Parlamento

Discapacidad y Comisión de Justicia

Por José Miguel Castillo Calvín, Portavoz de Justicia del GPP

27/09/2012

Desde el comienzo de la legislatura, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, viene manteniendo un diálogo fluido con el movimiento asociativo de la discapacidad, para avanzar en diversas propuestas legislativas en relación con la protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Fruto de este proceso de interlocución, y en lo que respecta al ámbito de competencia de la Comisión de Justicia, se están trabajando diferentes iniciativas, entre las que podemos destacar la Proposición no de Ley presentada por el GPP el pasado mes de junio para su debate en el Pleno de la Cámara, por la que se insta al Gobierno a que remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico, para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás, en todos los aspectos de la vida. Se pretende que dicho proyecto de ley, establezca las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que los precisen.

También podemos anunciar, que desde el GPP estamos ultimando una proposición no de Ley, para que el Gobierno regule mediante ley orgánica, la medida de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.

Esta propuesta me compromete especialmente, pues toma su  fundamento en la reciente Sentencia de dos de julio de 2012, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que otorga el amparo solicitado en el recurso que en su día presenté en mi condición de letrado en nombre de mi cliente, y que declara que se trata del primer recurso de amparo en el que se enjuicia desde la óptica del derecho fundamental a la libertad personal, un caso de internamiento psiquiátrico urgente, con las peculiaridades que éste presenta en nuestro ordenamiento al acordarse sin control judicial.  

Por ello, el Tribunal Constitucional, al considerar que el colectivo al que afecta esta medida es con alguna frecuencia el de las personas con discapacidad mental, al cual califica con razón de “especialmente vulnerable”, entiende que “confiere a esta materia una innegable importancia social”, e insta al legislador a que a la mayor brevedad posible, proceda a su regulación mediante ley orgánica.

En la agenda inmediata de la Comisión de Justicia, se encuentra la reforma del Código Penal, actualmente en fase de informe previo a la redacción de un anteproyecto de ley orgánica que, como ha anunciado el Gobierno, prevé la desaparición de las expresiones “incapaz” y “minusvalía” del texto del Código Penal, la configuración legal de un nuevo concepto de “personas con discapacidad de especial protección” en el ámbito del Derecho Penal, así como el cambio de regulación en materia de esterilización forzosa, con la finalidad de acercar la legislación punitiva española a los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Discapacidad, ratificada por nuestro país.

Para terminar, creo interesante recordar en estas breves líneas, que la propuesta del CERMI al proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles quedó plasmada legislativamente, con aceptación de todos los Grupos Parlamentarios, agregándose así al texto inicial un mandato para que se asegure la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en este tipo de procedimientos. Con estas medidas de garantía, La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, permite que la mediación se convierta en un medio de solución de controversias abierto y eficaz para las personas con discapacidad.

Tratamos pues de que con nuestra labor parlamentaria en la Comisión de Justicia, podamos conseguir avances útiles y relevantes, que mejoren nítidamente la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con lo que ordena el tratado internacional de la discapacidad, y con los que el Grupo Parlamentario Popular se encuentra plenamente comprometido.