicas y limitan los derechos de muchas personas con discapacidad.