La obra ha corrido a cargo de Antonio-Luis Martínez Pujalte, doctor en Derecho, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad.

 

A partir de la consideración basilar de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, el autor de esta obra despliega su sugerente análisis jurídico para certificar que también en nuestro sistema constitucional la discapacidad puede y debe ser considerada como una cuestión de derechos fundamentales. En su opinión, garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad consiste, en buena medida, en remover las barreras que les impiden, a estas personas, un ejercicio pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. De ahí la importancia central del artículo 9.2 de la Constitución española, que permite superar la distinción clásica entre libertades públicas y derechos sociales, brindando la oportunidad de considerar las demandas de las personas como discapacidad no entre los que se han venido en denominar “derechos de la segunda generación”, de problemática e insuficiente protección jurídica, sino como derechos fundamentales en sentido estricto, derechos de la primera generación si se desea utilizar esta terminología, dotados de todas las garantías que para ellos prevé la Constitución de 1978.

 

Esta es precisamente la perspectiva que se desarrolla en el presente libro. En el primer capítulo, se definen las bases en las que se asienta la posición de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en nuestro sistema constitucional. En los restantes, tomando como cimiento la construcción diseñada en el primer capítulo, se analizan algunos derechos fundamentales que no se encuentran suficientemente protegidos para las personas con discapacidad en nuestro ordenamiento, como consecuencia principalmente de restricciones establecidas por el legislador, ocupándome de este modo de cuestiones como el aborto por razón de discapacidad, la esterilización no consentida, la participación política y la restricción del derecho de sufragio, y el derecho a la educación inclusiva. Se trata solo de una selección de algunos problemas relevantes, pero la construcción formulada resulta fecunda para abordar un análisis constitucional de todos aquellos derechos cuyo ejercicio efectivo se torna problemático para las personas con discapacidad. Se trata sin duda de una aportación doctrinal y académica de la máxima utilidad, que contribuye a una mejor defensa jurídica de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.