Esta semana el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Reforma procesal y civil en materia de discapacidad, una reforma que estaba pendiente desde que España ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que sin duda significará un cambio de paradigma. Una reforma normativa de gran calado que persigue que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje. El Anteproyecto, que se ha beneficiado de las aportaciones por parte del movimiento asociativo de la discapacidad representado por el CERMI, espera que la tramitación parlamentaria de la Ley se haga de la manera más rápida posible. En nuestro artículo de la semana que viene desarrollaremos más detalladamente esta novedad legislativa y sus implicaciones. 

 

 

Primera.- El pasado miércoles 1 de julio el Senado ratificaba sin modificaciones el texto remitido por el Congreso, por la que se deroga el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, precepto que regulaba la modalidad de despido objetivo por faltas repetidas de asistencia al trabajo.

 

Esta regulación, como había denunciado el CERMI, exponía y perjudicaba más intensamente a los trabajadores con discapacidad o con enfermedades crónicas que por esta razón o a causa de las mismas, podían necesitar mayor atención de salud, seguimientos médicos más continuos, o dedicar más tiempo a asistir a terapias o sesiones de rehabilitación o para recibir apoyos psicológicos o psicosociales.

 

El mantenimiento de esta causa de despido objetivo, ahora derogada, constituía una discriminación indirecta por motivos de discapacidad que el CERMI, junto con otras muchas instancias sindicales y sociales, había pedido revisar lo antes posible, para que no se castigara con más severidad a los trabajadores con discapacidad o enfermedades crónicas.

 

Segunda.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado ante el Ministerio de Igualdad, en el periodo de consulta pública de la futura Ley Orgánica para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales;  que las personas LGTBI con discapacidad tengan una protección legal reforzada contra la discriminación al estar expuestas a mayor intensidad de exclusión.

 

La norma legal en preparación ha de reconocer a las personas con discapacidad LGTBI como grupo social y como personas que merecen una especial consideración en el marco de promoción de la igualdad y no discriminación que aspira a establecer la futura Ley, al ser un sector al que históricamente se le ha negado la sexualidad, y sigue en muchos casos en situación de tutela y dependencia de instancias ajenas.

 

CERMI también ha pedido que la accesibilidad universal impregne cualquier norma o política pública vinculada con la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, en el caso de personas con discapacidad. Accesibilidad que debe girar en torno a tres elementos: el diseño universal, las medidas de accesibilidad propiamente dichas y los ajustes razonables. 

 

Tercera.- La Fundación CERMI Mujeres ha pedido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que el nuevo reglamento para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, en preparación en estos momentos por ese Departamento, reduzca la mayor brecha salarial que sufren las trabajadoras con discapacidad.

 

Así lo plantea CERMI Mujeres en el documento de propuestas de enmiendas que ha elaborado al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, en fase de consulta pública y por tanto abierto a aportaciones de la ciudadanía.

 

 

• Orden CUD/582/2020, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas estatales para la producción de largometrajes y de cortometrajes y regula la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales (BOE de 30/06/2020).

Entre los requisitos que han de cumplir los solicitantes para el acceso a estas ayudas, además del de cumplir con la obligación sobre la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en el caso de que le sea aplicable (artículo 5.1.f), consta el de tener empleada en la empresa o incorporar al proyecto, al menos, a una persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33%, lo que se acreditará mediante declaración responsable, salvo que se trate de proyectos de carácter documental o experimental que concurran a las ayudas selectivas a la producción de largometraje sobre proyecto (artículo 11.1.c). Entre los criterios de evaluación de los proyectos se señala “la inclusión de medidas de accesibilidad universal para las personas con discapacidad física o sensorial, como alguna de las lenguas de signos españolas reconocidas en España” (artículo 18.1.e).

 

• Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con el Centro Polivalente Social y Educativo, para la puesta en marcha de un programa para la asistencia de usuarios con deficiencias auditivas mediante interpretación de signos (BOE de 02/07/2020).

El convenio que tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre ambos organismos para la puesta en marcha de prácticas formativas en centros de trabajo que permitan una asistencia integral a ciudadanos con deficiencias auditivas que acudan a las oficinas de la Agencia Tributaria de Alicante, mediante la interpretación de la lengua de signos realizada por alumnos del mencionado Centro, cuando esta resulte requerida (cláusula 1ª).

 

• Resolución de 22 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., y la Fundación EOI, F.S.P., para el desarrollo de las actividades de los planes de trabajo del Centro de Referencia Nacional de Comercio Electrónico y Marketing Digital en el ámbito de la formación profesional (BOE de 02/07/2020).

Se aprueba el Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 del Centro de Referencia Nacional de Comercio Electrónico y Marketing Digital en el Ámbito de la Formación Profesional y Se describen los objetivos prioritarios de dicho Centro, entre los que figura el de “programar acciones dirigidas a activar y mejorar la empleabilidad de mujeres, así como de las personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión y ocupaciones poco representadas y desarrollar proyectos innovadores basados en TIC´s para fomentar la inserción en procesos de formación y empleo dirigido a sectores de discapacidad, en riesgo de exclusión social y profesiones con escasa representación de mujeres” (objetivos 18 y 19).

 

• Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (BOE de 06/07/2020).

Entre las medidas reguladas, se crea una línea extraordinaria de financiación, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de apoyo financiero a empresas privadas y trabajadores autónomos del sector turístico afectadas por perjuicios económicos surgidos a raíz del COVID-19, en el desarrollo de proyectos de transformación digital e innovación. Entre los proyectos financiables, se prevén proyectos de investigación, desarrollo e innovación turísticos relacionados con la “accesibilidad”, consistentes, entre otros, en el desarrollo de mejoras técnicas y tecnológicas de los recursos y destinos turísticos para su accesibilidad y adaptabilidad a las necesidades de las personas con discapacidad, promover la concienciación y sensibilización respecto a la accesibilidad por parte de las empresas en España, etc. (artículo 14.b.iii).

 

• Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional, para promover una mejor inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad (BOE de 06/07/2020).

La Dirección General de la Policía y la Asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional (AMIFP) han suscrito un convenio con el fin de definir el marco general de colaboración entre ambas instituciones para impulsar y promover iniciativas y acciones conjuntas que favorezcan los objetivos y funciones de cada una de las partes en todo tipo de materias relacionadas con las personas con discapacidad y sus familias (cláusula 1ª y siguientes).  

 

 

9 de julio 2020. Webinar “Construyendo bienestar desde lo significativo y lo cotidiano”.

Presentación de la nueva Guía para facilitar la realización de actividades cotidianas significativas con personas con demencia. Es el resultado de un espacio de investigación colaborativa elaborada desde Matia Instituto y financiado por el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa.   

 

10 de julio 2020. Online. I Consejo Sectorial de Accesibilidad Universal.

Su objetivo es construir y proponer nuevos modelos de accesibilidad universal que contribuyan a hacer una sociedad más accesible para todas las personas con independencia de su discapacidad o dependencia. Diferentes expertos en Accesibilidad Universal aportan desde su conocimiento y experiencia una visión de cómo vemos nuestra sociedad, nuestras ciudades, y nuestra tecnología en un plazo de 5 años teniendo en cuenta la normativa existente y su aplicación.

 

25 y 26 de julio 2020.  IV Congreso Internacional Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos: estado actual.

Valencia. Formato presencial y online. 

 

17 y 18 de septiembre 2020. XVIII Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social “La Economía Social: herramienta para el fomento del desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades. Barcelona

Se estructurará en 8 talleres generales y 17 talleres temáticos paralelos, en los que se recopilarán los debates actuales, científicos y prácticos, en torno a la economía social, entre ellos el papel hacia el logro de la Agenda 2030 de naciones Unidas, y la contribución a un mundo más igualitario. 

 

 

Diccionario panhispánico del español jurídico. Edición en línea.

La Real Academia Española ha presentado de la mano de su director Santiago Muñoz Machado la primera compilación léxica especializada en Derecho accesible a través de internet. Es un diccionario de la lengua del Derecho que pretende recoger el vocabulario en todos los países de habla hispana con definiciones breves, pero con la máxima información. Han participado en su elaboración 400 profesionales lingüistas, jueces, profesores y letrados. Su objetivo es hacer accesible el lenguaje jurídico. Su uso es sencillo:  tras incluir el término que se quiere consultar se obtiene tanto la definición como diferentes ayudas con marcas que establecen la disciplina a la que pertenece esa voz. También aparece la ley en la que puede aparecer ese término e incluso el apartado del texto legal en el que se recoge.

 

AUTORES: