Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI, expone en su primera intervención la “necesidad de dar voz a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y la importancia de impulsar su participación activa en todos los asuntos que les afectan”. Se felicita también por la buena colaboración del movimiento CERMI con la Dirección General de Infancia, valorando de manera positiva que en el Consejo de participación de la infancia tengan representación cuatro personas con discapacidad. Recuerda la participación del CERMI en el plan nacional de garantía infantil y anuncia que seguirán colaborando de manera activa en el mismo

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Agustín Matía, director gerente de Down España y presidente del grupo de trabajo de atención temprana de CERMI, advierte de que en cuestión de infancia y discapacidad “hay mucho por hacer y no da la sensación de que vayamos a tener respuestas a la altura del reto que tenemos por delante”. Centra su intervención en dos temas prioritarios, en primer lugar, la atención temprana, pues asegura que “hasta un 10% de la población infantil de 0 a 6 años necesitaría recursos o programas de apoyo de atención temprana”, sin embargo, según los datos de las comunidades autónomas, “estamos muy lejos de esa cantidad, en el conjunto del país llegamos a un 4% aproximadamente”; un porcentaje que califica de “insuficiente”. 

 

Como segundo plano, aborda la necesidad de mejorar el sistema escolar, pues “tendría que ser mucho más inclusivo y mucho más efectivo del que tenemos, que todavía tiene un funcionamiento muy ineficiente; nos sentimos conformes con que casi un 85% de la población infantil con discapacidad esté en un sistema educativo ordinario, pero no profundizamos sobre la eficacia de ese sistema”.

 

La tercera intervención proviene también del sector de la discapacidad, pues Javier Luengo es miembro de CERMI Comunidad de Madrid y director de Plena Inclusión Madrid. Inicia su exposición en este conversatorio, que modera José Manuel González Huesa, director de cermi.es y director general de Servimedia, mostrando su satisfacción por “la aprobación el 14 de junio de 2021 de la garantía infantil europea, que nos da una herramienta para mejorar las cosas, para bajar los indicadores relacionados con la discapacidad, que no son los mejores”. Se felicita también por la participación del CERMI en este trabajo y explica la importancia de esta iniciativa asegurando que “nacer con una discapacidad hoy en día todavía es nacer con un potencial de riesgo de exclusión y una situación de desigualdad de oportunidades”. 

 

Aboga también por la mejora del sistema de atención temprana, con resultados tan dispares en los territorios: “Que sea universal, que haya una garantía, lo más inmediata posible, porque cada minuto que pasa sin esa atención temprana, estamos incidiendo en sus posibilidades de futuro”. En cualquier caso, señala la necesidad de contar con datos y estadísticas, que actualmente no existen, “porque esa exclusión traslada una invisibilidad, si no estás en esos datos parece que no existes”. 

 

 

Carles López, presidente de la Plataforma de Infancia, expresa una gran esperanza asegurando que nos encontramos en “un momento muy interesante para la incidencia en esta cuestión”. Explica que “el desarrollo de la garantía infantil europea va muy ligado a España, que lideró la iniciativa y es especialmente importante por varias razones: la primera por el compromiso del 5% del Fondo Especial Europeo plus, es un cambio claro de enfoque pues hasta el momento estaba destinado a políticas para la empleabilidad, ahora con ese giro mínimo del 5%, que puede llegar al 7 o al 10, se tiene que dedicar a pobreza infantil”. 

 

Pero su mayor relevancia queda depositada en la profundidad temática, pues “la garantía infantil no va a cubrir situaciones genéricas de pobreza infantil, sino de gran vulnerabilidad y exclusión”. Simultáneamente a esto, añade, España está desarrollando el plan nacional de reformas del fondo de reconstrucción y las comunidades autónomas tienen que desplegar sus programaciones. En este punto, afirma: “Tenemos que lanzar a las comunidades autónomas que esto no es para pobreza general sino para sectores vulnerables, como es el sector de niños y niñas con discapacidad, que según la encuesta de condiciones de vida prepandémica eran 129.000, y posiblemente aumenta en pandemia”. Finaliza su intervención animando a ser valientes, “porque nos jugamos muchísimo, la programación del Fondo Social Europeo plus es a largo plazo y pretende romper con situaciones estructuradas de pobreza”. El éxito, a su juicio, “dependerá de que seamos capaces de relacionarlo con otras iniciativas legislativas o presupuestarias en marcha... y Europa nos abrió la puerta a poder incluir en garantía infantil fondos Feder o Fami, una oportunidad de potenciar los efectos de la garantía infantil”.

 

Violante Tomás, senadora, portavoz de Discapacidad del Grupo Parlamentario Popular, afirma “orgullosa”, que “esta garantía infantil europea es una propuesta prioritaria de la presidenta Úrsula von der Leyen” y se siente tranquila al saber que el CERMI ha participado con propuestas, “porque garantiza el enfoque inclusivo hacia la infancia con discapacidad como sector especialmente vulnerable”. Coincide con Agustín Matía en la importancia de la atención temprana y la mejora del sistema educativo y apunta además la necesidad de atender los problemas de salud mental, pues “según la encuesta nacional de salud de España de 2017, el 1% de los niños y adolescentes sufre algún trastorno de salud mental... el riesgo de sufrir problemas de salud mental afecta al 13% de niños entre 4 y 14 años”, algo que se agrava en familias con rentas más bajas”.

 

Lucía Losoviz, directora general de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, afirma estar muy satisfecha al escuchar que las medidas y propuestas incluidas en la garantía infantil, “están alineadas con lo expuesto en este encuentro”. Asegura que “hemos querido dar un paso más allá de lo que nos pedía la garantía infantil y queremos tomar por un lado medidas de lucha contra la pobreza infantil y por otro una línea estratégica que tenga que ver con el acceso y la garantía de esos derechos sociales, pero hemos puesto un tercer pilar transversal que garantice la territorialidad, porque hay mucha disparidad entre territorios”. 

 

Afirma que el gran foco lo están poniendo en la atención temprana, en la que ya trabajan con el Real Patronato de Discapacidad, las comunidades autónomas, los ministerios y las organizaciones de la sociedad civil para “establecer un catálogo, unos estándares de calidad, de servicios mínimos y homogéneos para todo el Estado”, pero también quieren contar con unos “indicadores cuantitativos y cualitativos que midan el grado de cumplimiento de los estándares”. Lo bueno que tiene la garantía infantil, señala, es que “es un plan a largo plazo con un enfoque transformador, de cambio de estructura y lo entendemos como un documento vivo, y será factible modificarlo con nuevas necesidades o nuevas formas de hacer”. 

 

 

Los últimos instantes de este encuentro repasan algunas cuestiones de actualidad que requieren atención urgente, como es la invasión de Ucrania y la crisis de refugiados que ha desencadenado. Agustín Matía afirma que la acogida de refugiados “está teniendo un efecto muy grande en garantía infantil y lo notamos en los servicios de atención temprana donde muchos niños y niñas con discapacidad de familias migrantes no están todavía dentro del sistema”.  En el caso de Ucrania, explica que es muy llamativa la reacción tan rápida, “me consta que muchas organizaciones estamos implicados, dando respuesta, y vamos a dar la talla porque la solidaridad está funcionando y me gustaría pensar que va a ser un ejemplo de que podemos cambiar con más facilidad nuestro sistema de atención ordinario... Como país estamos demostrando que la discapacidad es solidaria”. 

 

Así lo entiende también Pilar Villarino, que apunta además la experiencia desgraciada de la pandemia, “cuando se reaccionó muy rápido desde la sociedad civil, lo que nos ha permitido tener también ese músculo de reacción inmediata”. Entiende que “la pandemia también ha supuesto un antes y un después en el aumento de problemáticas de salud mental, y mucho más en infancia y adolescencia”, pero también ha tenido consecuencias en la soledad no deseada, las tasas de suicidio y en la violencia en niñas y adolescentes. Explica finalmente que el CERMI, a través de Participa Child, un programa financiado dentro de la convocatoria de ayudas de subvenciones  para la  realización  de  actividades  de interés  general  consideradas  de  interés  social, correspondientes  a  la  Secretaría  de Estado de Derechos Sociales, trabaja para garantizar que la participación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad se haga en condiciones de igualdad y paridad y que ninguna barrera (de género, económica, de movilidad, de funcionalidad) les impida el acceso a dicha participación. 

 

Por su parte, Violante Tomás agradece la rápida reacción del CERMI en la crisis de refugiados de Ucrania, al reclamar que se facilite a estas personas y menores la acreditación de discapacidad para una mejor atención.