Entrevista

Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias

“En 2013 se mantendrá el empleo de más de 2.000 personas con discapacidad en los CEE”

18/02/2013

Blanca Abella

Tras unos meses de Gobierno, el presidente asturiano explica que desde sus comienzos abordó la política social como una prioridad. Así, firmó un Acuerdo Marco que ha permitido cierta estabilidad al sector, convocó las subvenciones para los CEE y para la formación y orientación para el empleo e inició los trabajos de elaboración del Plan Integral de Atención a la Discapacidad. Asegura, también, que colaborará para que el Parlamento apruebe la creación de una comisión de Discapacidad.

¿Cómo definiría la situación que vive el sector de la discapacidad en su comunidad y con los problemas que toda la sociedad afronta? ¿Se trata de un sector especialmente perjudicado por la crisis?
Resulta indiscutible la especial vulnerabilidad de determinados grupos de riesgo, en este caso, las personas con discapacidad, frente a los efectos de una situación económica adversa como la que estamos atravesando. Son muchas las familias que lo están pasando mal en estos momentos y muchas las cuestiones a las que, como Gobierno responsable, debemos dar respuesta. Nuestra actuación ha de ser rápida y efectiva. Desde el primer momento dije que mi objetivo prioritario era luchar para hacer frente a esta crisis y esa sigue siendo la máxima que guía la acción política de este Gobierno. Mantengo que el camino que vamos a seguir es aquel que nos permita a todos salir juntos de esta situación.
 
¿Qué ha hecho el Gobierno del Principado para paliar los efectos de la crisis en este sector que tanto ha tardado en alcanzar el estado de bienestar?
En estos meses que llevamos al frente del Gobierno asturiano, hemos tomado medidas importantes para el sector. Una de ellas, que además era muy necesaria, ha sido el Acuerdo Marco para la contratación de las plazas concertadas con entidades gestoras de atención a personas con algún tipo de discapacidad. Dos meses después de mi toma de posesión como presidente, anuncié que estábamos trabajando en el desarrollo de ese acuerdo. Hoy es una realidad, lo que nos ha permitido dar estabilidad al sector y evitar los retrasos que se arrastraron durante el año 2012 en el pago de dichas plazas. En definitiva, con este acuerdo se ordena y mejora la calidad de los servicios prestados, aspecto que redunda positivamente en los beneficiarios, sus familias y los empleados de las entidades. Otro asunto del que estoy orgulloso es el trabajo realizado para convocar las subvenciones, ya que la propuesta del Gobierno anterior era suprimir ese capítulo.

¿Qué relación mantiene el actual Gobierno y su presidencia con la plataforma de la discapacidad, representada por el CERMI Asturias?
En estos meses, nos hemos reunido en varias ocasiones, encuentros muy productivos, y también celebramos juntos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Al agrupar a confederaciones, federaciones y asociaciones, el CERMI es para el Gobierno de Asturias un interlocutor importantísimo que nos facilita el diálogo con todos estos colectivos y nos acerca sus necesidades. La labor que desempeña es muy importante porque se convierte en la voz de un sector con reivindicaciones, problemas y necesidades muy diversas. En el trabajo del día a día, sería prácticamente imposible mantener reuniones de continuo con todas las asociaciones de forma individualizada. Que existan plataformas como el CERMI también es muy positivo para quienes las integran porque refuerza sus peticiones.

En un encuentro reciente con esta entidad, la Consejería de Bienestar Social se comprometió a colaborar con el CERMI Asturias en la elaboración de unas nuevas bases para la convocatoria de las subvenciones de mantenimiento de servicios sociales especializados. ¿Se logra sacar adelante esta propuesta?
Durante el primer trimestre de este año, convocaremos a las entidades que actúan en el ámbito de los servicios sociales con la doble finalidad de, por una parte, actualizar su formación en lo que se refiere a la legislación que regula las subvenciones; y por otra, para trabajar en el diseño de esas bases que supondrán una mejora en la eficiencia, tanto de las propias entidades como de la Administración, a la hora de gestionar los recursos destinados a subvencionar programas y proyectos dirigidos a las personas con discapacidad.

Además, se decidió dar prioridad a la creación de la Comisión de Discapacidad en el Parlamento con el fin de poder trabajar en la elaboración de un I Plan de Atención Integral a Personas con Discapacidad en Asturias. ¿Hay algún avance en este sentido?
Me consta que se han mantenido reuniones de trabajo y que hay algunas iniciativas en marcha. Pero es una responsabilidad del Parlamento asturiano y, por tanto, corresponde a los grupos parlamentarios desarrollarla. Sí puedo comentar que me parece una iniciativa que impulsará acciones transversales positivas en materia de discapacidad, que apostarán por la integración y ayudarán a evitar la discriminación. Por ello, hemos asumido desde el primer momento el compromiso con esa comisión y, desde el Gobierno, colaboraremos en lo que esté a nuestro alcance.

En temas de empleo, el Gobierno asturiano anunció la prioridad de la convocatoria de las subvenciones para los Centros Especiales de Empleo y la vuelta a una línea específica de formación para colectivos especiales y de orientación para el empleo de personas con  discapacidad. ¿Podrá su Gobierno mantener esta iniciativa?
No solo ya ha sido tramitada sino que los centros ya la han cobrado. Estamos hablando de unas subvenciones que mantienen el empleo de más de 2.000 personas con discapacidad; no es baladí en ningún caso pero menos en los tiempos que corren. Por eso fue una de las primeras acciones de este Gobierno. A finales de mayo del pasado año, esos empleos corrían un serio peligro. En 2013,  se seguirán manteniendo estos empleos. Y sobre la formación para el empleo, el compromiso de este Gobierno es reservar, en todas las convocatorias de cursos, en todas, una partida específica para la formación de personas con especiales dificultades de inserción laboral; entre ellas, las personas con alguna discapacidad.

En educación, aunque con reducciones del presupuesto, la consejera confirmó su apuesta por mantener y potenciar las ayudas a aquellos que necesiten más apoyos, siendo la discapacidad una de las líneas prioritarias; al mismo tiempo que apuntó que, aunque las cuantías de las subvenciones serán inferiores, se intentarán mantener las líneas que actualmente existen, ya que están dando resultados satisfactorios.
Creo que nuestro sistema educativo debe garantizar el principio de acceso normalizado del alumnado con discapacidad a los recursos educativos, sin discriminación de ningún tipo, proporcionando los apoyos necesarios para que la inclusión educativa en un entorno educativo abierto sea siempre una realidad. De ahí que vayamos a mantener en el curso 2012-2013 tanto las medidas de apoyo educativo como las ayudas técnicas necesarias para la atención especializada al alumnado con necesidades educativas especiales. Y, por supuesto, los recursos personales, es decir, el profesorado de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, de orientación educativa, también profesorado técnico de servicios a la comunidad, fisioterapeutas, auxiliares educadores e intérpretes de lengua de signos.

Por supuesto, en consonancia con lo que comentaba al principio sobre lograr una inclusión educativa eficaz regida por principios de atención a la diversidad y de normalización, seguimos avanzando en el desarrollo del Plan de inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales. Es imprescindible promover en la comunidad educativa una organización y funcionamiento que favorezca el trabajo colaborativo del profesorado y de todos los profesionales implicados en el aprendizaje de este alumnado para, de este modo, favorecer su desarrollo integral y proporcionarles una educación normalizada que reconozca el valor de la diversidad.

¿Qué otros problemas debe afrontar desde la presidencia para atender al sector de la discapacidad y sus reclamaciones, basadas en derechos?
Confío en que la elaboración del Plan Integral de Atención a la Discapacidad, en el que ya estamos trabajando, nos permita consensuar con el resto de entidades y agentes sociales las prioridades que, en función de la realidad socioeconómica actual, acometeremos en esta legislatura. El trabajo realizado ha sido muy importante y, sin duda, constituye una buena base sobre la que seguir construyendo una sociedad más inclusiva, justa y solidaria con todas las personas que la conforman.

¿Y cuáles cree que son las virtudes o los beneficios y ventajas que podría obtener la sociedad, empresas y gobiernos si realmente permitiera a este sector tomar parte activa con plenos derechos?
No se trata de ventajas o beneficios, es una cuestión de justicia. En un estado democrático como el nuestro, la discapacidad debe considerarse en el marco de la igualdad de derechos más que de la asistencia social. Además, una sociedad debe saber incorporar las fuerzas y potencialidades de las que dispone y, en este sentido, las mujeres y los hombres con discapacidad con las aptitudes adecuadas, en el puesto de trabajo apropiado y con el requerido apoyo, son empleados capaces y responsables que pueden aportar una valiosa contribución al desempeño de las empresas y a la economía. Ocurre que aún abundan ciertos temores y estereotipos que solo hacen hincapié en la incapacidad y no en las capacidades que ofrecen estas personas a la sociedad. Hay que desterrar para siempre este recelo infundado.

¿Cuál es la prioridad de este Gobierno en materia de discapacidad, a pesar de los tiempos difíciles que corren?
Las políticas sociales son y van a seguir siendo una prioridad para el Gobierno del Principado de Asturias. No hemos escatimado y no pensamos escatimar recursos para la atención y asistencia de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Estamos haciendo un enorme esfuerzo presupuestario para mejorar la calidad de vida, el grado de bienestar y de protección social y preservar los derechos logrados por este colectivo en 30 años de democracia. No vamos a bajar la guardia en las políticas sociales porque de esta crisis no le quepa duda de que saldremos. Pero esa salida no la haremos a cualquier precio, no con medidas que nos retrotraigan a un pasado con menos derechos, menos dignidad, menos sentido común y más injusticias.