"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Conversatorio
'La agenda de las mujeres con discapacidad en el Semestre de Presidencia española. Un nuevo impulso a la democracia europea'
Lagunas de una directiva paralela al Convenio de Estambul
28/09/2022
Blanca Abella/J.M. González Huesa
La propuesta de directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en la Unión Europea, que presenta en este conversatorio Lesia Radelicki, del Gabinete de la Comisaria de Igualdad, Helena Dalli, pretende cubrir el vacío que permanece en esta materia mientras no se ratifique el Convenio de Estambul. A pesar del evidente avance en derechos, desde el movimiento CERMI y el EDF se reclaman algunas mejoras en esa propuesta, siendo la más urgente, la necesidad de incluir la esterilización forzada como una forma de violencia. Además, se insiste en la importancia de ratificar el Convenio de Estambul y en la recogida de datos estadísticos para conocer la prevalencia de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad en la UE.
Como idea de partida, quiere dejar claro que “la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica es importante para la presidenta de la Comisión, ha sido una prioridad desde el momento en que inició su mandato y dijo que haría todo lo posible para combatirla”. Además, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia, con un aumento de esta violencia, decidieron que no había que esperar para presentar una directiva: “Queríamos reunir todo en una sola pieza legislativa, asegurándonos de que todas las mujeres de Europa tienen los mismos derechos, la misma protección”.
Explica Radelicki que “el Convenio de Estambul sigue siendo el objetivo y la base de nuestro trabajo, pero también queríamos tener en cuenta el contexto actual, pues hoy en día trabajamos, nos educamos, compramos y nos entretenemos ‘on line’; nuestra vida se desarrolla en gran medida ‘on line’, por lo que queríamos tener en cuenta esta dimensión y reflejarla en la directiva, y esto es ciertamente una novedad en comparación con el Convenio de Estambul”. Otras novedades que quiere destacar, respecto al Convenio de Estambul, es que se han introducido otros tipos de violencia aunque no han hecho referencia, sin embargo, a la política de inmigración o búsqueda de asilo, algo que sí recoge el Convenio de Estambul.
Señala como base legal de la propuesta de directiva los artículos 82.2 y 83.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que se utilizaron para presentar la directiva e identificar varios tipos de violencia; el 83.1 establece la base jurídica de las normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones en relación con la explotación sexual de mujeres y niños y la delincuencia informática.
El resto de la directiva se basa en el Convenio de Estambul, asegura, “nos fijamos en la prevención, el apoyo, la recopilación de datos, un mejor acceso a la justicia...” Desde el Gabinete de la Comisaria Helena Dalli, su representante afirma que son conscientes de que uno de los grandes problemas es “que no se denuncia la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”, de ahí que en esta propuesta “queríamos asegurarnos de que es más fácil para las mujeres ir a denunciar, pero también ir a buscar ayuda, así como los diferentes tipos de ayuda”. En este punto afirma haber seguido el ejemplo de España con la ventanilla única: “Para cuando no tengan un lugar al que acudir para denunciar a los hombres, para obtener toda la información que necesitan en términos de ayuda, ya sea médica, ayuda psicológica, etc.”
En términos de apoyo, lo que también es importante para este gabinete es asegurarse de que “esto no es como cualquier víctima, tenemos que reconocer que la violencia sexual, la violación y el acoso laboral, que la mutilación genital femenina son tipos específicos de violencia que necesitan un apoyo específico y adecuado y acompañar a las víctimas de forma adecuada; por eso también hemos integrado estos elementos en la directiva”.
La propuesta pretende también reforzar la importancia de los centros de acogida y de hacer accesibles los refugios y, en términos de formación, asegurarse de que las personas que trabajan con las víctimas estén debidamente formadas para dar el apoyo adecuado y contar con programas para los agresores. Como último elemento a destacar, señala la importancia de la recopilación de datos, “ya que todos sabemos que si no tenemos los datos y no tenemos las especificidades no sabremos cómo abordar adecuadamente el problema”.
Lagunas de la directiva
Sin embargo, señala que la propuesta “carece de la ambición requerida pues tipifica como delito algunas formas claves de violencia contra la mujer, incluso en el ámbito de la ciberviolencia de género, pero no incluye aun considerar la violencia de género como un ‘eurocrimen’”. Además, el derecho al aborto o la esterilización forzosa a mujeres con discapacidad no están recogidos, y es un “tema clave que debe abordar la presidencia Española”.
Continúa enumerando ciertas lagunas, como son: “La propuesta no proporciona una definición común de violencia de género, y solo se proporcionan definiciones específicas para ciertas formas de violencia de género y ciberviolencia; se pide asistencia jurídica gratuita, esto es muy importante, y apoyo psicológico para las víctimas de violencia de género y la propuesta solo otorga esto a las víctimas de violación o mutilación genital femenina; no obliga a los estados miembros a establecer creación de juzgados especializados para mujeres y niñas y niños víctimas de violencia de género y esto es fundamental”.
Mención aparte merece la prohibición de la esterilización forzosa, pues asegura Mónica Silvana que en este caso España puede ser un ejemplo y liderar esta lucha, ya que solo hay nueve países que la prohíben explícitamente en su legislación, como España. Finalmente, reclama también que se ratifique el Convenio de Estambul y que impulse una macroencuesta europea sobre mujeres con discapacidad.
Echa en falta, al igual que Silvana, la consideración de la esterilización forzada como violencia contra la mujer con discapacidad, pero explica que algo similar ha ocurrido en España: “Las organizaciones de mujeres con discapacidad han hecho una gran labor de incidencia política para conseguir que la esterilización forzada fuera considerada una forma de violencia sexual, sin embargo no lo hemos conseguido en la aprobación de la Ley de garantía de la libertad sexual; parece que sí lo considerarán en otros cuerpos normativos”.
Enfatiza desde el EDF que “no queremos que la directiva europea de violencia pase por alto esta reivindicación, que es importantísima para las mujeres con discapacidad” y reclama también otro de los mandatos del Convenio de Estambul, como es la necesidad de datos. “Solamente señalar que en España el 20% de las mujeres que mueren asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas tenían una discapacidad acreditada; necesitamos una gran operación estadística en la Unión que permita conocer esta realidad, porque si no es así, no vamos a poder diseñar una política pública que sea adecuada y que no deje a ninguna mujer atrás”.
Dos procesos en paralelo
En una segunda intervención, en respuesta a Mónica Silvana e Isabel Caballero, la representante del Gabinete de la Comisaria Helena Dalli explica que “la propuesta de la directiva no era una forma de decir no al Convenio de Estambul; el problema era que el Convenio de Estambul ha estado bloqueado en el Consejo durante tanto tiempo que no queríamos correr el riesgo de esperar y no hacer nada porque, como he dicho, había una fuerte voluntad política de hacer algo”.
Decidieron entonces emprender los dos procesos en paralelo, “por un lado redactaremos la propuesta de la directiva y la presentaremos, y por otro lado trabajaremos en la ratificación del Convenio de Estambul”. Señala además que la ventaja de la directiva es que no necesita unanimidad, a diferencia del Convenio de Estambul. Además, “al tener nuestra propia directiva, podemos trabajar mejor con los Estados miembros, supervisar lo que hacen y hacer un seguimiento si no aplican la directiva una vez adoptada”.
Finalmente, en cuanto a la esterilización forzosa explica que “la base legal que utilizamos es el artículo 83, que es la explotación sexual de mujeres y niños, por lo que la esterilización forzada no se considera explotación sexual”. Asegura, sin embargo, que “actualmente estamos trabajando en una propuesta de recomendaciones sobre las prácticas nocivas y abordaremos la esterilización forzada en esa parte de las recomendaciones”.
Hace suyo el planteamiento de Isabel Caballero y explica que “el hecho de que la esterilización forzosa aparezca en el Código Penal español como un atentado contra la dignidad del cuerpo de las mujeres y niñas con discapacidad es un paso muy importante porque son años de trabajo y de lucha”. Y quiere que la Unión Europea siga trabajando con ese objetivo, que se consiga también erradicar esta práctica en el resto de los países.
Además, apunta que también en España “hemos conseguido que el pacto de Estado contra la violencia de genero hable de la violencia machista contra las mujeres y niñas con discapacidad con medidas específicas también para las mujeres y niñas con discapacidad”. Y de nuevo, como el resto de participantes, demanda la elaboración de una macro encuesta en la UE: “Necesitamos conocer esos datos reales de mujeres y niñas que sufren violencia machista, pero también violencia dentro de las familias o violencia institucional; este tipo de violencias nos afecta a las mujeres con discapacidad y necesitamos datos”.
Finaliza con una propuesta para 2023, y es la celebración de un Foro Social de la Unión Europea de mujeres y niñas con discapacidad, “para poder trabajar conjuntamente desde un punto de vista desde la sociedad civil”.
Explica, en relación a la propuesta de directiva presentada por Radelicki, que “la dimensión de las mujeres con discapacidad tiene que ser primordial en esta nueva directiva y la presidencia española debe servir para que la Unión Europea impulse los mandatos que ya están en los tratados internacionales de Derechos Humanos con este enfoque de género y que también tiene que estar alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”.
