Así lo ha planteado el CERMI en su documento de propuestas al Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine, que en ese momento se encuentra en fase de consulta pública previa.

 

Para ello, el CERMI ha remitido al Departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes una propuesta normativa articulada, con toda la regulación que en esta materia debería regir para ver garantizada la accesibilidad universal y la no discriminación para las personas con discapacidad.

 

A juicio del CERMI, la legislación debe recoger la obligatoriedad de que las producciones cinematográficas y audiovisuales incluyan como medidas de accesibilidad en origen la subtitulación, la lengua de signos española y la audiodescripción. A fin de asegurar la calidad de estos medios, se efectuará de acuerdo con las prescripciones de las normas técnicas vigentes en cada momento. Eso sí, en la reproducción en salas de cine, la persona con discapacidad tendrá que solicitar cualquiera de estas medidas de accesibilidad, de las que podrá disfrutar individualmente con las soluciones tecnológicas existentes en cada momento.

 

Por otro lado, la propuesta del CERMI plantea que la ley del cine recoja explícitamente que las políticas públicas de promoción de la cinematografía orientarán sus objetivos a que las producciones cinematográficas y las demás obras audiovisuales ofrezcan una imagen respetuosa y positiva de las personas con discapacidad como expresión valiosa de la diversidad humana y social, con una presencia en el medio cinematográfico acorde en términos cuantitativos con su peso social.

 

 

De igual modo, la plataforma representativa de la discapacidad en España expone que no podrá concederse ni reconocerse ningún tipo de subvención, apoyo, incentivo o ayuda de naturaleza pública a las producciones cinematográficas que no incorporen en origen de oficio las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad establecidas en la ley. Esta medida, gracias al CERMI, ya cuenta con respaldo en normativa administrativa, pero debe ser elevada a rango legal.

 

Esta misma exigencia se aplicará a las actividades de promoción de la cinematografía como la participación y la organización de festivales, que deberán postular, programar, exhibir y difundir siempre producciones accesibles en origen. En este sentido, tampoco podrán resultar beneficiarias de ayudas públicas al cine las personas físicas y jurídicas empleadoras que estando obligadas no cumplan con la reserva legal de puestos de trabajo en favor de personas con discapacidad.

 

Por otra parte, la ley debe establecer que la Filmoteca Española desplegará iniciativas y programas para dotar con progresividad de medidas de accesibilidad a los fondos cinematográficos y audiovisuales que carecieran total o parcialmente de las mismas cuyo depósito, conservación y gestión tiene encomendados, otorgando prioridad a aquellos que posean mayor significación o más valores artísticos, históricos y sociales.

 

El CERMI además, reclama que las organizaciones estatales de la discapacidad tengan presencia en los órganos de participación, asesoramiento y consulta existentes en el seno del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que resulten de interés, a fin de que puedan efectuar labores de propuesta, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales del cine en lo relativo a accesibilidad universal y personas con discapacidad.

 

En esta línea, el CERMI plantea que este Instituto realice cada año un informe para evaluar la evolución en materia de accesibilidad y que la Administración General del Estado promueva iniciativas de I+D+i para seguir generando conocimiento y me