"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Isabel Martínez, secretaria general de Política Social y Consumo
“El estado del bienestar no es insostenible ni está en juego”
08/11/2011
Blanca Abella
Isabel Martínez asegura que Europa no saldrá de la crisis con menos cohesión social. Hay que seguir trabajando, porque en materia de igualdad de oportunidades, todo lo que sea pararse significa retroceso y porque los derechos sociales y el estado del bienestar no son políticas sólo para tiempos de bonanza, son también importantes en situaciones de crisis.
Confiesa en esta entrevista que lamenta, incluso personalmente, no haber logrado sacar adelante la Ley de Igualdad de Trato, porque se trata de una norma que establece pautas para un modelo de sociedad más igualitario y un instrumento más para la maduración democrática de nuestro país.
A pocos días de las elecciones, quizá en primer lugar sería conveniente realizar un balance de las políticas en materia de discapacidad que este Gobierno ha sacado adelante.
Sería un balance positivo por muchos motivos. Hemos avanzado significativamente en todo el marco legislativo que después de la Convención de la ONU garantiza que esos derechos sean una realidad. Se ha instrumentalizado a través de la Ley de adaptación de la Convención, pero también a través de otros reales decretos. Hemos solucionado también algunas reivindicaciones históricas del movimiento de la discapacidad, como era la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y se han introducido muchas modificaciones que son un paso trascendental en materia de garantía de derechos y accesibilidad. Prácticamente hemos avanzado en todos los ámbitos de la Ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad; en la accesibilidad a bienes y servicios, hemos ampliado el abanico de la participación política y social de las personas con discapacidad con la modificación del real decreto del voto accesible, que da un paso adelante muy significativo; hemos consolidado también el Consejo Nacional de la Dependencia como un órgano de participación vivo y activo; hemos aprobado la Estrategia de Cultura para todos, que también da pasos importantes, y en el ámbito del empleo hemos introducido elementos que garantizan la protección del empleo de las personas con discapacidad en la nueva Estrategia de Empleo que acabamos de aprobar. En todos los ámbitos, también en el de la dignificación y la visibilidad de las personas con discapacidad. El balance es muy positivo, teniendo en cuenta que no podemos quedarnos sólo con los logros normativos, también hemos introducido un importante aumento de los ingresos públicos por parte del Estado, tanto a través del 0,7 por ciento como de las convocatorias que han ido creciendo estos últimos años. Sin embargo, eso no significa que no queda nada que hacer, ahora hay que conseguir que esos avances en las leyes se traduzcan en políticas concretas.
¿Cuáles son los temas en los que trabajan ahora?
Uno de los retos más importantes que tenemos por delante es el ámbito de la educación y del empleo. El factor más determinante para la inclusión social de las personas con discapacidad, evidentemente pasa por la educación, la formación y por el empleo, y en ese sentido, aunque hemos dado un paso importante por la educación inclusiva y ya hay un 16 por ciento de personas con discapacidad que terminan los estudios secundarios, nuestro reto la próxima década tiene que ser, de aquí a 2020 tal y como hemos señalado en la Estrategia de Discapacidad 2012-2020, tiene que ser ampliar el nivel de formación, por lo tanto la empleabilidad de las personas con discapacidad, y vamos por buen camino porque los instrumentos están bien diseñados. En el ámbito de la accesibilidad tenemos que avanzar, aunque ya lo hemos hecho en transportes y en el acceso a edificios públicos, pero hay que seguir avanzando.
En el ámbito del empleo hay que lograr que la reserva del 3 por ciento se cumpla fidedignamente y eso será más fácil a medida que tengamos más personas formadas y medidas activas que sean más eficaces en su gestión. Es decir, todas las personas son capaces de desarrollar cualquier tipo de empleo lo que hace falta es que funcionen bien las medidas activas de empleo para garantizar una salida laboral acorde con las capacidades de cada persona.
Esas son las claves de futuro, educación, empleo y accesibilidad, y por supuesto no dejar de lado la promoción de la autonomía personal, la Ley de Dependencia tiene que seguir desarrollando en el futuro centrándose en un aspecto muy importante, que es la promoción de la autonomía personal y los servicios de atención a la misma desde los primeros momentos de vida de los niños y niñas con discapacidad, y no renunciar a seguir peleando para que la participación social y política sea también prioritaria. Es verdad que hay muchas personas ya en puestos de responsabilidad política en estos momentos, pero tenemos que garantizar que esa visibilidad se produzca en otros ejemplos para otras personas.
"Es muy importante que el CERMI y todo el tercer sector sigan defendiendo este espacio para que la salida de la crisis no sea a costa de aumentar la brecha de desigualdad en nuestro país, y en ese objetivo nos van a encontrar siempre con ellos"
¿Cuáles han sido los temas que desde su secretaría han sacado adelante en estrecha colaboración con el CERMI o entidades de la discapacidad? ¿Cómo valora este trabajo?
Este es un Gobierno que desde sus inicios, 2004, ha tenido una profunda vocación de democracia participada y democracia participativa, y eso se ha notado no sólo en el número de consejo de participación que hemos incrementado y hemos puesto en marcha, sino también en cómo hemos legislado y puesto en marcha nuestras políticas. En el ámbito de la discapacidad no ha habido ninguna norma, ninguna medida, ninguna propuesta que no hayamos debatido con amplitud con el Consejo Nacional de la Discapacidad, como en reuniones informales previamente con el CERMI para poder madurar lo que eran ideas algunas veces por parte del CERMI hacia el Gobierno y otras del Gobierno hacia el CERMI, pero siempre hemos trabajado con una complicidad que ha funcionado muy bien y también tenemos que reconocer que cuando hemos llevado estas iniciativas al Parlamento ha habido un amplio consenso en prácticamente todos los temas. De cara al futuro es muy importante que el consenso social y político que siempre ha habido sobre las medidas de promoción de la igualdad de oportunidades hacia las personas con discapacidad se mantenga y la labor del CERMI es muy importante porque siendo un movimiento muy heterogéneo, con reivindicaciones muy diversas y problemas y necesidades muy diversas, ha logrado en los últimos años ser una voz única del sector y en estos momentos de dificultad hay que reconocer también la responsabilidad del movimiento para colocar las prioridades en el sitio adecuado.
Es una de las entidades con más autonomía y con más capacidad de incidencia social del tercer sector y tiene que seguir siendo así, porque fundamentalmente la crisis no puede dejar en una situación de desventaja a las personas que más dificultades tienen de solucionar los problemas en los que esta crisis nos va a colocar. Es decir, cuando tenemos más dificultades de crecimiento y de empleo, existe el riesgo de crecer de la manera más rápida, que es recortando. Cuando hablamos de derechos sociales y hablamos del estado de bienestar no estamos hablando de políticas en tiempos de bonanza, estamos hablando de políticas que son tan importantes en tiempos de bonanza como en tiempos de dificultad económica. Es muy importante, en ese horizonte, que el CERMI y todo el tercer sector sigan defendiendo este espacio para que la salida de la crisis no sea a costa de aumentar la brecha de desigualdad en nuestro país, y en ese objetivo nos van a encontrar siempre con ellos.
"Esperemos que el consenso social que hemos conseguido con la Ley de Igualdad de Trato sea suficiente para que en la próxima legislatura se pueda aprobar"
¿Cuáles son los temas que se han quedado en el camino, sobre todo al adelantar la fecha de las elecciones?
Lo único pendiente que lamentamos mucho, a mí personalmente me da pena, y lamento que no se haya podido aprobar es la Ley de promoción para la Igualdad de Trato. Es una ley muy ambiciosa, llevamos trabajando muchos años en ella y hemos pactado y trabajado muy intensamente con todo el tercer sector, porque es una ley de mayorías, no es para colectivos tradicionalmente discriminados, establece pautas para un modelo de sociedad más igualitario donde nadie puede discriminar a nadie y donde se señalan una serie de medidas para que las posibles discriminaciones puedan tener una tutela jurídica y una compensación y apoyo por parte de los poderes públicos. Nos faltaban apenas unas semanas para aprobarla y es muy importante para el movimiento de la discapacidad porque es una ley de ciudadanía que establece pautas de convivencia ciudadana y unas reglas de juego basadas en nuestras constitución y en el tratado de la Unión. Es una ley que ofrece muchos instrumentos a favor de la dignidad y el reconocimiento de las personas que, por discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, pueden encontrarse con obstáculos en su vida diaria. Realmente ha sido una pena, es una ley en la que este Gobierno ha puesto mucho cariño y esperemos que el consenso social que hemos conseguido con esta ley sea suficiente para que en la próxima legislatura se pueda aprobar.
"Hemos roto el enfoque asistencial que han tenido todas las normas que se aprobaron en el pasado"
Quizá reforzaría un poco esa idea que prima en el CERMI de enfocar la discapacidad desde la perspectiva de los derechos.
Efectivamente, es una ley de garantía de derechos. Y todas las políticas públicas que nosotros hemos impulsado y la definición de todo el marco normativo que hemos hecho estos años en relación a las personas con discapacidad han estado inspiradas por una filosofía de garantía de derechos, hemos roto el enfoque asistencial que han tenido todas las normas que se aprobaron en el pasado. Si algo ha quedado claro en estos años es que este Gobierno ha apostado por los derechos, por la garantía de derechos y por la efectividad de esa garantía a través de políticas públicas concretas. Ese enfoque que ha estado en todas las normas sectoriales que hemos aprobado, estaba en la ley de igualdad de trato, inspirada también en la directiva comunitaria, que está sobre la mesa pero que en algún momento tendrá que aprobar la Unión Europea, aunque aún no ha conseguido el apoyo de todos los países. Es una ley que ofrece un instrumento más para la maduración democrática de nuestro país.
El ministerio estaba elaborando un informe sobre medio rural y discapacidad ¿tienen ya alguna información o conclusión del mismo?
Todavía está en elaboración. En la Ley de desarrollo rural que aprobó el Ministerio de Agricultura en su momento se contemplan una serie de medidas transversales para generar espacios de bienestar para determinados colectivos. La Ley de Autonomía Personal también ha hecho mucho por las personas con discapacidad en el medio rural porque es una ley de servicios, fundamentalmente, y en el medio rural ha venido a resolver situaciones de necesidad importantes.
Precisamente, hace pocos días se ha hecho público un informe del Gobierno sobre los primeros años de la Ley de Autonomía Personal, según el cual el 80 por ciento de las personas que ya han sido atendidas ponen un notable, pero ¿qué ocurre con todas esas personas que aún no han sido atendidas? ¿Se trata principalmente de personas con discapacidad?
No tenemos ese dato, no es así. Creo La Ley se puso en marcha hace poco más de tres años, en un momento de contención de gastos, complicado, y estoy satisfecha del camino que hemos andado en tan corto tiempo, estamos hablando de un sistema que viene a consolidar el pilar de los servicios sociales. La Ley ha supuesto un paso muy importante, primero porque garantiza un derecho subjetivo, que de cara al futuro es fundamental porque la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida vamos a vivir una situación de dependencia. De cara al futuro hay que trabajar en la promoción de la autonomía personal, con servicios de calidad y profesionales, y adecuarla a las necesidades y demandas de las personas en situación de dependencia. Necesitará una repensada, como todos los sistemas que se ponen en marcha con tanta ambición. Además, se ha hecho con una gran implicación de las administraciones públicas, es verdad que no con la misma decisión de todas las comunidades autónomas, y de todas las instituciones, del tercer sector, también del sector privado, que trabajan en el ámbito de los servicios sociales.
En algunas comunidades autónomas, las asociaciones han visto cómo las ayudas a la discapacidad se han reducido con la puesta en marcha de la Ley de Autonomía Personal.
España es un país con un funcionamiento en la práctica casi federal y no existe conciencia ciudadana de lo que eso significa. Creo que la España de las autonomías ha sido muy positiva y creo profundamente en ella, porque nos ha generado más desarrollo, más crecimiento y más cohesión territorial. Pero es verdad que hay competencias de unas administraciones y competencias de otras y que los ciudadanos también tienen que ser exigentes con sus respectivas comunidades y exigir los servicios que tienen que ofrecerles esas comunidades. El Estado tiene instrumentos y probablemente en el futuro habrá que revisar también que esos instrumentos sean más efectivos o buscar otros. Uno importante sería la reforma del Senado. Probablemente esta Ley de la Autonomía Personal, si hubiera existido una cámara territorial donde se hubiera debatido, habría sido una ley más interiorizada por las comunidades autónomas. Hay muchas reformas que van a mejorar el funcionamiento de las autonomías y así habrá más instrumentos para garantizar la equidad territorial y la equidad del acceso a los servicios, pero de momento sí hemos garantizado que haya equidad en el acceso a la prestación de los servicios. Pero insisto, hay que ser exigentes con cada administración en cada momento.
"Hay muchas reformas que van a mejorar el funcionamiento de las autonomías y habrá más instrumentos para garantizar la equidad territorial, uno de ellos sería la reforma del Senado"
La equidad territorial es otra de las reclamaciones del CERMI, quizás para lograrla sea también importante insistir en la coordinación sociosanitaria.
Hemos elaborado un libro blanco de la coordinación sociosanitaria en el que recogemos los marcos de coordinación sociosanitaria, y las experiencias que ya existen incluso en nuestro país. Ahora bien, nosotros lo defendemos como espacios, sistemas de gestión que tienen que llevarnos a que la persona que necesita de la atención sanitaria y de la social, esté mejor atendida y sin renunciar a tener servicios de mayor calidad. No es simplemente ahorrar costes. Como estamos tan obsesionados con ahorrar costes, algunos piensan que la coordinación sociosanitaria nos va a evitar que un enfermo crónico esté en una cama de un hospital, y no es exactamente así. Habrá que trabajar con las comunidades autónomas en ese tipo de políticas de coordinación, pero en cualquier caso la prioridad y objetivo es una mejor atención, y más eficaz.
Uno de los grandes problemas en torno al empleo de las personas con discapacidad es la inactividad, con un porcentaje aproximado del 65% del total. Requiere una nueva postura frente a las políticas de empleo, el CERMI reclama una nueva ley de inclusión laboral que responda mejor a la realidad actual. ¿Son conscientes, actualmente, de esta necesidad en su secretaría?
Hemos hablado con la seguridad social y la secretaria de empleo para buscar alguna fórmula que pueda acelerar el tránsito de la población inactiva a la activa. A veces las expectativas de empleo de estas personas no parece suficientes y hemos estudiado algunas fórmulas, una de ellas era hacer compatible la pensión no contributiva con determinados empleos y determinados supuestos, pero no hemos terminado de llegar a un acuerdo, está en estudio. Lo que sí ayudaría a reducir esa tasa de inactividad es el fomento de la formación, que también se logra a través de la Fundación y también esperamos encontrar fórmulas de compatibilidad, sobre todo en un periodo de tránsito, porque todo esto se irá superando en la medida en que tenemos personas más formadas y preparadas.
"Tenemos que seguir avanzando dentro del estado del bienestar en otras fórmulas de colaboración y de cooperación público-privadas donde no figure el ánimo de lucro"
Ante la crisis, una de las cuestiones que se plantea el tercer sector es la necesidad de cambiar el sistema de financiación e intentar rebajar la dependencia de las subvenciones, ¿qué opina usted?, ¿no cree que estas entidades están cumpliendo un papel social que los Gobiernos deben seguir respaldando?
El tercer sector realiza una labor fundamental en nuestro país y creemos que debe haber una ley del tercer sector, de hecho el PSOE lo lleva en sus propuestas electorales. Es imprescindible, y probablemente más en el futuro que en el pasado porque tenemos que ir avanzando dentro del Estado de Bienestar en otras fórmulas de colaboración y de cooperación público-privadas donde no figure el ánimo de lucro. Creo que el Estado de Bienestar no es insostenible ni está en juego. Creo que no sólo se ha demostrado su sostenibilidad en el pasado sino que parte de su sostenibilidad es también el futuro de la salida de esta crisis, es decir, Europa no va a salir de la crisis con menos cohesión social, pero sí es verdad que tenemos que empezar a hacer las cosas con instrumentos que nos permitan ser más innovadores en el ámbito social y parte de esas innovaciones vendrán del tercer sector, por eso creo que el tercer sector, que en la actualidad tiene un papel muy relevante, en el futuro tendrá un papel más relevante en el desarrollo de políticas públicas de bienestar social y para que puedan hacerlo con garantías, con autonomía, con suficiencia de recursos y capacidad de maniobra y acción es imprescindible una ley. Además, el tercer sector es algo más que un sector que presta servicios a las administraciones, a los ciudadanos, tiene que ser un pilar básico para la vertebración social y la mejora de la calidad de nuestra democracia.
Entre las propuestas del PSOE para la próxima legislatura se encuentran temas muy interesantes para la discapacidad, como es esa ley del tercer sector que usted ha mencionado, también un plan de mujer con discapacidad, y una nueva ley de inclusión laboral de las personas con discapacidad ¿resultan propuestas novedosas o ya estaban trabajando en ello en esta legislatura?
La ley del tercer sector es algo que teníamos en la mesa, venimos hablando de ella desde hace mucho tiempo. La de inclusión laboral no, aún no habíamos hablado de ella, pero está bien tener un marco normativo global donde se puedan colgar todas las propuestas y medidas que favorezcan la inclusión laboral de las personas con discapacidad y esto puede ayudar a reducir la inactividad de la que hablábamos antes. En cuanto al plan de mujer, es algo en lo que trabajamos desde hace mucho tiempo con el área de igualdad del CERMI, con su representante Ana Peláez, que es una mujer muy activa y muy válida del movimiento de la discapacidad. Hay que tener especial atención a las mujeres con discapacidad en algunos ámbitos, sobre todo en el de la salud y las patologías específicas asociadas a su condición de mujer, en el ámbito de la prevención de la violencia de género, y en el ámbito de la autonomía. Son propuestas con las que queremos seguir avanzando por un camino que abrimos ya hace muchos años, no sólo el Gobierno y el partido socialista sino también el movimiento de la discapacidad y queremos seguir acompañando a este movimiento en sus reivindicaciones porque además sabemos que en materia de igualdad de oportunidades todo lo que sea pararse, significa retroceso. Hemos avanzado mucho en estos tiempos y ahora tenemos que seguir trabajando para que todo lo que hemos hecho no se pare y para hacerlo efectivo. Además la realidad social cambia muy rápidamente, incluso más rápido que las leyes y tenemos que hacer un esfuerzo permanente en ir adaptando instrumentos que nos sirvan a los poderes públicos para seguir solucionando problemas que a veces no creemos que existen y luego el impacto de la norma nos lo pone sobre la mesa.