Para el CERMI, aunque en los últimos años se han producido mejoras, la inactividad forzosa y el desempleo siguen siendo muy elevados entre las personas con discapacidad, lo que genera pobreza, exclusión social y falta de autonomía económica. 

 

El modelo legal actual de impulso al empleo tiene más de 30 años y ha quedado obsoleto en buena parte, por lo que se necesita una nueva Ley de Inclusión Laboral que siente las bases y oriente y refuerce las políticas activas de empleo para las dos próximas décadas, con mayor énfasis en los grupos de especiales dificultades de inserción que deberán actualizarse y ampliarse, y en las mujeres con discapacidad, que sufren más severamente la exclusión laboral.

 

En este sentido, el CERMI plantea dotar de nueva regulación normativa amplia, vigorosa y actualizada al empleo con apoyo como una de las modalidades de acceso laboral con más potencial inclusivo. Al mismo tiempo, pide fomentar la formación profesional dual como mecanismo de acceso del empleo para las personas con discapacidad, mejorando sus capacidades profesionales de cara a obtener un empleo de calidad.

 

Otras de las demandas del CERMI en materia de trabajo son, entre otras, prohibir que las empresas y entidades que incumplen la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad puedan recibir subvenciones por parte de las administraciones; que las personas con capacidad intelectual límite que no alcancen el 33% de discapacidad reconocida oficialmente puedan acceder al marco de incentivos establecido para favorecer su inclusión laboral; aprobar una ley de impulso del emprendimiento para personas con discapacidad, y obligar por ley a que las herramientas digitales de las empresas sean accesibles, poniendo a su disposición ayudas e incentivos cuando haya que hacer adaptaciones.

 

 

Por otra parte, de cara a las elecciones del 10-N, el CERMI exige a las formaciones políticas establecer una exigencia coactiva del cumplimiento de los mandatos legales vigentes que fijaban como límite temporal el año 2017 para que todos los entornos, productos y servicios de interés fueran universalmente accesibles, plazo incumplido con extensión y generalidad y que debe ser revertido con una acción pública vigorosa a favor de la accesibilidad universal, con medidas y acciones concretas y calendarizadas. 

 

Para avanzar en esta senda, subraya la necesidad de crear por Ley el Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, nutrido del 1% de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información.

 

La organización pide aprobar mediante real decreto el reglamento de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de personas con discapacidad a bienes, productos y servicios a disposición del público, pendiente por mandato de la Ley General de derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, y que acumula muchos años de retraso por desidia y dejadez de los Gobiernos que se han sucedido en la última década.

 

La entidad plantea también una nueva modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar que se efectúen las reformas pertinentes en los edificios de viviendas cuando una persona con discapacidad o mayor encuentre barreras para entrar y salir libremente de su casa y poder llevar una vida independiente. Como sucede con el resto de los gastos, las comunidades de vecinos deben estar obligadas a sufragar las obras que se tengan que acometer, estableciendo, eso sí, ayudas públicas cuando en determinadas ocasiones sea preciso.

 

 

En el ámbito de la accesibilidad cognitiva, el CERMI urge a aprobar una ley que regule este punto y preserve los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a la autonomía individual y a la inclusión en la comunidad, fomentando la elaboración de documentos relevantes en lectura fácil, entre otras medidas.

 

En el terreno de la accesibilidad sensorial, el CERMI pide extender por ley la obligación de subtitular y audiodescribir los contenidos locutados a la publicidad audiovisual privada que se emita por televisiones que tengan ya el deber de subtitular su programación general. Además, aboga por extender las exigencias actuales en materia de subtitulado y audiodescripción a la interpretación en lengua de signos en el caso de las campañas publicitarias institucionales.

 

Más allá de estos puntos, reclama reformar y ampliar el marco normativo español de la accesibilidad audiovisual, a fin de garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad sensorial y cognitiva. Para ello, Se han de introducir modificaciones en el marco legislativo vigente en materia de accesibilidad audiovisual y a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para que avance conforme al desarrollo tecnológico y a la expansión de los nuevos canales y soportes de comunicación audiovisual.

 

Del mismo modo, el CERMI insta a modificar la legislación reguladora del cine para establecer como obligación de toda producción cinematográfica la incorporación de medidas de accesibilidad audiovisual (subtitulado, audiodescripción y lengua de signos) desde el inicio del proceso, exigiendo esta misma accesibilidad en todos los canales de exhibición, difusión y explotación.

 

Garantizar la accesibilidad y personal de atención al público en las gasolineras para los conductores con movilidad reducida; regular adecuadamente la circulación y estacionamiento de patinetes eléctricos y otros elementos de movilidad para no dificultar el libre desplazamiento de las personas con discapacidad por las calles, y garantizar la accesibilidad de teléfonos de emergencia como el 112 para las personas sordas y sordociegas son otras prioridades planteadas por el CERMI.

 

Por otra parte, en el ámbito de la educación y la formación de las personas con discapacidad, el CERMI subraya la relevancia de garantizar el derecho a la educación inclusiva con todos los apoyos que requiera cada estudiante con discapacidad. Asimismo, solicita la creación del Centro de Referencia Estatal Universidad/Discapacidad para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a la formación universitaria, que en los últimos años ha venido incrementándose, una tendencia que, en opinión del CERMI, debe potenciarse.

 

En este sentido, la plataforma representativa de la discapacidad en España anima a promover en la legislatura el incremento del alumnado universitario con discapacidad que accede a programas de movilidad internacional, estableciendo los apoyos y las medidas de acción positiva necesarias al efecto.