"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas
“En las mentes de los legisladores no hay conciencia de que existan discriminaciones en los textos legislativos”
08/10/2021
Beatriz Sancho
La resistencia al cambio se debe, según Mr. Quinn, a la insistente vuelta a los patrones mentales antiguos que solo perpetúan nuestras limitaciones. De ahí que se autoimponga, como relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, la labor de expandir políticas imaginarias a favor de que la gente vea la realidad de otro modo. Esto se comprueba observando el uso del lenguaje de las personas, dice, también en la legislación, y si éste progresa, llevará a otros cambios. En el caso del lenguaje hacia las personas con discapacidad, si mejora, será un éxito para este sector poblacional, y también para él, pues es su “confesada” aspiración tal y como lo ve ahora.
Graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, King's Inns (Dublín) y la Universidad Nacional de Irlanda, actualmente es titular de dos cátedras de investigación. Sus publicaciones se centran en la legislación sobre discapacidad internacional y de la UE.
El pasado mes de febrero, en el Senado de Canadá, como relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en relación a la eutanasia, demostró su preocupación por la invisibilidad de las personas con discapacidad que permite que tanto discriminaciones como prejuicios campen a sus anchas en los discursos públicos y en los textos legislativos. ¿De qué manera podemos terminar con ellos cuando, en la gran mayoría de las ocasiones, son implícitos y pasan desapercibidos, pero, sin embargo, sus efectos son siempre de exclusión hacia las personas con discapacidad?
El proyecto de ley canadiense es muy interesante. Diría que “razonablemente típico” respecto a las diferentes legislaciones sobre eutanasia que están surgiendo por el mundo. Es muy fácil ver este retroceso en las leyes que se escriben y acudir a discriminaciones. Esencialmente, no cuestionamos el derecho de los Gobiernos a expresar con libertad el derecho a morir, pero sí cuestionamos si el terreno sobre el que se extienden sus textos descansan o no sobre expresiones discriminatorias, y en la legislación canadiense observamos que sí.
Eso es algo que, probablemente, los Gobiernos y los ciudadanos hacen sin pensar. La relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad previa, Catalina Devandas, realizó un extenso documento sobre expresiones de discriminación en campos como la Medicina, la Ciencia, etc., y nosotros nos basamos en sus conclusiones.
Estas discriminaciones están arraigadas profundamente en el imaginario colectivo, pero, a veces, es muy lamentable que muchos Gobiernos no se den ni cuenta de que están ahí, jugando un papel de discriminación y exclusión que queda escrito en las leyes.
Por eso, nuestro primer reto es hacer conscientes a las personas de que las discriminaciones que utilizan son muy problemáticas, y que dañan profundamente a las personas con discapacidad.
El pasado 25 de junio, la Ley Orgánica de la Eutanasia entró en vigor en España. Cualquiera con una enfermedad “grave o incurable” o “un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” pueden solicitar la ayuda para morir si afecta a la “autonomía” o genera “un sufrimiento físico o psíquico intolerable”. El supuesto “imposibilitante” está ahí y, según el CERMI, vincula el hecho eutanásico a unas características propias de muchas personas con discapacidad. ¿Cuál es su opinión al respecto o qué palabras se podrían utilizar que no fueran discriminatorias?
Hay un grupo en Canadá que está buscando términos neutrales para referirse a la discapacidad en este tipo de leyes, pero también en otras de otro tipo, para retar este tipo de lenguaje discriminatorio porque cuando este lenguaje se vuelve natural en los Gobiernos, crea muchos problemas y perpetúan los estereotipos. Esto sí que nos concierne realmente. Prefiero dejarlo en esta generalidad y no entrar directamente en el texto de la ley española, pero sería muy bueno que España intentara pensar en términos neutrales también.
“El artículo 8 está ahí por una razón. Los cambios culturales llevan mucho tiempo, y si esperamos a que el proceso se realice de forma natural, podríamos esperar décadas”
Estas suposiciones, enraizadas en la discriminación y los estereotipos, y que son rechazados decididamente por la Convención de la ONU de las personas con discapacidad cuando dice: “la discapacidad no es una carga o un déficit de la persona. Es un aspecto universal de la condición humana”, ¿cómo desmenuzaría estas palabras para que la sociedad en general lo entienda?
Todos nosotros somos diferentes y todos somos iguales. La discapacidad es una de esas diferencias. Además, la mayoría de las personas, en diferentes fases de su vida, tendrán una discapacidad, luego es un aspecto normal de ser un ser humano, y no es una ocasión para tratar a la persona de una forma diferente o negativamente.
Hay un artículo en la Convención de la ONU que suele pasar desapercibido. Es el artículo 8, que está ahí por una razón. Los cambios culturales llevan mucho tiempo, y si esperamos a que el proceso se realice de forma natural, podríamos esperar décadas. No podemos esperar tanto tiempo.
¿Cómo es posible no sentirse excluido, discriminado si la ley permite “asociar la idea de discapacidad con una causa por la que no merece la pena vivir” con el apoyo del Estado?
Uno de puntos interesantes del debate en el Senado de Canadá fue que las legislaciones, no la española en concreto, singularizan la discapacidad o la intensidad de una discapacidad como una ocasión para extender el derecho a una muerte asistida, a la eutanasia.
Allí sugirió la idea de sustituir el término de discapacidad por el de raza o por el de religión, o cualquier otro término que encajara. Pero la respuesta, por supuesto, fue que no, que no podía sustituirse. Entonces la pegunta se convirtió en por qué singularizar la discapacidad como una ocasión para extender este derecho y no la raza o la religión o cualquier otro término.
No hubo respuestas suficientemente buenas a esta pregunta, y el caso es que en las mentes de los legisladores no hay conciencia de que existan estas discriminaciones en los textos legislativos, ya sean directas o indirectas.
“Me uno a la Relatoría Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas en la petición de que no se adopte el Convenio de Oviedo”
Los expertos advierten a Europa que la admisión forzosa en instituciones médicas y los tratamientos coercitivos provocan efectos nocivos a las personas con discapacidad psicosocial como dolor, trauma, humillación, vergüenza, estigmatización y miedo. ¿Cómo es posible que, en la actualidad, algunos gobiernos estén pensando en retroceder y firmar el Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo?
El Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo es un modelo de ayer que, por supuesto, no representa el futuro. Es muy importante que muchos de los consejeros en el Consejo Europeo no están de acuerdo, por ejemplo, la asamblea parlamentaria, que son los más cercanos al pueblo, no quieren que este protocolo se adopte.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tampoco quiere que se adopte este protocolo. Personalmente me uno a la Relatoría Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas en la petición de que no se adopte el Convenio de Oviedo, y lo que pedimos es que se trabaje en un nuevo modelo de tratamientos no coercitivos para las personas con discapacidad psicosocial.
Nuestro argumento es que el Consejo de Europa puede probar su valor ayudándonos a construir ese modelo positivo y evitar un retroceso hacia el pasado.
El Protocolo de Oviedo será votado, este mes o el que viene, en el Comité de Ministros del Consejo d Europa. Esperamos que los Gobiernos individuales sean motivados antes de que la votación ocurra para que voten no y se rechace el protocolo.
“Los estados no tienen excusas para moverse en otra dirección que no sea la correcta”
Teniendo ahora, con el documento de la OMS, todos los pasos prácticos necesarios reunidos para llegar a un sistema de medidas no coercitivas para las personas con discapacidad psicosocial, los estados no tienen excusas para moverse en otra dirección que no sea la correcta. Con esta guía y todas las indicciones recopiladas, ya es solo una cuestión política.
Sin embargo, la transformación de la prestación de servicios de salud mental debe ir acompañada de cambios significativos en el sector social, o continuará la discriminación que impide a las personas con problemas de salud mental llevar una vida plena y productiva.
Los expertos están decepcionados con la sentencia del Tribunal Europeo que restringe el voto de las personas con discapacidad mental. ¿Cuáles son las razones por las que usted, como representante de la relatoría, piensa que este tribunal debería “reconsiderarlo”?
Primeramente, desde la relatoría, hicimos esa declaración de reconsideración contra la sentencia cuando se dictó. Pero, muy recientemente, hemos escuchado que la Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos ha rechazado reconsiderar el caso.
Por tanto, desafortunadamente, la sentencia continúa establecida como ley. Esto es muy criticable. Y, de hecho, cuando observas el juicio atentamente contradice otras opiniones del Consejo de Europa.
“La Corte Europea no quiere escuchar nada de esto, y es realmente embarazoso que ocurra así dentro del propio sistema europeo”
Ello viene de la Comisión de Venecia, de los estándares del derecho al voto, pero llega de la opinión equivocada de una parte de esta comisión. La Comisión de Venecia tiene más actualizaciones sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad. Tampoco son perfectas, pero definitivamente mejores que lo que tenía originariamente la comisión de Venecia.
La propia Fundación Internacional de Sistemas Internacionales (IFES) también están en desacuerdo con esta sentencia. Tiene un estupendo trabajo sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad, que no ha servido para nada, se ha desperdiciado totalmente.
Es un gran puzle. ¿Por qué la Corte Europea de los Derechos Humanos, por explicarlo con una metáfora, es uno de los vagones más lentos del tren? O, al contrario, otra parte de “esta casa”, por ejemplo, el Comité Europeo para los derechos económicos y sociales está haciendo un trabajo de primera magnitud respecto a los derechos de las personas con discapacidad como, por ejemplo, el hecho de estar cuestionando si los diferentes gobiernos están adoptando una transición hacia un sistema de medidas alternativas a las coercitivas y cómo de rápido lo están haciendo.
La Corte Europea no quiere escuchar nada de esto, y es realmente embarazoso que ocurra así dentro del propio sistema europeo. Parece que actualmente hay un patrón para tomar este tipo de decisiones, y se debe hacer algo al respecto ya.
“Las políticas que sugerimos a los Gobiernos serían más sostenibles si cruzan todos los grupos con sus diferentes identidades”
¿Por qué es tan importante para las personas con discapacidad que se trabajen los procedimientos de la ONU con todos los relatores y relatoras especiales, y no solamente con los que se dedican a la discapacidad para dotarlos de un enfoque interseccional?
La sociedad necesita saber que hay 44 mandatos o relatorías temáticas relacionadas con temas que van desde la tortura a la discapacidad, pasando por la libertad de expresión, y que hay como 14 relatores de países específicos como Corea del Sur, Myanmar, Palestina, etc.
Algo que estamos considerando hacer es un panel interseccional, como recurso de la Naciones Unidas, para observar cuestiones como, por ejemplo, la salud mental a través de todas las diferentes identidades o grupos como la discapacidad, personas mayores, etc.
Luego sí hay una gran consciencia de la necesidad de trabajar más interseccionalmente, y no para mejorar las críticas, sino porque las políticas que sugerimos a los Gobiernos serían más sostenibles si cruzan todos los grupos con sus diferentes identidades.
Esto es lo que tenemos que hacer y si cermi.es semanal nos vuelve a preguntar en unos seis meses, podré informar de cómo va nuestro progreso en este aspecto. Pero, desde luego, esta es nuestra intención.
