En esta jornada, que llevaba como título ‘Conversatorio sobre consumo inclusivo. El enfoque inclusivo como elemento determinante del Gobierno Abierto’, el CERMI instó a eliminar las causas que provocan mayor exclusión en los consumidores con discapacidad con el objetivo de hacer efectiva la responsabilidad en el consumo.

 

El objetivo de la jornada, moderada por la directora ejecutiva de CERMI, Pilar Villarino, buscaba señalar el enfoque inclusivo como elemento determinante del gobierno abierto y subrayar medidas para garantizar la participación de las personas consumidoras con discapacidad.

 

El acto de apertura contó con las voces de la directora general de Gobernanza Pública del Ministerio de Función Pública, Clara Mapelli, el vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, y la vicepresidenta del CERMI, Concepción Díaz Robledo, quien destacó que garantizar que toda ciudadanía sin excepción pueda acceder a la información pública y a los bienes y servicios, promueve la confianza en las políticas públicas. Además, añadió que “consumir es decidir y tener las herramientas y recursos para tomar esas decisiones”. “Tener una mirada inclusiva a la hora de diseñar las leyes y los bienes y servicios, supone potenciar la autonomía de las personas con discapacidad” ha concluido.

 

Por su parte, Carlos Susías, puntualizó que posicionar a la ciudadanía en el centro pasa por atender la accesibilidad. “La inclusión tiene que ver con la libertad”. “Desde la PTS valoramos positivamente la puesta en marcha de un plan de comunicación inclusivo donde se enmarcan actividades como esta jornada”, añadió.

 

Para finalizar, Clara Mapelli destacó que son muchas las personas que en un entorno de creciente digitalización se encuentran en inferioridad de condiciones para desarrollar sus derechos. “Además de todas las ventajas, la tecnología también crea una creciente desigualdad social, por lo que es necesario promover la inclusión social como un ejercicio efectivo para situar a la ciudadanía en el centro”, afirmó. También repasó los compromisos, iniciativas y acciones en materia de comunicación inclusiva que se realizan desde el gobierno para informar, sensibilizar y concienciar.

 

 

Ángeles Blanco, miembro de la comisión de Consumo Inclusivo del CERMI, abordó la cuestión de la comunicación inclusiva como elemento clave en la protección de las personas con discapacidad consumidoras. Durante su intervención, aseguró que “cuando hablamos de inclusión hablamos del ejercicio de los derechos de todos los consumidores”. Asimismo, Blanco puso el foco en las personas con parálisis cerebral e hizo referencia a situaciones reales en las que se han visto vulnerados sus derechos.

 

De la misma manera, el técnico asesor de la ONCE, Francisco Martínez Calvo, habló sobre el etiquetado en braille como una buena práctica de colaboración entre la sociedad civil y la administración pública. Uno de sus mensajes principales fue que la accesibilidad universal es el elemento esencial para la participación ciudadana en los asuntos públicos. “El etiquetado braille no es algo caprichoso, es un derecho de todo consumidor”, añadió.

 

En un segundo bloque se abordó el tema sobre la brecha digital. En él, participó Álvaro García Bilbao, como presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI, poniendo el foco en las personas con discapacidad mayores ante la creciente digitalización. Durante su intervención, puso de relieve la situación a la que se enfrentan las personas con discapacidad mayores mostrando datos actuales. “Cuando a la edad y al género se le asocia la discapacidad, la situación se ve agravada y aumenta el riesgo de exclusión”, lamentó. Entre sus peticiones, García Bilbao propuso elaborar políticas que mejoren este tipo de situaciones.

 

Este segundo bloque finalizó con la intervención del secretario general de la Plataforma de Mayores y Pensiones (PMP), Miguel Ángel Cabra, quien enfocó su discurso en las demandas de las personas consumidoras vulnerables en materia de inclusión financiera. En este sentido, Miguel Ángel Cabra manifestó su indignación por la situación actual en las entidades financieras: “no se puede seguir discriminando a las personas mayores y a ningún colectivo”. Según su explicación, el problema está en que no se ha hecho una transición efectiva: “nos han impuesto la tecnología de repente, y quien no domina o no tiene acceso se convierte en una persona obsoleta socialmente”. Por ese motivo, desde la PMP piden “que haya un referente para personas mayores y aquellas que lo necesiten, además de abrir las oficinas al público”. 

 

Del mismo modo, Marina Rojas, representante de la ONCE y miembro de la comisión de consumo inclusivo del CERMI, afirmó que “muchas personas con discapacidad nos enfrentamos a diversos obstáculos que dificultan nuestra autonomía por falta de inclusividad y accesibilidad de los servicios”. De hecho, Marina Roja explicó que en su caso “son muchas las ocasiones que no puede utilizar los cajeros automáticos por ser táctiles, algunos ascensores, o simplemente ir a un hospital sin arriesgarse a perder el turno porque ahora todo funciona mediante pantallas”. “No pedimos un trato preferente ni diferente, simplemente acceder a los mismos servicios con igualdad de condiciones”, aclaró.

 

La coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, protagonizó un espacio dedicado a las mujeres con discapacidad y acceso a bienes de consumo, en el que destacó la importancia de incluir la perspectiva interseccional en todos los aspectos que conciernen a las personas con discapacidad. En este sentido, recordó que las prácticas de consumo también reproducen las desigualdades sociales, y en el colectivo de mayores “encontramos a mujeres con discapacidad que tienen acceso limitado a los servicios”. De hecho, Caballero explicó que los aspectos que influyen en el nivel de exclusión en el colectivo de las mujeres con discapacidad son la brecha digital, el nivel socioeconómico, la pobreza energética, la persistencia de estereotipos machistas y la violencia de género.

 

 

El conversatorio también contó con testimonios en primera persona. En esta sección intervino Santiago Duhalde Bartolucci, representante de Fiapas, quien suscribió lo anteriormente mencionado, ya que la falta de accesibilidad también afecta de la misma forma al colectivo de personas con discapacidad auditiva, por lo que aseguró que “contar con los medios de accesibilidad y los recursos de apoyo es fundamental para que los derechos se puedan ejercer de manera plena”.

 

Otro de los testimonios fue el de Silvia la Fuente, que tiene parálisis cerebral, quien relató que “cuando llama por teléfono a un taxi tiene problemas con la telefonista, porque no le entienden y cuelgan, y cuando va a la parada el taxista tampoco le llevan por la misma razón. Lo que le obliga a ir caminando. Lo mismo sucede cuando llama al hospital, restaurante o tienda”. “Yo no existo para la sociedad, y todo porque no me entienden”, aseguró.

 

La clausura de esta primera actividad del proyecto ‘Gobierno Abierto: para todas las personas’ corrió a cargo de la directora de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes, quien subrayó “la necesidad del principio de inclusión para conseguir un sistema democrático igualitario”.

 

Fuente: Plataforma del Tercer Sector