"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Crónica
Presentación del 'Informe España Derechos Humanos y Discapacidad 2019'
Datos y quejas
14/09/2020
Blanca Abella
Hay dos cuestiones que siguen siendo fundamentales a la hora de presentar un informe como el que elabora cada año el CERMI sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad en nuestro país, y son las relativas a los datos y las quejas. Por un lado, el gran valor de contar con la información que ofrece este trabajo y, por otro, la necesidad de que existan las quejas, porque como dice la representante de Naciones Unidas en esta presentación, Amalia Gamio, "¡Qué bueno que haya quejas!, porque las quejas dan la oportunidad de visibilizar lo que está pasando".
Y aunque se aprecia una progresión positiva en una comparativa con el año anterior, se sigue entendiendo que el año 2019 arroja un saldo terriblemente negativo, sobre todo atendiendo a la igualdad de oportunidades, y un ejemplo de ello son las 24 denuncias en el artículo 5 de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, que constatan que la discriminación interfiere de manera estructural y sistemática en la vida de las personas con discapacidad y es capaz de mostrar su versión más lacerante en la expulsión de niñas y niños con discapacidad de campamentos de verano, como ocurrió en el verano de 2019.
Así lo expone en esta presentación Jesús Martín, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, que también denuncia la "inactividad del Estado español" a la hora de dar cumplimiento a los mandatos de la Convención de la ONU. Y añade finalmente que el informe insta a España a adoptar 
medidas para evitar que se produzcan vulneraciones en ámbitos como la educación, el empleo, el acceso universal y, sobre todo, “armonizar todas las normas del Estado español adaptándolas al marco de Naciones Unidas”. En definitiva, con 395 denuncias registradas, Jesús Martín asegura, en términos deportivos, que “este partido lo gana la discriminación”.
Afirma sin embargo que se siente también optimista por el papel que sigue ejerciendo la sociedad civil y por esos avances que se registran en comparación con 2018. Y en ese sentido, destaca la intervención de Amalia Gamio, relatora del Comité de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, que participa en esta presentación, quien asegura que “la principal fortaleza de 
España es la sociedad civil, las organizaciones empoderadas y participativas, que no solo marcan errores, también ofrecen soluciones”. Aunque también recalca que ya han pasado 12 años desde la promulgación de la Convención y gracias a que “la pandemia ha hecho de lupa gigantesca”, se ha podido ver que “la Convención no estaba implementada como debiera”. Respecto al informe, para ella se trata de un “tesoro” de enormes dimensiones y con muchas posibilidades porque, tal y como asegura con entusiasmo, ¡qué bueno que haya quejas!, porque las quejas dan la oportunidad de visibilizar lo que está pasando”.
El CERMI como aliado
En relación a su contenido, Mancisidor destaca 
un aspecto para él muy interesante, como es la idea de “enfocar la cuestión de los asistentes desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad” y celebra el acierto de este informe por “atreverse a tocar, con muchísimo rigor, temas relativamente innovadores, desde la cuestión de la pobreza energética, cambio climático, el derecho a la ciencia...”
También participa en esta presentación Joana Prats, directora de Colaboraciones con Entidades Sociales y Proyectos Transversales de Fundación La Caixa, quien ofrece a su vez una visión positiva y felicita al CERMI por su gran trabajo, aunque asegura que los datos ofrecidos en el mismo, “ponen de relieve la necesidad de seguir trabajando en esta línea”.
En representación del Congreso de los Diputados, y más concretamente como presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Discapacidad, Joan Ruiz interviene en la presentación alentando a los demás a ser más optimistas pues, asegura, “este país ha avanzado bastante en derechos y aceptación social”, y achacando la lentitud de los últimos años a la inestabilidad política derivada de los cambios de gobierno y elecciones, y a la pandemia, sobre todo. 
El binomio maldito
En esta misma línea se sitúa Alejandro Saiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra y Miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2015-2020), al calificar los avances en los últimos 20 años en materia de discapacidad como enormes, si bien, matiza, “pero cuando uno lee el informe, el panorama es desolador, hay mucho por hacer”, y destaca la falta de recursos y el binomio maldito discapacidad y pobreza, “que por desgracia será más desolador con la que está cayendo si nadie lo impide”. Eso sí, asegura con optimismo que "en Europa estamos en un buen momento para agitar el árbol de los derechos de las personas con discapacidad".
Y finalmente este encuentro se extiende abordando temas de actualidad o cuestiones siempre pendientes, como son la educación inclusiva o la violencia contra la mujer. En este sentido, Amalia Gamio expresa: “Nos preocupa el asunto del artículo 6 y la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, sobre todo las esterilizaciones y abortos forzados, aparte de la violencia doméstica, la discriminación, la dificultad de acceso al empleo y los roles que tienen en la familia”. Mientras, Jesús Martín recuerda el compromiso del CERMI a la hora de “incorporar la mirada de las mujeres” y el papel de la Fundación CERMI Mujeres, que a su vez elabora de un informe de derechos humanos, cuyo resumen también queda recogido en el informe hoy presentado.
Para finalizar, el representante del CERMI en este acto, Jesús Martín, quiere acabar con unas palabras “un poco duras” pero que de alguna manera resumen este tipo de informe: "La discriminación, bajo mi punto de vista, es un crimen de poder, al determinarse por esta colectividad estándar y capaz qué espacios, qué derechos se conceden a los que se escapan, nos escapamos, de ese patrón de medida superior desde el cual se diseñan productos, entornos, y servicios para el desenvolvimiento individual y grupal". Es el momento, enfatiza, de asentar “esa autodeterminación, esa voz propia de las personas con discapacidad, ese liberarnos de tutelas de otros tiempos para ser parte activa de la construcción de España y del mundo”.
