"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Jornada 'El empleo público, un horizonte de inclusión laboral para las personas con discapacidad'
El empleo público, un horizonte laboral para las personas con discapacidad
12/03/2019
Blanca Abella/David Martínez
“Estamos asistiendo a las mayores convocatorias de empleo público de los últimos años, sin embargo, tenemos la sensación de que esa oportunidad no está siendo aprovechada suficientemente”. Así se expresaba el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en la inauguración de la jornada ‘Empleo público, un horizonte de inclusión para las personas con discapacidad’, en la que se habló de la importante labor de la sociedad civil y su contribución para mejorar la participación de la Administración General del Estado. Entre otras cosas, las entidades de la discapacidad consideran prioritario corregir y ampliar los sistemas de apoyo, el acceso a la información así como el proceso completo de oposición pública.
La apuesta de la Administración
El ministerio de Política Territorial y Función Pública participó en la jornada con ponencias que describían minuciosamente los canales informativos y de difusión sobre las ofertas de empleo público. Esteban Cueva, subdirector general de Transparencia y Atención al Ciudadano, explicó que cuentan con una base de datos donde se registran todas las convocatorias de empleo público de la administración general del Estado, de las autonómicas y de los municipios de más de 100.000 habitantes, entre otras. Y para facilitar el acceso a esta información cuentan con varios canales, como son el teléfono de información 060, el portal web, las redes sociales e incluso una aplicación para móvil. También existe la posibilidad de recibir información de manera presencial o por escrito, en un buzón de correo habilitado con ese fin.
Por su parte, Raquel Martín, coordinadora en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, explicó de manera más detallada cómo son los canales de información y el funcionamiento del Punto de Acceso General (PAG), que facilita la relación con los ciudadanos al ser la puerta de entrada vía internet a los servicios públicos. Dentro del mismo, pueden encontrarse las ofertas de empleo, un buscador de convocatorias, la suscripción a un boletín semanal, enlaces a otras páginas de empleo público, la aplicación para móvil y una página para inscribirse en las pruebas selectivas de la Administración General del Estado, además del acceso a las redes social de twitter y Facebook.
Tras una detallada descripción de este canal de acceso, aseguraba que actualmente estaban pendientes de algunas mejoras, como es cambiar el buscador de empleo público, con filtros que incluyan la búsqueda de plazas para las personas con discapacidad, así como algunos cambios que mejoren también la aplicación móvil. Así lo corroboraba Esteban Cueva, quien aseguraba que todo esto es muy mejorable e invitaba a las entidades de la discapacidad y a las propias personas con discapacidad a aportar sus propuesta a través del buzón del PAG o de las redes, incluso en contacto con el CERMI o Fundación ONCE, con quienes mantienen una constante relación.
El sector de la discapacidad reclama
Virginia Carcedo, directora adjunta de Formación, Empleo y Transformación de Fundación ONCE y secretaria general de Inserta Empleo, aseguró que en Inserta Empleo, el empleo público es también ya una de las herramientas en las que orientar a las personas con discapacidad y animó a todos a elaborar una “estrategia común” y expresó su deseo de que la Administración sea también un referente de la ciudadanía”.
Pepa Torres, secretaria de la Comisión de Trabajo de Inclusión Laboral del CERMI, apunta la necesidad de avanzar en el marco normativo, “que fuese un poco más amplio, con una visión más global, especializada e inclusiva”, pero sobre todo, trabajar mucho en la parte del acceso dentro de esa normativa, mejorar la normativa de adaptación y ajustes de tiempos y medios, “es algo que estamos trabajando en la comisión del CERMI porque, por ejemplo, no se contemplan las adaptaciones para personas con enfermedad mental”.
En este punto se han concentrado muchas de las intervenciones dada su importancia y al mismo tiempo su escasa consideración. Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España, que asiste a la jornada, interviene para ahondar en la cuestión apuntada por Pepa Torres, y afirma: “Las personas con problemas de salud mental deben tener unas condiciones diferentes en cuanto al formato y el tiempo, no digo del contenido, para que las pruebas no generen estrés, que vayan a su ritmo y tengan apoyos; sobre todo orientación y apoyos adecuados que eviten el estrés durante el examen, porque el estrés puede ser un potentísimo elemento que desencadene un momento de crisis”. Termina su intervención con una contundente aclaración: “No hablo de ventajas, sino de apoyos”.
Y es que en muchas ocasiones se confunden o no se entiende lo que son apoyos, ajustes o adaptaciones. Y así lo destaca con severidad Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE: “En el tema del acceso hay que hacer muchas cosas y la normativa requiere una revisión; hay que impulsar acciones positivas en todo el proceso, que no supone ofrecer una ventaja sino corregir situaciones de desventaja de determinados colectivos, y eso no hay manera de que se entienda en la función pública y no se contempla en la normativa de manera específica”.
Según la experiencia de Martínez Lozano, “hay muchos elementos subjetivos que intervienen en un proceso y pueden influir en que la valoración del candidato no sea la más adecuada”. De ahí que otro de los temas en el que muestran su acuerdo en esta jornada las representantes del sector de la discapacidad sea la mejora en la formación de los tribunales en materia de discapacidad. A juicio de Pepa Torres, “hay que mejorar en todo lo que tiene que ver con los ajustes y apoyos en el puesto de trabajo y sería necesario abordar programas de acogida de estas personas y por supuesto posibilitar la metodología del empleo con apoyo; y también había que profundizar, aunque ya se ha trabajado bastante, en la sensibilización de los empleados públicos y acciones formativas específicas”.
Las propuestas de las representantes de la sociedad civil fueron numerosas, lo que demuestra las grandes posibilidades de mejora en esta cuestión. Así, se habló también de abordar la problemática de la discapacidad sobrevenida en el empleo público; de adecuar la reserva de empleo a todos los cuerpos de la Administración General del Estado; de abrir vías de colaboración con las asociaciones de los diferentes cuerpos del Estado, pero sobre todo se insistió en la necesidad de mejorar los apoyos.
A su vez, Sabina Lobato anunciaba que en Inserta están estudiando la posibilidad de organizar la formación de los candidatos con discapacidad a las convocatorias de empleo público. Y Martínez Lozano explicaba una de las apuestas de la Fundación ONCE con los universitarios con discapacidad, ya que desde 2013 vienen observado que hay personas con expedientes extraordinarios que pueden acceder a una convocatoria pública de nivel superior y por ello quieren poner en marcha un programa de apoyo para el que ya se han reunido con representantes el inap.
El éxito en la subcuota para personas con discapacidad intelectual
La jornada concluyó con el relato de un caso de éxito sobre el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la Administración General del Estado a cargo de Enrique Galván, director gerente de Plena inclusión, y Horacio Peláez, miembro del Grupo de Apoyo a la Dirección de la entidad. Galván relató con detalle el proceso que comenzaba en 2011, cuando se logra elevar la cuota de reserva de empleo público creando a su vez una subcuota específica para personas con discapacidad intelectual. Es entonces cuando el presidente del CERMI les pide “que esa subcuota se operativice”. Había que empezar de cero y la pregunta entonces era, ¿cómo lo hacemos?
Comenzó un trabajo ingente pero cargado de ilusión, de esperanza, donde se volcaron las asociaciones, la administración, los profesionales y las personas, todas aquellas que eran conscientes de la importancia del momento. Había que convalidar las titulaciones, ayudar al organismo convocante en el proceso, acompañar a las personas con discapacidad intelectual y prepararlas, adaptar temarios, diseñar pruebas selectivas… Más de 2.000 personas con discapacidad intelectual se presentaron a las pruebas de 2012, a una oposición pública, “un canal desconocido, un espacio históricamente vetado”, relata Galván con cierta emoción. Hubo un 70% de aprobados y un nivel medio de notable. Desde entonces, la historia se repite en cada nueva convocatoria, en 2014, en 2015 y en 2016.
Finalmente, Horacio Peláez solo tiene palabras de agradecimiento y satisfacción cuando explica su caso y cierra la jornada expresando la gran alegría que supuso para él aprobar la oposición.
