"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad
“Los derechos humanos de las personas con discapacidad en España son todavía un dolor agudo y crónico, porque es algo que no está resuelto”
La presidenta de la Fundación Aequitas ha reclamado dejar atrás los procesos de incapacitación para hablar del derecho a la provisión de apoyos
16/11/2017
David Martínez
El presidente del CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado este jueves que “los derechos humanos de las personas con discapacidad en España son todavía un dolor agudo y crónico, porque es algo que no está resuelto”. Así lo ha puesto de relieve durante su intervención en el ‘I Congreso nacional del derecho de la discapacidad’, que se celebra del 15 al 17 de noviembre en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx, y que cuenta con la participación de una veintena de ponentes y la asistencia de más de 200 personas.
Eso sí, ha advertido de que “la Convención se juega sus síes y sus noes en el terreno de los estados, que son los sujetos primordiales en el derecho internacional, y también, aunque en menor medida, en las organizaciones supranacionales como la Unión Europea”, que pese a que ha ratificado la Convención, “está muy lejos” de aprobar algo similar a nivel europeo.
Centrándose en España, el presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad ha enumerado algunos de los ejemplos “más lacerantes y discriminatorios” para las personas con discapacidad que siguen estando vigentes en el Derecho español. Entre ellos, ha subrayado la práctica de esterilizaciones forzosas que sufren principalmente mujeres y niñas con discapacidad; la falta del derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad; la privación de libertad por razón de enfermedad mental, y la segregación de personas con discapacidad en ámbitos como el educativo por la falta de un único modelo inclusivo.
La institucionalización de personas con discapacidad por falta de apoyos que faciliten su vida en comunidad; la falta de apuesta por la accesibilidad universal, y destinar suficientes recursos públicos con coste económico para la discapacidad son otros aspectos detallados por Pérez Bueno, que ha exigido también que si se reforma la Constitución se eleven a categoría de fundamentales los derechos sociales.
Apoyos a la toma de decisiones
En su opinión, la incapacitación supone en muchos casos “la muerte civil de la persona con discapacidad”. En este sentido, ha recordado que la Convención obliga a los países a aprobar leyes que respeten dicho tratado, algo que no sucede cuando al modificar la capacidad legal de una persona se le priva del ejercicio de múltiples derechos.
A este respecto, Almudena Castro-Girona, notaria y presidenta de la Fundación Aequitas, ha destacado la importancia del artículo 12 de la Convención, que recoge que “no se puede sustituir la capacidad jurídica de una persona, sino que debe tener los apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos”. Además, ha lamentado que hayan transcurrido más de diez años desde que se aprobó la Convención y no se haya modificado el Código Civil.
Igualmente, ha criticado que todas las personas con discapacidad que pasan por un proceso de incapacitación ven “cómo se les trata con un criterio único, pese a que no hay dos personas iguales”. Por ello, ha añadido que el ordenamiento jurídico español está todavía “en las antípodas” de la Convención y ha reclamado que se corrija esta situación cuanto antes, mejorando la formación de los operadores jurídicos y “empezando por cambiar el nombre, dejando de hablar de términos como incapacitación, para referirnos al derecho a la provisión de apoyos, evitando judicializar la vida de las personas”.
El ‘I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad’ ha sido organizado por el CERMI, La Fundación Derecho y Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad. Cuenta además con el patrocinio de Garrigues, Conselleria de Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Elche, Hidraqua, Universidad Miguel Hernández de Elche, Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación Juan Peran Pikolinos, Ibidem Law & Strategy, ilustre Colegio de Abogados de Elche y la Fundación Æquitas.
