"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Adela Carrió, secretaria confederal de UGT
“La negociación colectiva es nuestro caballo de batalla para promover la inclusión en el trabajo”
20/07/2018
Rafael Olea
La secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, denuncia que las personas con discapacidad sufren una doble discriminación por su condición y porque las empresas no cuentan con ellas. Para lograr su inclusión propone una ley de ‘Igualdad de oportunidades y no discriminación’ que aparte de la contratación pública a las empresas que excluyan. Además, afirma que “la negociación colectiva” debe volver a primar sobre los convenios de empresas “porque es nuestro instrumento principal para promover la inclusión en el trabajo”.
Notablemente. La crisis no puede ser una excusa para dinamitar todos esos logros que se han conseguido de cara a la igualdad y la inclusión social de todas las personas que sufren discriminación, como es, en este caso, las personas con discapacidad, que están discriminadas doblemente, por su condición y porque las empresas no cuentan con ellas.
Nosotros reivindicamos una ley de ‘Igualdad de oportunidades y no discriminación’ para todas aquellas personas que, con independencia de cualquier circunstancia individual o social, logren inclusión e igualdad en todos los ámbitos públicos y privados.
¿Qué podemos hacer para acabar con esa discriminación y que las empresas contraten a personas con discapacidad?
Una de las cosas que debería contemplar esta ley que siempre reivindicamos es excluir de la contratación o de los concursos de las administraciones públicas a todas aquellas empresas y entidades que tengan conductas contra los trabajadores y sus derechos. También, a las que inciten a la discriminación o el acoso. Es muy importante que, como también reclama el CERMI, estas empresas no concurran a concursar a estos concursos públicos.
¿Qué más aspectos debería tener la ley de ‘Igualdad de oportunidades y no discriminación’?
Por ejemplo, garantizar políticas de protección social que tengan en consideración las circunstancias de las personas que puedan tener dificultades en la inclusión y promoción laboral y, sobre todo, asegurar una verdadera inclusión en todos los ámbitos de la vida.
En octubre de 2017 firmamos un convenio con el CERMI y la Fundación ONCE en el que una de las reivindicaciones, que ya estamos trabajando, fue que haya un nuevo marco y una estrategia que regule la discriminación de las personas con discapacidad y su entrada al mercado laboral. Son medidas para garantizar el cumplimiento de la ley, porque obliga a que haya un 2% de inclusión en empresas de más de 50 trabajadores, pero realmente esto no ocurre.
¿Cómo quieren garantizar la inclusión laboral?
Con la negociación colectiva, que es nuestro instrumento principal. Nos permite y consigue promover la inclusión en el trabajo, en el empleo ordinario, en el desarrollo profesional y social de las personas con discapacidad.
También con los planes de igualdad, que por ley incluyen hombre y mujer. Consideramos que tienen que ser más abiertos, como han hecho algunas empresas que han abierto –el concepto– de la igualdad. Por ejemplo, una de las medidas para favorecer la inclusión sería poder incluir en los planes de igualdad a las personas con discapacidad.
Otro aspecto importante es la discapacidad sobrevenida. Tiene varias vertientes para nosotros. Mucha gente la asocia con enfermedad laboral, pero puede ser también causada por enfermedad común. Cualquier persona, en cualquier momento y a cualquier edad, puede tener discapacidad sobrevenida. Intentamos que las personas no vean el fin del mercado laboral si sobreviene una discapacidad, que no sean excluidas como normalmente ocurre. Se les tiene que intentar readaptar a sus nuevas capacidades con la formación necesaria y poder seguir manteniendo sus puestos de trabajo. Tenemos una gran lucha para que sean readmitidas en las empresas.
¿Tan importante es que la negociación colectiva prime sobre los convenios de empresa?
Sí. Es muy importante que el convenio sectorial prime sobre el convenio de empresa. Es nuestro gran caballo de batalla para promover la inclusión en el trabajo. Es importantísimo porque marca cómo van a trabajar las empresas. Si prevalece el sectorial por encima del convenio de empresa, sí tenemos mucho margen para trabajar. Es lo que estamos intentando. Parece ser que se va a revertir con el nuevo Gobierno de España. Sería un gran logro.
¿Y los planes de accesibilidad de las empresas?
Es otro aspecto prioritario para las personas con discapacidad. Si no hay un buen plan de accesibilidad en las empresas, es muy complicado que estas personas puedan incorporarse al trabajo ordinario, sobre todo quienes trabajan en polígonos industriales, en los cuales muchas veces la accesibilidad es bastante complicada. Estamos trabajando y velando para que se consigan entornos laborales más inclusivos.
La Convención de Derechos Humanos recoge que las personas con discapacidad tienen derecho a su plena inclusión. Son personas con un problema, pero nada más. Se les ha de conseguir la inclusión total dentro del mundo.
¿Mantienen la propuesta de una ILP de ‘Ingresos mínimos’?
Consideramos que para todas aquellas personas con discapacidad sería muy importante. Es garantizar un mínimo de derecho social para esta población más vulnerable. Los partidos nos apoyaron, menos el PP y Ciudadanos. Esperemos que el nuevo Gobierno y el Congreso lo retomen. Desde entonces estamos en este impás. Esta ILP no es la solución, para nosotros la solución es que todas las personas con discapacidad puedan trabajar. En dato del año 2017 hay 1,5 millones de personas con discapacidad en edad laboral de las cuales ni tan siquiera 250.000 están trabajando, mayoritariamente con contratos temporales y muy poquitos incluidos en empresas ordinarias.
Es necesario velar y transformar la negociación colectiva y el diálogo social para garantizar que las personas puedan entrar a trabajar en una empresa ordinaria.
