"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Elena Collado, secretaria de Estado de Función Pública
"La accesibilidad es una obligación con la que nos encontramos plenamente comprometidos y en la que trabajamos constantemente"
13/04/2018
La reducción de cargas administrativas y la accesibilidad contribuyen a un mismo objetivo que beneficia a todos, a la propia Administración y a los ciudadanos, en particular a las personas con discapacidad. La secretaria de Estado de Función Pública agradece en primer lugar la colaboración del CERMI en la detección de trámites burocráticos innecesarios y reitera, también, el compromiso de su oficina con la accesibilidad y con la inclusión laboral. Según Elena Collado, el incremento de las tasas de reposición en las últimas leyes de presupuestos permite analizar el funcionamiento de los mecanismos de acceso al empleo público de personas con discapacidad, "y en su caso proponer una mejora".
En efecto, la Administración Pública tiene entre sus prioridades la mejora de la atención al ciudadano y, muy especialmente, el desarrollo de planes y programas que incidan en la inclusión de las personas con discapacidad. En este sentido, recibimos una valiosa aportación del CERMI para detectar todo tipo de trámites burocráticos que resulten innecesarios.
Como consecuencia de los cuatro convenios que ya hemos suscrito con el CERMI hasta la fecha, puedo citarle algunos ejemplos que van en la línea de remover trabas en las relación con las administraciones como la homologación de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, de forma que tenga validez en todo el territorio nacional, o la eliminación de la presentación de copia del certificado de discapacidad para acceder a la exención de derechos de examen para personas con discapacidad, en los procesos selectivos de la Administración General del Estado.
Siguiendo con la línea de los últimos años, seguimos trabajando para aunar esfuerzos e impulsar iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
La reducción de cargas administrativas, en general, favorece a los usuarios, ¿se beneficia la administración también de esta iniciativa?
Por supuesto. Cualquier medida que simplifique las relaciones de la administración con los ciudadanos también contribuye a hacer más eficaces y productivos nuestros propios procedimientos.
En este sentido, cabe destacar las medidas de tramitación electrónica de expedientes, reguladas en 2015, que han instaurado una nueva forma de relación más simple de ciudadanos y empresas con la Administración.
Un trabajo continuo y generalizado en la rebaja de cargas administrativas, ¿lograría reducir al mínimo las gestiones hasta el punto de hacer más accesible los servicios para todos?
La minoración de cargas es el gran objetivo al que nos debemos dirigir todos, y por supuesto exige de cada actor un impulso decidido y trabajo continuo.
Confío en que el escenario que usted me plantea sea una realidad más pronto que tarde porque ya está en la agenda de todos los países de nuestro entorno así como de las organizaciones internacionales. En especial, la UE y la OCDE tienen entre sus prioridades la denominada política de reducción de trabas o cargas administrativas que pone el acento en los costes y obligaciones que la Administración Pública impone a empresas, ciudadanos y agentes económicos a la hora de relacionarse con ella.
La accesibilidad es fundamental en estas gestiones administrativas, ¿se trabaja en paralelo esta cuestión?
La identificación, diseño e impulso de programas para facilitar el acceso de los ciudadanos y las empresas a los servicios públicos, utilizando los distintos canales (presencial, telefónico, web y redes sociales), constituye uno de los ámbitos de actuación prioritarios de esta Secretaría de Estado a fin de garantizar la atención, información y asistencia de todos los ciudadanos.
En ese sentido, el Gobierno tiene que transponer este año una Directiva europea sobre accesibilidad de páginas de internet, programas y aplicaciones públicas, que extiende las obligaciones de accesibilidad a los nuevos canales digitales. El CERMI ha hecho públicos sus temores a que esa transposición se quede corta, o añada más plazos para la accesibilidad. ¿Cómo se realizará esa transposición?
Es importante destacar que España es uno de los países europeos más avanzados en este contexto; ya desde 2002, nuestro ordenamiento contempla requisitos de accesibilidad para los sitios web de servicios al público en general de especial trascendencia económica.
Por otra parte, el proyecto de Real Decreto que transpondrá esta directiva al ordenamiento jurídico español, está sometido a audiencia e información pública, y en el mismo se ha tenido en cuenta el punto de partida ya existente en el Estado español, dando continuidad y mejorando en algunos aspectos los requisitos que ya se venían exigiendo.
Por lo tanto, considerando el contexto actual, en el que existe una gran ampliación en España con respecto a los requisitos mínimos exigidos por la directiva y los requisitos estrictos temporales para la transposición, se ha optado por centrar dicha transposición en el ámbito del sector público, sobre el que tenemos una mayor capacidad de actuación, pensando principalmente en aumentar las previsiones que garanticen el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.
¿Cuál es el grado de accesibilidad de los espacios, canales de relación y procesos de la AGE? El 4 de diciembre de 2017 todos estos entornos deberían por mandato legal ser accesibles, pero las personas con discapacidad comprueban en su día a día que aún no lo son. ¿Qué está haciendo el Gobierno para hacer efectivo ese objetivo?
Desde el año 2010, el Ministerio de Hacienda y Función Pública desarrolla el Observatorio de Accesibilidad Web con el objetivo de ayudar a mejorar el grado de cumplimiento en materia de accesibilidad de los portales de la Administración. Desde el mismo, se facilitan materiales y herramientas de ayuda y se trabaja en la concienciación de todos los actores.
En materia de empleo público de personas con discapacidad, el CERMI viene reclamando la aprobación de un nuevo real decreto regulador del acceso al empleo público, que sustituya, actualice y ponga al día el vigente de 2004. ¿en qué punto está esa nueva norma?, ¿se dará satisfacción a la demanda del sector social de la discapacidad?
El Gobierno de España ha cerrado con los sindicatos de la función pública un gran acuerdo para la reducción del empleo interino en las Administraciones, ¿se tendrá en cuenta en el desarrollo y aplicación del mismo las peculiaridades de las personas con discapacidad, se respetarán sus derechos a la acción positiva y a recibir apoyos?
El planteamiento es que, al tratarse de procesos de acceso libre, en los mismos se respeten los cupos de acceso y la adaptación de las pruebas de las personas con discapacidad, y desde luego en la Administración del Estado este es el criterio a seguir. De hecho, este principio figura expresamente en los documentos que se han elaborado sobre el desarrollo de estos procesos, y sobre los que han tenido la oportunidad de pronunciarse tanto las Comunidades Autónomas como las Organizaciones Sindicales más representativas.
La discapacidad ha de estar presente no solo en el acceso al empleo público, sino también cuando hay empleados públicos que sin presentar discapacidad sí tienen en su entorno familiar personas con discapacidad, con medidas que favorezcan el apoyo, la conciliación y la mayor dedicación. ¿Qué actuaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno para que los empleados públicos con familiares con discapacidad dispongan de más coberturas?
Precisamente el Acuerdo Sindical al que hacía referencia presenta como importante novedad el que pueda acordarse en cada Administración una bolsa de horas que puedan utilizar los empleados públicos por cuestiones de conciliación como ésta. Se trata de horas que sean recuperables, pero que suponen una herramienta de flexibilización de jornadas y horarios, que se suman a las que ya existían.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública acaba de llevar a cabo la convocatoria de plazas para personas con discapacidad intelectual en la AGE (subcuota específica) más elevada hasta el momento, 279 en total. El CERMI ha saludado esta medida. ¿Seguirán favoreciendo el acceso de personas con discapacidad intelectual al empleo público?
Por supuesto, se trata como antes he dicho de un compromiso con voluntad de permanencia en el tiempo y en el que ya estamos trabajando para mejorarlo de cara al futuro.
