Expulsado un niño con autismo de un campamento municipal de Torrejón de Ardoz

 

¿El campamento no era para vivir con diferentes? Un campamento expulsa el primer día a una niña de 11 años con "retraso madurativo"

 

El caso más llamativo, y que ha podido animar a otros semejantes a hacer pública su denuncia, es el de Inés, de 11 años y con un leve retraso madurativo, que fue expulsada el pasado viernes de un campamento en Aldeadurero (Salamanca) tras las quejas de padres de sus compañeras. Precisamente, Inés venía de participar esa misma semana, de lunes a jueves, en una escuela de inglés organizada por la Fundación A la Par, que trabaja con personas con discapacidad intelectual: “No tuvo ningún problema, fue perfectamente tratada, se lo pasó fenomenal. Sus monitores le han escrito dándole apoyo”, afirma su madre, Carolina Gómez, que estos días está recibiendo “muchísimas muestras de apoyo de madres” que han vivido situaciones parecidas.

 

Los campamentos, dispersos por toda España en un número que las entidades no saben cuantificar, están obligados a contar con un monitor por cada 10 menores, una ratio que se reduce cuando en el grupo hay una persona con necesidades especiales. “Los padres deben informar si su hijo o hija requiere un apoyo específico. Nosotros mantenemos una entrevista con ellos y le asignamos un profesional que se ajusta a ese perfil. No cerramos la puerta a nadie”, afirma María Satrústegui, directora de Comunicación de A la Par.

 

Inés también asistió años atrás a unos conciertos pedagógicos, recuerda su madre. Tuvo como profesora de violín a Ingrid Torrecillas, quien ahora asegura que le dejó “una huella especial”. “Todos los que la conocen se encariñan con ella. Por eso, no entiendo lo que ha pasado ahora. Es el miedo a lo desconocido”, se lamenta Gómez.

 

Ayer se conoció que Clara, a punto de cumplir cuatro años y con necesidades especiales, no ha sido aceptada en ninguna de las tres escuelas estivales que organiza el Ayuntamiento de Santa Eulària (Ibiza). En Torrejón de Ardoz (Madrid) y en Torremolinos (Málaga) también han sido rechazados sendos niños con autismo.

 

El CERMI considera “inadmisible” que “se castigue al diferente”: “Las empresas que organizan estos campamentos, en algunos casos con dinero público, y se permiten expulsar a un menor no merecen que les entreguemos a nuestros hijos para que los eduquen”, dice Jesús Martín, su responsable de Derechos Humanos. Añade que las personas con discapacidad y sus familias están “cada vez más empoderadas” y cuentan con “más herramientas para denunciar”. “Lo que está oculto produce más dolor y es más peligroso. Denunciarlo tiene un efecto multiplicador que ayuda a poner freno a estas conductas”, apostilla.

 

Como ha sucedido con Inés, “el problema suele surgir cuando hay familias que se quejan” de que sus hijos están conviviendo con una persona con discapacidad, comenta Satrústegui: “No se puede demonizar a los campamentos; algunos padres tienen el capricho de no admitir a un compañero con discapacidad en la vida de sus hijos”.

 

“No es admisible la presión de los padres”, subraya, sin embargo, Ana Piedrafita, maestra y monitora de Área Activa, que organiza escuelas inclusivas y también “exclusivas” (solo para personas con discapacidad) en Aragón. Se hace cargo de campamentos solo para personas con discapacidad, la mayoría con una afección superior al 80%, lo que les obliga a contar con 28 monitores para atender a 40 personas.

 

El psicólogo infantil-juvenil y monitor Abel Domínguez Domínguez aconseja a los padres que actúen con transparencia e informen de la realidad de sus hijos “para evitar situaciones problemáticas” que afectarían al propio niño, al resto de chavales y también a los monitores. “Si lo comunican, estarán atendidos por monitores con el perfil adecuado, recibirán la atención que necesitan y las actividades de grupo fluirán como estaban previstas”, opina. “En la mayoría de los campamentos impera la convivencia, porque son una oportunidad para que los menores aprendan a relacionarse en la diversidad”, asegura.

 

En todo caso, Martín, del CERMI, considera que estas “conductas absolutamente nocivas” merecen “una condena pública” y deben ser “perseguidas sin descanso” y remarca que “los niños y niñas se llaman por su nombre, no por su color o su grado de discapacidad”.

 

Fuente: El País