Así lo manifestó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, quien recordó que “por fin” se da cumplimiento a un mandato de Derechos Humanos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y concretamente, a su artículo 12.

 

Esta transformación, según explicó Pérez Bueno, significa olvidar un sistema en el que la capacidad jurídica de las personas con discapacidad -especialmente de algunas discapacidades como la intelectual, cognitiva o mental, el daño cerebral- no era reconocidas. “No eran consideradas como personas en plenitud legal, se las podía privar y minimizar su capacidad jurídica y ser representadas por otros a través de mecanismos como la tutela o la incapacitación”, aseguró.

 

El nuevo paradigma contempla que todas las personas con discapacidad obtengan los apoyos que necesiten, pero no ser sustituidas, y a que prima su autonomía y sus deseos. En este sentido, el presidente de la plataforma de la discapacidad destacó que ahora “el entorno jurídico y social les tiene que prestar asistencia y acompañamiento para que ejerzan los derechos que tienen reconocidos como cualquier otra persona”.

 

Esta reforma ha contado con un amplio consenso político de operadores jurídicos y de la sociedad civil a través del CERMI, pero, según aseguró el presidente de la plataforma de la discapacidad “su puesta en práctica llevará un tiempo porque es pasar de un modelo con décadas de existencia a otro nuevo, disruptivo y progresivo". En este sentido, pidió que los operadores jurídicos “tomen conciencia” para asumir este nuevo paradigma y que las administraciones doten de medios a la justicia.

 

Fuente: Servimedia