"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Carmen Balfagón, directora general del IMSERSO
"Hay que avanzar en las medidas que promueven la no discriminación, el respeto por la diferencia y la plena inclusión de las personas con discapacidad"
10/11/2017
Beatriz Sancho
Carmen Balfagón, que cumple este mes un año como directora general del Imserso, es muy consciente de que las políticas de discapacidad tienen un carácter transversal, y que desde el Imserso tienen que "coadyuvar" a construirlas. La jurista confiesa su sólido sentir y compromiso personal para trabajar por la garantía de la atención y de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad. Sin embargo, discrepa con el parecer del CERMI de no haber estado a la altura del desafío que suponía la "Ley de Dependencia", y recalca que, desde su puesta en marcha, el sistema de protección de las personas con dependencia "está consolidado y se afianza en sus fortalezas".
Todavía es algo pronto para hacer un balance homogéneo de la actividad que hemos desarrollado durante estos meses. No obstante, sí puedo expresar un optimismo moderado respecto del trabajo que estamos realizando. En este tiempo, hemos consolidado los grandes programas del Imserso en envejecimiento activo y saludable -como son los Programas de Turismo y Termalismo-, en atención a la dependencia, en prestaciones no contributivas y en atención a través de nuestra red de centros.
Al tiempo que hemos hecho esto, hemos emprendido actuaciones cuyo objeto, podría decirse, que es "ganar el futuro", anticiparnos a las próximas demandas que genera el reto demográfico tanto en atención, como en prestaciones, como en las expectativas de una sociedad cada vez más mayor. Estamos trabajando intensamente en garantizar la sostenibilidad del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y en la elaboración de la Estrategia Nacional de Personas Mayores y de un Plan Nacional de Alzheimer, ambos muy avanzados. Así pues, un sentimiento de moderada satisfacción siendo conscientes de que existen márgenes de mejora.
En todo caso, lo realmente importante es que los ciudadanos, aquellos que constituyen la razón de ser de nuestra existencia como institución compartan esta percepción. De ellos esperamos que tengan la libertad de trasmitirnos sus opiniones para poder seguir mejorando.
Una de las cosas que más satisfacción me han producido desde que soy directora General del Imserso es comprobar los enormes deseos de colaborar y de participar de todas las entidades y asociaciones que representan a personas que esperan respuesta en las actuaciones que son responsabilidad de este Instituto.
¿Cuáles son los objetivos primordiales que se ha propuesto abordar desde la Dirección General?
Junto con la gestión ordinaria del Imserso, y la consolidación de sus distintas áreas de trabajo, nos hemos marcado como líneas de actuación prioritarias la atención a la Dependencia, potenciar la red de Centros del Imserso, abordar el gran reto del envejecimiento como una gran política de Estado, así como la articulación de distintos planes nacionales.
"Nos hemos marcado como líneas de actuación prioritarias la atención a la Dependencia, potenciar la red de centros del Imserso, abordar el gran reto del envejecimiento como una gran política de Estado, así como la articulación de distintos planes nacionales"
En atención a la dependencia, uno de los objetivos principales lo ha marcado la creación de una Comisión en Consejo de Ministros, propuesta por la Conferencia de Presidentes, cuyo objeto es el análisis actual del Sistema de Dependencia, de su sostenibilidad, y de los actuales mecanismos de financiación, en especial, los contenidos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas de dependencia. El Grupo de trabajo ha concluido el documento final que ha sido consensuado en su totalidad por todos sus miembros. Este documento fue elevado al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que tuvo lugar el 19 de octubre.
"Uno de los objetivos principales lo ha marcado la creación de una Comisión en Consejo de Ministros, propuesta por la Conferencia de Presidentes, cuyo objeto es el análisis actual del Sistema de Dependencia, de su sostenibilidad, y de los actuales mecanismos de financiación"
¿En qué consistirá esa potenciación de los centros del Imserso?
Queremos potenciar el trabajo que el Imserso realiza por y para sus centros. Actualmente, el Imserso dispone de una red de 19 centros repartidos por el territorio español, algunos de ellos pendientes de apertura. El Imserso cuenta con varios tipos de centros. Uno de ellos son los Centros de Referencia Estatal (CRE), que están integrados en la red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y que actúan como instrumentos de la Administración General del Estado, que sirven de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas para optimizar los recursos públicos y privados disponibles.
En segundo lugar están los Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), centros de ámbito estatal que, partiendo de un enfoque integrado de la rehabilitación, prestan un conjunto de servicios recuperadores de contenido médico-funcional, psico-social y de orientación, y formación profesional ocupacional para personas con discapacidad física o sensorial en edad laboral.
Por último, tenemos los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF), que son centros de ámbito estatal destinados a la atención integral, en régimen de internado y media pensión de aquellas personas con discapacidad física que, careciendo de posibilidades razonables de recuperación profesional como consecuencia de la gravedad de su discapacidad, encuentran serias dificultades para conseguir una inclusión laboral y para ser atendidos en sus necesidades básicas de las actividades de la vida diaria en régimen familiar o domiciliario.
¿Puede esclarecer pormenores de ese gran reto que supondría abordar el envejecimiento como una gran política de Estado?
Hemos marcado el envejecimiento como un área prioritaria. Las personas mayores, en la actualidad, constituyen un grupo de población con gran peso demográfico en la sociedad mundial y española. El alargamiento de la esperanza de vida y el consecuente envejecimiento de la población conducen a unos cambios sociales marcados por el protagonismo de las personas mayores en todos los ámbitos. Además, las propias personas mayores han tomado conciencia de su potencial, no sólo por su peso demográfico sino por su participación en áreas en las que su dimensión ciudadana debe ser tenida muy en cuenta.
La política de envejecimiento se ha convertido, pues, en una de las áreas prioritarias del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Fue el propio Presidente quien propuso en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero una Estrategia Nacional del Reto Demográfico en la que participa este Instituto. Paralelamente, y en íntima conexión, desde el Imserso, e impulsada por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estamos trabajando en una propuesta de Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y su Buen Trato 2018 – 2021, que queremos presentar en el último trimestre del año.
"Estamos trabajando en una propuesta de Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y su Buen Trato 2018 – 2021, que queremos presentar en el último trimestre del año"
Por otra parte, entre los planes de ámbito nacional que queremos liderar estamos promoviendo con la comunidad científica y con las entidades y asociaciones que representan a pacientes y familiares, como he anunciado, el Plan Nacional de Alzheimer. Todas estas áreas son importantes para nuestra sociedad y la calidad de vida de las personas mayores.
Como reto profesional y/o personal, ¿qué le gustaría hacer, lograr para el sector poblacional de las personas con discapacidad desde su cargo?
La discapacidad es parte de la condición humana. Un 8,5% de nuestros conciudadanos presentan algún tipo de discapacidad. Seis de cada diez son mujeres, y alrededor de 140.000 tienen menos de 15 años. Es, por tanto, una realidad muy presente en la sociedad española.
La protección de los más vulnerables, como lo son las personas con alguna discapacidad, es un mandato constitucional, un derecho social y un principio de solidaridad. Para garantizar el bienestar de todos debemos prestar una atención especial a quien más lo necesita, de forma personalizada, y gestionando de la manera más eficiente posible los recursos públicos, que son los recursos de todos. Y, para ello, hay que avanzar en las medidas que promueven la no discriminación, el respeto por la diferencia y la plena inclusión de las personas con capacidades diferentes.
"Hay que avanzar en las medidas que promueven la no discriminación, el respeto por la diferencia y la plena inclusión de las personas con discapacidad"
Como bien conocen, la política sobre discapacidad es el objeto de actuación de otra unidad de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Soy consciente, no obstante, de que esta política tiene un carácter transversal y, por tanto, también desde el Imserso coadyuvamos a construirla.
A nivel personal, solo puedo expresar mi compromiso en trabajar codo con codo para garantizar la atención y la calidad de vida de las personas con discapacidad, avanzar en su seguridad jurídica y protección e impulsar su acceso al empleo. Y, desde luego, a prestar mi total colaboración y entendimiento con el CERMI a quien reconozco un papel esencial en pro de las personas con discapacidad
¿Qué planes o iniciativas -de cualquier índole- tienen previsto poner en marcha para las personas con discapacidad?
Si bien las políticas de apoyo a la discapacidad son responsabilidad de otra unidad de la Secretaría de Estado, en el ámbito del Imserso estamos impulsando los Centros de Referencia Estatal y, en este caso, singularmente, el Ceapat cuya misión es contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y personas mayores, a través de la accesibilidad integral, los productos y tecnologías de apoyo, y el diseño pensado para todas las personas.
Hemos mantenido el nivel de inversión y mantenimiento de los CRMF y los CAMF que antes señalé. Constituyen una auténtica prioridad, singularmente, la dotación de personal necesario para procurar una atención de calidad. Hemos hecho un gran esfuerzo en cobertura de vacantes. A lo largo del presente año, se ha cubierto un total de 137 puestos de trabajo de atención directa y próximamente cubriremos otras 140 plazas gracias al esfuerzo presupuestario que hemos realizado.
Me he comprometido a impulsar, igualmente, el trabajo de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad de cara a articular las medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos que valoren la discapacidad de acuerdo con la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad. Y, sobre todo, a que en dicha Comisión pueda participar todo aquel que tenga algo que aportar.
En otro orden de cosas, la Dirección Territorial del Imserso en Ceuta ha elaborado un proyecto de actuación titulado “Aula de Apoyo a la Integración sociolaboral para Personas con Discapacidad”, que tiene como objetivo principal mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, generando las condiciones, tanto personales, como las del entorno –físico y social- que lo hagan posible. Se trata de un proyecto susceptible de financiación por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014/2020 del que el Imserso forma parte como Organismo Intermedio.
"Me he comprometido a impulsar el trabajo de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad para lograr la aprobación de nuevos baremos que valoren la discapacidad de acuerdo con la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad"
Atención temprana. Hace un tiempo, en Ceuta, sostenía usted la querencia por parte del Imserso de abrir un servicio específico de atención temprana a la dependencia y a la discapacidad infantil allí. ¿Por qué es tan importante, desde la perspectiva preventiva y asistencial, la creación de estos instrumentos que ofrecen una atención individualizada para poder valorar la dependencia y la discapacidad en el mismo momento?
Los primeros años de vida son de una importancia esencial para el desarrollo infantil. Las niñas y niños en ese periodo adquieren y fortalecen habilidades para relacionarse de manera equilibrada con el mundo que les rodea. Aprenden a percibir las cosas, a moverse, a conocer, a hablar, a desarrollar su capacidad afectiva. Por ello, requieren de una especial protección por parte de los poderes públicos.
Uno de los principios que inspira la acción pública con los menores, reconocido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, así como en numerosas resoluciones de organismos y tratados internacionales y en nuestro ordenamiento positivo, es lo que se denomina el “interés superior”. Este principio tiene una gran importancia pues por él todos reconocemos que el menor debe disfrutar de todas las posibilidades de desarrollo, de una vida plena con el máximo de autonomía posible. Por este principio reconocemos también el derecho de los menores a recibir los cuidados necesarios para su atención integral.
La intervención en la población infantil que es susceptible de sufrir alguna limitación en su proceso de desarrollo es, sin duda, el mejor instrumento que disponemos para superar las desigualdades individuales que provocan o se derivan de las discapacidades.
De ahí, la importancia de la atención temprana. Con ella podemos atender lo antes posible las necesidades que tienen los niños en su desarrollo, sean éstas transitorias o permanentes, y se refieran a trastornos de movilidad, sensoriales o de conocimiento. Es, por tanto, un proceso integral cuyo fin último es el desarrollo armónico de los niños en los diferentes entornos vitales. Y como todo proceso integral comprende acciones orientadas a la prevención, a la asistencia y rehabilitación.
"Es necesario reconocer las grandes aportaciones que el movimiento asociativo ha proporcionado en nuestro país en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad"
Es necesario reconocer las grandes aportaciones que el movimiento asociativo ha proporcionado en nuestro país en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad. Gracias a su contribución se han logrado avances muy importantes en la normalización y en la integración de las personas con discapacidad.
De modo particular, las asociaciones de padres de niños con trastornos y las de profesionales han sido un pilar esencial para que la atención a la población infantil que lo requiere sea una realidad de la que debemos sentirnos muy satisfechos.
A nivel estatal, ¿qué planes tiene la entidad que dirige para potenciar la atención temprana?
Los ámbitos competentes en materia de Atención Temprana son la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Los tres están directamente implicados en la protección a los menores de tres años. Tanto la legislación sanitaria -Ley de Cohesión- como la educativa contemplan actuaciones para la atención integral de los menores.
En nuestro ámbito, en el de los servicios sociales, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, previó, en relación con la protección de los menores, que, en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se promovería la adopción de un Plan Integral de Atención para menores de tres años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, en el que se debían contemplar las medidas a adoptar por las Administraciones Públicas para facilitar la atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales.
De acuerdo con esta previsión el Consejo Territorial acordó en su reunión del día 4 de julio de 2013 los criterios comunes que, en materia de Atención Temprana y Rehabilitación, tienen que recogerse en los diferentes Planes de Atención Integral a menores de tres años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla.
Estos criterios están inspirados en los principios generales de responsabilidad pública, universalidad y gratuidad para garantizar la igualdad de oportunidades, interés superior del menor, no discriminación, diálogo y participación, calidad, sostenibilidad y accesibilidad universal para los menores objeto de esos planes. En definitiva, todos los criterios y principios generales que los expertos y el sector asociativo señalan como básicos para este tipo de atención con el objeto de potenciar la capacidad de desarrollo y de bienestar, para posibilitar la inclusión de los niños en el medio familiar, escolar y social.
El acuerdo del Consejo Territorial que he mencionado contiene un catálogo básico de servicios tales como la ayuda a domicilio, las prestaciones económicas vinculadas para cuidados en el entorno familiar, programas de apoyo y formación para personas cuidadoras no profesionales, subvenciones individuales para la adquisición de ayudas técnicas, adaptación del hogar, de transporte, orientación e información a las familias o tutores sobre las posibilidades de solicitar el reconocimiento de grado de discapacidad, en su caso, así como los servicios que puedan beneficiar al menor y/o a su familia o la garantía de plaza en escuela infantil (o Centros de Atención Socioeducativa), para las familias o tutores con menores en situación de dependencia, que puedan precisar este recurso.
"El Imserso tiene que promover la evaluación de estos Planes Integrales de Atención a menores de tres años así como la difusión de buenas prácticas"
Estos planes se desarrollan por las Comunidades Autónomas pues a ellas, en nuestro sistema constitucional de distribución de competencias, les corresponde la gestión de los servicios educativos, sanitarios y sociales. Por eso, a estos efectos, el acuerdo del Consejo Territorial señaló la necesidad de constituir Comisiones Técnicas Interadministrativas para elaborar los planes integrales de atención temprana autonómicos.
El Imserso tiene que promover la evaluación de estos Planes Integrales de Atención a menores de tres años así como la difusión de buenas prácticas.
Hay muchas personas que creen que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas "debe ser irreversible por ser un bien social y una gran conquista". ¿Qué opina usted?
No puedo por más que compartir esa opinión. La ley afrontó uno de los principales retos de política social propio de los países desarrollados cual es atender a las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad para prestarle los apoyos necesarios para alcanzar autonomía y ejercer sus derechos de ciudadanía. A estos efectos, reconoció un derecho subjetivo de ciudadanía. Es una ley, quiero recordar, que suscitó un enorme consenso en el que se situaron todos los grupos políticos.
Nuestra obligación como responsables públicos es trabajar para consolidar la ley y, sobre todo, para hacerla sostenible, porque flaco favor haríamos a esa gran conquista si no somos capaces de garantizar los recursos necesarios, pero también posibles, en una sociedad cada vez más compleja que reclama más y mejores servicios.
"Nuestra obligación como responsables públicos es trabajar para consolidar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas y, sobre todo, para hacerla sostenible, porque flaco favor haríamos a esa gran conquista si no somos capaces de garantizar los recursos necesarios, pero también posibles"
¿Hemos estado a la altura de lo que suponía la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia?
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se aprobó a finales del año 2006 y entró en vigor en enero de 2007. Han pasado diez años desde que arrancó y, a pesar de las dificultades iniciales para construir todo un nuevo sistema de protección y de los problemas añadidos, producidos por la profunda crisis económica de nuestro país, justo en el período en que se precisaban una mayor disponibilidad de recursos, el sistema de protección a las personas en situación de dependencia, podemos decir que ha funcionado y funciona.
Hoy tenemos más beneficiarios con prestación superando los 915.000, más beneficiarios incorporados al sistema, más servicios profesionales, más empleo y más cobertura y, sobre todo, la garantía de que están atendidos quienes más lo necesitan, los grandes dependientes y los dependientes severos, cuya tasa de cobertura es más elevada.
"El sistema de protección a las personas en situación de dependencia ha funcionado y funciona"
Eso sí, el sistema de protección a las personas con dependencia, al igual que cualquier otro sistema, como antes decía, tiene que estar en revisión permanente introduciendo mejoras e innovaciones para dar respuesta adecuada a las demandas de la sociedad.
Y en esta dirección, la Conferencia de Presidentes celebrada el 17 de enero de 2017, acordó analizar la Sostenibilidad del Estado de Bienestar y la Reforma del Sistema de Financiación del Sistema de Dependencia. El Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017, creó mediante acuerdo, la “Comisión de Análisis de la Situación de la Dependencia” en la que participan las Comunidades Autónomas, para que sus trabajos sirvan como base para introducir las directrices y mejoras necesarias en la financiación del sistema de protección de la dependencia.
Esta Comisión creó un Grupo de Trabajo para elaborar un documento a modo de hoja de ruta por donde debe discurrir la atención a la dependencia en los próximos años. Bueno, pues he de decir, con enorme satisfacción, que el Grupo de Trabajo ha sido capaz de consensuar un extenso y magnífico documento que presentamos para su aprobación en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado el 19 de octubre.
Una de las claves de este documento es que han participado responsables no sólo del ámbito de los servicios sociales, sino también de los de las áreas de hacienda y presupuestos. Quiero agradecer a todos, sin exclusión, el trabajo hecho porque sin su concurso y sin su disposición al entendimiento el acuerdo no hubiera sido posible.
"La atención a las personas con dependencia y sus familias ha sido y sigue siendo objetivo prioritario de este Gobierno"
Paralelamente a esta búsqueda de un acuerdo que marque las grandes líneas, el interés y preocupación por la atención a las personas con dependencia y sus familias ha sido y sigue siendo objetivo prioritario de este Gobierno. Así, los créditos destinados a la Atención a la Dependencia han experimentan un notable crecimiento del 8,19% ascendiendo a un total de 1.354,81 millones de euros, lo que supone un aumento de 102,52 millones € respecto al ejercicio de 2016. Estamos también trabajando en la elaboración de un Real Decreto para incrementar las cuantías que aporta el Estado en concepto de nivel mínimo que queremos que quede aprobado antes de finalizar el año.
En resumen, a pesar de los avatares surgidos desde que se puso en marcha la “Ley de la Dependencia”, el sistema de protección a las personas con dependencia está consolidado y se afianza en sus fortalezas.
Quizás, como ha señalado el presidente del CERMI, lo inédito de esta norma, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, pese a la crisis que ha arrollado esta última década, es que comenzara a regular los derechos sociales como derechos subjetivos y fundamentales. Usted, como jurista, ¿cree que deberíamos seguir caminándolos, los derechos sociales, de este mismo modo?
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia supuso un cambio en la concepción jurídica de la prestación de los servicios sociales, al configurar la protección a la dependencia como un derecho subjetivo, es decir, reclamable y exigible a los poderes del Estado. Otros servicios sociales no tienen este reconocimiento jurídico y no tengo ninguna duda de que el desarrollo de nuestro Estado de Bienestar irá incorporando, progresivamente, los servicios y prestaciones sociales como derechos subjetivos.
