"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad
"Las políticas de apoyo y estímulo a la discapacidad están en la agenda de prioridades del Ejecutivo"
01/03/2012
Juan Antonio Ledesma
El nuevo director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño, conoce como nadie las virtudes y carencias del tejido asociativo de la discapacidad.
El apoyo e impulso decidido a las organizaciones de este sector destacan como méritos propios en su extenso currículum.
No esconde su vocación política, pero su verdadera militancia es a favor de las personas con discapacidad. Un compromiso social que no pasó desapercibido para la ministra Ana Mato cuando decidió encomendarle la responsabilidad de salvaguardar, en tiempos de crisis, los derechos de un colectivo que aún arrastra un importante déficit de ciudadanía.
Tremiño sufrió un accidente de automóvil y quedó parapléjico cuando cursaba el tercer curso de Derecho. La discapacidad no fue obstáculo para continuar con su formación y desarrollar una dilatada trayectoria profesional.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña y Master Executive MBA del Instituto de Empresa. Desde mayo de 2011 era director de Desarrollo de Negocio de la Corporación Empresarial ONCE y de Fundosa Grupo. Asimismo, fue concejal de Acción Social en el Ayuntamiento de Valladolid entre junio de 1999 y julio de 2000. Además, es vicepresidente de la Comisión de Discapacidad Partido Popular Nacional desde 2007 y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular en Valladolid.
Desde hace muchos años, en su agenda siempre hay hueco para acudir al Hospital Nacional de Parapléjicos. Consejos cargados de experiencia y serenidad para afrontar la lesión medular.
Aunque parezca paradójico, soy yo quién más se beneficia de ese contacto cercano y sincero con los pacientes del hospital. Al igual que hacen otros “veteranos”, podemos ofrecer consejos y pautas fruto de la experiencia.
Sin embargo, estoy convencido de que ellos me aportan más a mí. Me ayudan a contrastar la realidad, a valorar los problemas y a enfocar prioridades. No podemos pasar por alto las demandas e inquietudes de personas y familias que atraviesan momentos difíciles.
¿Puede asegurar que el Gobierno del PP mantendrá el grado de protección social logrado en estos últimos años para las personas con discapacidad y sus familias? ¿Puede temer el sector de la discapacidad más recortes y retrocesos en derechos y prestaciones?
La ministra Ana Mato ya explicó en sede parlamentaria que las personas con discapacidad y sus familias pueden estar tranquilas, porque el Gobierno de España tiene un compromiso firme y claro en la defensa de sus derechos. El Partido Popular siempre ha demostrado especial sensibilidad hacia la discapacidad, una seña de identidad que mantendrá en el futuro.
Es cierto que el difícil reto de reducir el déficit público obliga al Gobierno a adoptar medidas imprescindibles encaminadas a reactivar la economía y a fomentar la creación de empleo, pero sin menoscabo de las políticas sociales.
Pero ningún sector será ajeno a los recortes presupuestarios…
El Gobierno sabrá conjugar esas medidas indispensables de ajuste presupuestario con las políticas sociales, porque son la base de un estado del Bienestar basado en la solidaridad. Evidentemente, las políticas de apoyo y estímulo a la discapacidad están en la agenda de prioridades del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La discapacidad organizada viene reclamando un nuevo modelo legal de inclusión laboral de las personas con discapacidad que supere al actual, que con 30 años está obsoleto. ¿Asumirá el Gobierno del PP ese compromiso?
Esa propuesta ya está asumida por el Gobierno. En esa misma comparecencia parlamentaria, la ministra Mato anunció que está trabajando con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para establecer un nuevo marco legal de promoción laboral de las personas con discapacidad.
La reactivación de la contratación laboral de personas con discapacidad debe ser una realidad en todos los ámbitos. Hay que potenciar la formación e impulsar la contratación en la empresa ordinara, en centros especiales de empleo y el autoempleo de los emprendedores. El paro es el gran problema de España y las personas con discapacidad no son ajenas a esta cruda realidad.
¿Puede concretar alguna medida?
Las políticas activas de empleo son la clave. Entre otras medidas, hay que actualizar la relación laboral de carácter especial de los trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo.
Hay todavía muchas leyes en España que son contrarias a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (educación, Código Penal, Ley del Jurado, ley del aborto). ¿Qué medidas adoptará el Gobierno del PP para que España cumpla sus compromisos internacionales y adapte su legislación al tratado?
Como es conocido, España fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El pasado año se inició la reforma legislativa para adaptar nuestro ordenamiento jurídico a las directrices marcadas por la Convención y, hasta ahora, estamos cumpliendo escrupulosamente los plazos legales de trasposición.
Es cierto que aún hay leyes pendientes de revisión según marca la Convención de la ONU, pero el proceso está en marcha y estamos trabajando en los plazos establecidos para su correcta adecuación. En cualquier caso, es una de las prioridades de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
¿Puede garantizar que el Gobierno popular desarrollará sus políticas de discapacidad en diálogo y coparticipación con el sector asociativo de la discapacidad representado por el CERMI?
Por supuesto, es un compromiso firme de la ministra Ana Mato, que ya ha mantenido encuentros con representantes del CERMI y de muchas de las organizaciones de personas con discapacidad integradas en esta plataforma de representación.
CERMI es el interlocutor por excelencia del sector de la discapacidad. Ahora cumple quince años de historia, marcados por un trabajo riguroso y metódico a favor de las personas con discapacidad y sus familias. El Gobierno valorará siempre todas las propuestas del CERMI, porque es la entidad que mejor conocer las necesidades de las personas con discapacidad en España.
