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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 11 de julio de 2014cermi.es semanal Nº 131

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista

Antonio Guillén, presidente de COCARMI

“Todos los gobiernos continúan considerando que las políticas sociales son gasto y no inversión”

07/07/2014

Blanca Abella

Las decisiones políticas adoptadas durante la crisis no han priorizado las políticas sociales ni han tenido en cuenta la repercusión tan negativa que los recortes ocasionan a las personas con discapacidad. Así opina el nuevo presidente de COCARMI, quien hace responsables de estas políticas tanto al gobierno central como al autonómico, que al parecer no son conscientes de que las políticas sociales contribuyen al ejercicio del principio de igualdad de oportunidades y ayudan a construir una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.

Antonio Guillén, presidente de COCARMIComo nuevo presidente del Cocarmi ¿cuáles son sus proyectos y la línea de trabajo que piensa afrontar en esta etapa?
 
En primer lugar, me he propuesto conseguir una mayor unión y representación de todo el colectivo de la discapacidad en el COCARMI. No olvidemos que en Catalunya hay más de 500.000 personas con algún tipo de discapacidad reconocida, una cifra que da sentido a una entidad como el COCARMI. Además, daré continuidad a proyectos iniciados en el período anterior, como el CODISCAT (Consell de la Discapacitat de Catalunya), para que se convierta en un verdadero instrumento de trabajo compartido con la Administración. El CODISCAT nos deberá permitir tener una interlocución directa y periódica sobre las necesidades de las personas con discapacidad y sus posibles soluciones, sin olvidar la necesidad de recuperar los derechos perdidos como consecuencia de los recortes; al mismo tiempo que incidiremos en cómo afrontar la recuperación económica basándonos en la lista de medidas recogidas en la Hoja de ruta que presentamos al presidente Mas hace dos años.
 
El Gobierno de la Generalitat aprobó la creación de un grupo de trabajo para avanzar en la creación de este Consejo de la Discapacidad de Cataluña. ¿Se ha avanzado algo?, ¿qué puede aportar un organismo como este?
 
El Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) será un órgano colegiado que velará por la transversalidad de las políticas de promoción de la autonomía personal y de la atención a las personas con discapacidad, en todas aquellas  actuaciones que dependan de la Generalitat.
 
Estamos trabajando conjuntamente con el Govern en el Decreto de creación del CODISCAT y su reglamento y hay un principio de acuerdo sobre la composición de éste. Actualmente, está en tramitación gubernamental y prevemos que se apruebe antes de fin de año.
 
Los recortes han traído más pobreza, marginación y exclusión, sin olvidar las desigualdades que ya existían antes, tal y como exponía el Cocarmi en el manifiesto del día de la discapacidad. ¿Se han olvidado las políticas sociales con la excusa de la crisis como si fuera algo prescindible?
 
El colectivo de personas con discapacidad ha sido fuertemente castigado los últimos años por las diferentes decisiones que se han tomado por los gobiernos central y autonómico, que han supuesto recortes a la dependencia, a las políticas activas de ocupación, nuevos copagos...
 
En este sentido, no se pueden considerar olvidos, sino de decisiones políticas adoptadas en un contexto de crisis económica, donde no se han priorizado las políticas sociales ni se ha tenido en cuenta la repercusión tan negativa que dichos recortes ocasionan a las personas con discapacidad.
 
Afirmaban también en el manifiesto que la apuesta por los servicios sociales es una obligación de todo gobierno, y no es un gasto, es una inversión ¿opina lo contrario el gobierno catalán a la vista de los hechos?
 
Todos los gobiernos, tal y como estamos viendo por la gestión de la crisis, continúan considerando que las políticas sociales son un gasto y no inversión, a pesar de que se ha demostrado el retorno que significa para la sociedad invertir en la integración de la discapacidad. Destinar más recursos a políticas sociales contribuye al ejercicio del principio de igualdad de oportunidades, y ayuda a construir una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada. Es necesario incidir en este cambio de mentalidad y así lo haremos desde COCARMI.
 
El problema de las deudas o impagos a las entidades de la discapacidad que se acumularon en estos años de crisis, ¿se ha solucionado ya o siguen pendientes algunos pagos? 
 
Desgraciadamente los problemas financieros de la Generalitat aún no han permitido recuperar estos importes, aunque creemos que durante este año el tema pueda quedar resuelto; así lo venimos reclamando en cada reunión que tenemos con el Govern de la Generalitat.
 
La educación inclusiva ha sido una de las grandes perjudicadas ya que ha descendido la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios hasta un 62%, ¿cree que se debe también a un tema económico o a otra razón?
 
El modelo de educación de Catalunya se basa en el principio de la escuela inclusiva. Aún así, es cierto que en los últimos años este derecho se ha visto gravemente afectado por las restricciones presupuestarias, especialmente en la dotación de recursos y personal de apoyo, que ha afectado negativamente al despliegue de dicho principio. 
Antonio Guillén, presidente de COCARMI
Por otro lado, es importante resaltar que el principio de educación inclusiva está regulado por un reglamento del año 1997, que no tiene en cuenta los progresos de la última década y media. Además, no se han aplicado las mejoras previstas por la Llei 12/2009 d'educació, como la prestación de servicios y programas por parte de los centros de educación especial de apoyo a la escolarización de los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios.
 
Las políticas de empleo no se impulsan y además se recortan ayudas, la ley de autonomía personal está casi paralizada, los centros de día y atención especializada también han sufrido recortes... ¿hay algún aspecto o ámbito que todavía puede resultar perjudicado?
 
Los recortes en políticas activas de empleo y en dependencia, llevados a cabo por el gobierno del Estado, por un lado, están paralizando las políticas de autonomía personal, y por otro, impidiendo la inserción laboral de las personas con discapacidad, bien porque no se permite la creación de nuevas plazas en nuevos Centros Especiales de Empleo pero tampoco en los ya existentes. Por otra parte, no se facilita la integración en la empresa ordinaria de las personas demandantes de empleo.
 
Además, las insuficiencias presupuestarias de la Generalitat de Catalunya también han repercutido en los servicios que se prestan en los centros de día y atención especializada. En estos casos, se han reducido los efectos de los recortes con acuerdos de flexibilización de ratios entre la Administración y las entidades gestoras de los centros.
 
Uno de los efectos inmediatos de todos estos recortes es que las personas con discapacidad se quedan en casa. De nuevo la exclusión y la invisibilidad. Con lo que costó llegar, ¿cuándo cree que se podrá recuperar todo lo perdido?
 
En Catalunya no hemos detectado que haya un incremento de las personas que se quedan en casa, ya que no hemos dejado de ver a las personas con discapacidad participando en cualquier tipo de actividad comunitaria; aunque es cierto que tienen mayores dificultades, a pesar de todo no se ha llegado a esta situación.
 
En cuanto a la recuperación de todo lo perdido, sería deseable que las fuerzas políticas consensuasen el regreso, lo antes posible, a los niveles de servicios que había antes de la crisis 
 
Qué ha ocurrido con la ley de accesibilidad. ¿Qué esperanzas tienen depositadas en la misma?
 
En la elaboración de la ley de accesibilidad han podido participar todas las federaciones integradas en COCARMI. Hemos  comparecido ante el Parlament de Catalunya para expresar libremente nuestra opinión ante los diputados de las diferentes fuerzas políticas. 
 
Hay un amplio consenso entre las entidades de COCARMI para que esta ley mejore el texto vigente. La nueva ley de accesibilidad es más comprensiva, ya que tiene en cuenta todos los colectivos: las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas con otro tipo de diversidad funcional. Aunque pasa de puntillas por el acceso a las comunicaciones, ofrece modernidad terminológica y, además, contempla un régimen sancionador.
 
Actualmente el proyecto de ley está en la última fase del trámite parlamentario. Una vez concluido el proceso, vendrá la elaboración del código de accesibilidad que desarrolle la Ley, momento en el cual podremos hacer una valoración definitiva.
 
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