Entrevista

José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía

“El Estado del bienestar no ha sido la causa de la crisis”

06/07/2012

Blanca Abella

Andalucía quiere ser más eficaz con menos y ha encarado los ajustes presupuestarios priorizando el empleo y la igualdad, como eje central de todas sus políticas. El presidente andaluz asegura, sin embargo, que es muy complicado mantener derechos esenciales cuando el Gobierno de España recorta el presupuesto. En esta Legislatura se proponen seguir trabajando por avanzar en derechos sociales, sin olvidar que la atención a la dependencia, la sanidad y los servicios sociales son las políticas que más empleo generan.

Andalucía presume de ser una de las comunidades autónomas más aventajadas en política social. ¿Podrá mantener ese estatus a pesar de ser también una de las comunidades más castigadas por la crisis, según datos económicos y de empleo?, ¿cómo lo harían?
La crisis no puede servir de coartada para desmantelar el Estado del Bienestar y hacer negocio a su costa. En Andalucía no nos resignamos a que la solución a la crisis la paguen los ciudadanos renunciando a los derechos sociales que tanto esfuerzo nos ha costado conquistar.

La idealizada austeridad no puede arrasar con la sanidad universal, la educación pública o la asistencia a los dependientes. Es socialmente injusto, e ineficiente desde el punto de vista económico, que el Gobierno central imponga la reducción del déficit público como prioridad, porque con menos gasto público solo se consigue más paro y más desigualdad.

El Gobierno andaluz trabaja día a día por la igualdad de oportunidades a la que debe tener derecho cualquier ciudadano. Y una muestra más de ello es la manera en que nuestra comunidad está implementando los ajustes impuestos por el Gobierno de España.

"Andalucía marca la diferencia en relación a lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas"

En Andalucía nos hemos propuesto cumplir con la reducción del déficit público que nos exige el Gobierno central lesionando lo menos posible los derechos de la ciudadanía. Teniendo en cuenta el escaso margen de maniobra de que disponemos, ya que el 90% de los recortes son imposiciones del Gobierno de Rajoy, en Andalucía nos hemos fijado tres ejes fundamentales para alcanzar la estabilidad presupuestaria: la protección del empleo público evitando despidos, la no privatización de servicios fundamentales como la sanidad y la educación y seguir priorizando la educación.

Con esta hoja de ruta, Andalucía marca la diferencia en relación a lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas. Frente al despido masivo, la privatización de hospitales y los recortes en educación que se están llevando a cabo en las comunidades gobernadas por el PP, en Andalucía hemos encarado los ajustes presupuestarios priorizando el empleo y con la igualdad como eje central de todas nuestras políticas.

Si fueran necesarios los recortes presupuestarios, ¿llegarían a afectar a las políticas sociales?, y ¿a la discapacidad?
La crisis económica internacional debe ser una oportunidad para construir un modelo económico más sostenible, justo y equitativo; que no pasa por renunciar al Estado del bienestar porque éste no ha sido la causa de la crisis, aun-que algunos insistan en vincularlo.

En esta Legislatura vamos a seguir trabajando por avanzar en derechos sociales, también en materia de discapacidad. No olvidemos que la atención a la dependencia, la sanidad y los servicios sociales son las políticas que más empleo generan. El desarrollo del sistema de atención a la dependencia en Andalucía ha permitido la creación de más de 50.000 empleos en el sector, con una característica esencial: son empleos estables y no deslocalizables. Y yo destacaría los más de 17.000 profesionales que trabajan en el servicio de ayuda a domicilio.

Lo que hemos de lograr, y en eso estamos, es activar fórmulas de gestión que nos permitan ahorrar sin recortar derechos, ser más eficaces con menos. Y en Andalucía tenemos amplia experiencia en esto, sobre todo en sanidad, merced a iniciativas pioneras como la prescripción por principio activo, la generalización de la cirugía mayor ambulatoria o la central de compra.

"En Andalucía invertimos más de 3 millones de euros diarios en dependencia y hemos invertido más de 4.000 millones de euros en el desarrollo de la Ley desde su implantación"

No obstante, es muy complicado seguir manteniendo derechos, que entendemos como esenciales, cuando desde el Gobierno de España se recorta el presupuesto. El Gobierno de Rajoy no sólo ha paralizado la entrada en vigor de un nuevo grado de la Ley de Dependencia, sino que también ha reducido considerablemente su aportación económica. Y ha castigado, muy especialmente, a las comunidades autónomas que mejor desarrollan la ley, como es el caso de Andalucía. De hecho, nuestra comunidad ha visto reducida la aportación estatal a esta ley en más de 70 millones de euros, lo que va a perjudicar a más de 40.000 andaluces.

Está claro que la atención a las personas con dependencia nunca fue una prioridad del Partido Popular. Mientras, en Andalucía invertimos más de 3 millones de euros diarios en dependencia y hemos invertido más de 4.000 millones de euros en el desarrollo de la ley desde su implantación.

En cuanto  a la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, ¿seguirán manteniendo la misma disposición que hasta ahora? ¿Qué medidas tomarán para que no se retroceda en este aspecto?
El compromiso con el desarrollo de la Ley de Dependencia permanece intacto en Andalucía pese a las serias dificultades que atravesamos. Hay que dejar bien claro que no se trata de ningún capricho, sino de una necesidad real que ha dignificado y mejorado enormemente las condiciones de vida de miles de pacientes y familiares, además de crear muchos puestos de empleo.

Varios años después de su entrada en vigor, Andalucía sigue representando más del 25% de las personas atendidas en España, cuando nuestro peso poblacional es del 18%. Y más de la mitad de la ayuda a domicilio que se presta en todo el país a este colectivo se lleva a cabo en Andalucía.

Hemos liderado, desde 2007 con el inicio de la ley, la atención a personas en situación de dependencia en España. A fecha 1 de junio de 2012 hay más de 196.000 personas beneficiarias y 295.500 prestaciones concedidas. Es un claro ejemplo de que el Gobierno andaluz no está por dejar en papel mojado, como sí lo está haciendo el Gobierno de Rajoy, una ley que ha sido una con-quista en toda regla para miles de personas.

 "Somos conscientes de que se están produciendo problemas puntuales de tesorería que estamos trabajando para solucionar lo antes posible" 

Las deudas o pagos atrasados que mantienen las administraciones andaluzas con las entidades de la discapacidad pueden suponer el cierre de importantes servicios e incluso de algunas entidades, ¿se van saldando esas deudas?, ¿qué puede hacer para que sea así?
La situación económica es muy complicada y la administración autonómica no es ajena a estas dificultades. Somos conscientes de que se están produciendo problemas puntuales de tesorería que estamos trabajando para solucionar lo antes posible. Estamos tan interesados como estas entidades en que todo se resuelva de la mejor forma posible, y aprovecho para expresarles mi reconocimiento por la labor que desempeñan y por la mejora que aportan a la calidad de vida de las personas con discapacidad.

"Andalucía destaca por tener uno de los sistemas educativos más integradores de Europa"

La educación es la principal política económica. La educación de hoy es el PIB de mañana. Así lo afirman en su página web. En el caso de la discapacidad, la educación inclusiva es el mejor camino para alcanzar esos objetivos. ¿Apuesta la nueva Consejería de Educación por este proyecto?
Efectivamente, el Gobierno andaluz sitúa a la educación en el centro de la política económica. Por ello la educación seguirá siendo la prioridad en esta nueva legislatura y por ello vamos a concentrar los esfuerzos en mejorar la formación de nuestro capital humano, potenciando valores como la equidad, la innovación, la creatividad, el esfuerzo y el emprendimiento.

Andalucía destaca por tener uno de los sistemas educativos más integra-dores de Europa. La seña de identidad de la escuela andaluza es la equidad y vamos a mantener nuestra apuesta por este modelo inclusivo que profundiza en la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

La educación no es un gasto sino la mejor inversión de futuro. En Andalucía no hemos dado ni un paso atrás en derechos y servicios educativos, pese a los recortes impuestos por el Gobierno central que parece no conceder a la educación pública el valor central que tiene para nosotros.

Y en la universidad, a la que aún accede una minoría de estudiantes con discapacidad, ¿fomentarán su acceso, presencia y el aprovechamiento de las capacidades de estos estudiantes?
Las universidades públicas de Andalucía, conscientes de las dificultades con las que se encuentra este colectivo, cuentan con programas específicos que proporcionan apoyo humano y técnico a los estudiantes con problemas auditivos, visuales o físicos. Su objetivo es facilitar una mayor inserción y participación dentro de todo el ámbito académico andaluz, en la creencia de que con ello ayudamos a hacer realidad la igualdad de oportunidades, una de nuestras máximas prioridades.

En cuanto a las infraestructuras universitarias, éstas cumplen con la normativa sobre accesibilidad y eliminación de barreras y se han establecido protocolos especiales para los distintos casos recogidos, entre otras iniciativas.

En definitiva, hemos dado los pasos esenciales, más los que habrán de llegar, para que cualquier alumno o alumna con discapacidad pueda acceder a la universidad y desarrollar al máximo su potencial. No podemos perdernos esos talentos, esas ganas, ese afán de superación que a menudo manifiestan quienes doblegan la adversidad para alcanzar sus sueños.

 "Perseveraremos en esta línea para garantizar que todos y todas, con o sin discapacidad, puedan tener la oportunidad de acceder a un empleo público y, por tanto, de desarrollar sus potencialidades" 

En cuanto al empleo, fundamental también en la inserción de cualquier persona, ¿tiene previsto su Gobierno algún tipo de actuación para avanzar hacia la garantía de reserva del 2% del empleo en las empresas? ¿Cómo podría, en definitiva, fomentar el cumplimiento de la reserva de empleo que se contemplaba ya hace 30 años en la LISMI? ¿Y en el empleo público?
La garantía de reserva del 2% del empleo destinada a las personas con discapacidad es una competencia que corresponde a la Inspección de Trabajo, un cuerpo adscrito al Ministerio de Empleo. No obstante, la Junta de Andalucía, como coordinadora del plan anual de actuaciones y objetivos de la Inspección de Trabajo en nuestra comunidad, impulsa en cada plan anual la puesta en marcha de un bloque de actuaciones específicas para vigilar la integración laboral de las personas con discapacidad.

En el ámbito de la Administración Pública, se han venido dando avances significativos a través de sucesivas leyes. El último avance se debe a la Ley 26/2011, que ha elevado el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad hasta el 7%, además de establecer que un 2% de las va-cantes han de ser para personas que acrediten discapacidad intelectual. Perseveraremos en esta línea para garantizar que todos y todas, con o sin discapacidad, puedan tener la oportunidad de acceder a un empleo público y, por tanto, de desarrollar sus potencialidades.

Los Parlamentos de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria y Murcia han dado voz a la discapacidad al crear una comisión específica, ¿cree que será posible crear de nuevo una Comisión de Discapacidad en el Parlamento andaluz, como ocurrió en le Legislatura 2004-2008?
Durante ese periodo se estaban asentando las políticas dirigidas a las personas con discapacidad. Aquello marcó un punto de inflexión que nos permitió pasar de la teoría a los hechos, a las políticas activas e integrales. Desde entonces, la apuesta es por una política de carácter integral y transversal, que abarque todos los aspectos de la acción de gobierno.

En la actualidad, mantenemos el compromiso de ofrecer una atención integral y de calidad a través del desarrollo de tres importantes planes integrales: el II Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad 2011-2013, el I Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad 2008-2013, y el Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad 2007-2013. Como he dicho, estamos en una fase de acción integral y directa que ocupa y preocupa a todo nuestro Gobierno.

En cualquier caso, ¿el Gobierno andaluz tiene en agenda la interlocución con las entidades de la discapacidad, como el CERMI?
El movimiento asociativo ha desempeñado un papel clave para configurar las políticas diseñadas por y para las personas con discapacidad. La inter-locución entre el Gobierno andaluz y las asociaciones y organizaciones se ha venido articulando desde el año 2000 a través del Consejo de Atención a las Personas con Discapacidad, en cuyo seno se dialoga, analiza y avanza en las necesidades específicas de estos colectivos. Juntos, de la mano, es como seguiremos mejorando la situación de las personas con discapacidad en términos de equidad social.

"Explicar la evolución de las políticas de atención a la discapacidad no es posible sin hablar del tercer sector"

¿Cómo valora el trabajo del tercer sector, los servicios que ofrece y, no menos importante, su talante constructivo, de cooperación, a la vez que crítico, con los gobiernos y responsables políticos?
Explicar la evolución de las políticas de atención a la discapacidad no es posible sin hablar del tercer sector. Ha sido un desarrollo paralelo de es-fuerzo y cooperación en los últimos 30 años entre la Administración y este tercer sector, lo que ha posibilitado un salto cualitativo y cuantitativo enor-me, el que ha mediado de prestar una asistencia de beneficencia a las personas con discapacidad al de ofrecerle, como hacemos ahora, unas políticas integrales que han mejorado muchísimo su calidad de vida. Se trata, pues, de un sendero conjunto de colaboración del que no debemos apartarnos porque está dando