Según los hechos denunciados, de los que se han hecho eco los medios de comunicación, han sido imputadas tres trabajadoras del centro por presuntos malos tratos al niño; la denuncia ha llegado al juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Getafe, y el juez ha llamado a declarar como investigadas a la tutora del niño, a otra profesora de apoyo y a una auxiliar de enfermería del centro.

 

Desde el CERMI Comunidad de Madrid rechazamos de plano estos hechos, gravemente discriminatorios, que constituyen una violación de los más elementales derechos que asisten a toda persona. 

 

La violencia ejercida contra cualquier persona con discapacidad, y especialmente contra menores, a cualquier nivel y en cualquier ámbito, genera una mayor vulnerabilidad en la persona e incluso puede agravar o producir la propia discapacidad, con secuelas tanto físicas como psicológicas (lesiones físicas, tristeza y depresión, bajo rendimiento escolar y problemas de atención, aislamiento, nerviosismo, comportamientos violentos en otros contextos, etc.).

 

Las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia, la sufren con más frecuencia, son más vulnerables a sus efectos y están más expuestas a cualquier forma específicas de abuso.

 

El CERMI Comunidad de Madrid exige a la Justicia que actúe al respecto para que sucesos como este no vuelvan a producirse, y pide un compromiso firme y claro de todas las Administraciones Públicas implicadas en la protección de las personas con discapacidad.