¿Qué balance haría de la realidad en nuestro país en cuestión de derechos humanos a la vista del Informe ‘Derechos Humanos y Discapacidad. España 2014’ que publica el CERMI? 

 

Se están produciendo avances significativos y la labor del CERMI a la hora de hacer propuestas normativas e informar en proyectos legislativos o denunciar situaciones de vulneración es muy importante y va permitiendo avances, aunque más lentamente de lo que quisiéramos. Lo que me preocupa tremendamente es la desigualdad territorial a nivel legislativo de políticas y programas porque al final tienes que hacer una misma labor en 17 comunidades diferentes, porque se están produciendo asimetrías territoriales en cuestión de derechos humanos. Es necesario definir elementos similares en todas las comunidades autónomas porque la igualdad y no discriminación es una cuestión básica, pues afecta a derechos fundamentales, si no puedes ejercer o defender tu derecho no tienes derecho. 

 

La estructura del Informe sigue el orden del articulado de la Convención, no se incluyen referencias a todos los artículos, sino de aquellos que permiten un ámbito de reflexión necesario y que son ejemplificativos y significativos sobre la realidad de los derechos de las personas con discapacidad en España. Al ser un informe anual, se detalla de forma viva la situación de los derechos de las personas con discapacidad para cada año concreto. Dicho análisis se divide en varias partes: en primer lugar, hay una descripción de la situación, de cuál es la realidad de las personas con discapacidad; luego se tratan las vulneraciones y en este caso se exponen ejemplos concretos, que me parece importante porque de esta manera pones un rostro y para quien lo lee es más fácil identificar la situación; luego se exponen los avances, todo aquello que va consolidando derechos y por tanto la perspectiva de la Convención y, finalmente, se detallan propuestas de mejora. Por todo ello, de la lectura del informe sí que te haces una idea, una foto, de la realidad en España en materia de derechos humanos y discapacidad.

 

Por otra parte también incluye un conjunto de anexos de interés en este ámbito como la actividad de otras instituciones de derechos humanos o de defensa de la discapacidad. Para el informe del año que viene incorporaremos la actividad de Naciones Unidas relevante en materia de derechos humanos y discapacidad.

 

¿Qué recorrido hace este informe? ¿Cuáles son sus usos o utilidades y en qué ámbitos?

 

Tiene un uso muy importante en el movimiento asociativo, a modo de reflexión. Para todos nosotros la Convención es un cambio de inflexión fortísimo y este informe es un elemento que ayuda a ese cambio de entender la discapacidad desde el enfoque de derechos, que es fundamental. Ya no estamos ante una cuestión de sensibilidad, esto es una cuestión de enfoque de derechos. El  problema de la sensibilidad es que cada persona puede ser sensible o no, pero si es un enfoque de derechos, el derecho es tuyo. El informe permite avanzar y trabajar con un lenguaje de derechos humanos compartido.

 

Al mismo tiempo, obviamente tiene un recorrido institucional, mandamos copia a las Naciones Unidas, a la Defensora del Pueblo, a los miembros de la Comisión de Discapacidad del Congreso, a la Fiscalía General del Estado, al Consejo Nacional de la Discapacidad… vamos identificando aquellos actores que entendemos que son importantes y además tenemos un papel cualificado muy relevante porque, sin perjuicio del valor de cualquier informe de derechos humanos, el CERMI tiene que un mandato del Estado español de seguimiento de la Convención, y eso nos da una cualificación y una responsabilidad al mismo tiempo muy especial. Y también tiene un recorrido para toda inclusión transversal de la discapacidad sea el ámbito que sea.

 

El informe describe la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España recogiendo la información que a lo largo del año tiene el CERMI a su alcance. Entre las fuentes más frecuentes que menciona el informe, ¿cuáles son las que más datos aportan o más información recaban sobre este asunto?

 

La parte más cualitativa se recibe por parte del área de asesoría jurídica del CERMI, las reclamaciones o denuncias que recibimos de las propias personas con discapacidad, pero cuando recabamos datos nos nutrimos más de las estadísticas o de estudios, como el Informe Olivenza, la EDAD 2008. Este año se ha hecho un esfuerzo además por referenciarlo todo y se identifica el origen de esa información. Por otra parte la mayoría de las propuestas de mejora vienen de la propia actividad del CERMI. También se incorpora jurisprudencia por el valor innegable que tiene.

 

¿Qué valoración puede hacer de la participación de las propias personas con discapacidad?, ¿se logra  poco a poco convencer a este sector de la importancia de la reclamación, la reivindicación, incluso la denuncia?

 

En ese aspecto creo, ya se tenga o no una discapacidad, que no tenemos como en otros países una cultura de reclamación, y en este sentido nos cuesta, pero también se observan cambios en esta tendencia, cambios que requieren tanto tener ese empoderamiento como el disponer de recursos legales. Y en este sentido tenemos un gravísimo problema, ya que si bien la Ley General de derechos de las Personas con Discapacidad define las infracciones y sanciones ésta sólo aplica cuando la infracción sucede en más de una comunidad autónoma, y por tanto necesita desarrollo autonómico, con lo cual puedo tener conciencia de discriminación pero el derecho administrativo es como el penal, no puede haber una sanción si no está tipificado como infracción. Por tanto estamos viviendo situaciones de discriminación ante las que, por falta de norma no puede hacerse nada,  es decir, se niega la tutela administrativa de ese derecho y se diluye. En todo caso, no hay que cejar, hay que reclamar y si finalmente se produce una situación de desprotección que sea la administración correspondiente la que se retrate, que ponga en un papel que no puede hacer nada porque no hay norma. Y por supuesto, hay que reclamar también ante la Oficina de Atención a la Discapacidad y a la Defensora del Pueblo. Incluso en algunos supuestos como el que nos ha llegado de Jaén por presunto incumplimiento de la Junta por no fijar conforme establece la norma los horarios y líneas accesibles de autobuses, se puede acudir a la Fiscalía, y ésta, por vulneración de derechos fundamentales, puede incoar diligencias previas.

 

De hecho, este informe es también un instrumento para fomentar esa participación, esa activación de las personas con discapacidad, tan necesaria, como destaca la propia Convención de la ONU ¿no es así?

 

Además, es importante saber que en la Convención de ONU el 70 por ciento de su texto son aportaciones de personas con discapacidad y es la primera vez que una Convención tiene un reflejo de la sociedad civil tan fuerte y tan importante. Quien tiene que aplicar la Convención es el Estado, o las entidades territoriales aunque el que está  obligado internacionalmente es el Estado, y para ello tiene que tener en cuenta a las entidades de personas con discapacidad, pero el marco de entendimiento es este marco de derechos humanos, digamos que crea una estructura de aplicación y de diálogo en sí misma y eso es novedoso y muy importante.

 

El informe presenta el lanzamiento de la aplicación para móvil EMPOWERYOU como un avance, sobre todo en ese aspecto de participación. ¿La alianza con las nuevas tecnologías es también una cuestión de derechos humanos en estos tiempos?

 

Todo aquello que te permita detectar si hay una discriminación de manera fácil es importante. Cada vez somos seres más tecnológicos y tener una ‘app’ o una tecnología, obviamente accesible, facilita mucho el proceso. La tecnología nos permite una inmediatez muy importante y a la que hay que sacarle partido. 

 

Según se recoge en la Convención de la ONU sobre Discapacidad, "la inclusión es una labor que corresponde a toda la sociedad". Y según la información recogida por el CERMI en este documento, ¿cree que realmente la sociedad va tomando conciencia de este papel y su importancia?

 

Quiero ser positiva y pensar que siempre hay avances pero también hay que ser crítica y ver que sigue quedando mucho por hacer. El problema de los derechos humamos es que se percibe como algo muy intangible, cuando realmente incide de forma directa en nuestra vida. El Estado tiene que garantizar, promover, proteger, pero todos somos actores sociales y en algunos casos también actores jurídicos. Aunque la Convención es aplicable directamente, sí ayuda que haya normativa específica. 

 

Podríamos decir que sí existe una cierta conciencia de cambio, las barreras se van percibiendo como lo que son, como barreras, pero aun así, es necesario un mayor conocimiento, para que sumando conocimiento se logre mayor conciencia y por tanto acción.

 

Dice así el informe: "Algunas situaciones que se están viviendo, especialmente derivadas de la crisis económica, animan a empezar el Informe desde la perspectiva de la dignidad", ¿cuáles son esas situaciones?

 

El informe se abría con todo lo relativo al copago, que genera una situación de vulneración de derechos humanos de la que no somos conscientes. Hemos de tener presente que  estamos hablando de servicios primarios asistenciales para personas que están en situación de necesidad, para los que se define un sistema que puede, por motivos económicos, expulsarlos. Desde la perspectiva de la dignidad y de los derechos humanos que se vulneran, esta situación genera quiebras inaceptables. Para entender su encaje dentro de los derechos humanos y por tanto con la dignidad, debe tenerse presente que el contenido de los servicios prestados están alineados con lo establecido por sistema internacional de tratados de Naciones Unidas (en concreto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son normativa de obligado cumplimiento sustantivo y de obligada referencia en la interpretación de las normas nacionales), por ello, configurar un sistema que expulsa al beneficiario es vaciar y vulnerar sus derechos humanos.

 

Ya no es solo el problema del copago, es que son personas que tienen menos capacidad económica y además, la misma persona tiene un tratamiento diferente dependiendo de la comunidad en la que vive, incluso cuando su necesidad es la misma. En una comunidad autónoma el sistema incluso me puede expulsar y en otra me atienden. Esto ocurre en un mismo territorio, en el Estado español, porque la idea de la división territorial del Estado es un principio de cercanía y de mejor y mayor servicio, esa es la finalidad, pero cuando se rompe ese acceso a condiciones básicas de vida, desarrollo, de acceso a derechos, hay algo que no está funcionando. 

 

El informe analiza grandes cuestiones vitales al tiempo que detalla acciones que pueden parecer menores, como puede ser la eliminación de unas tasas determinadas del certificado de discapacidad, ¿en los pequeños detalles se afianzan también los derechos humanos?, o ¿no son tan pequeños esos detalles?

 

Los derechos humanos se afianzan en todo y todo suma. Tener un certificado, un documento que justifica esa situación de discapacidad y que además se solicita administrativamente para el acceso a medidas de acción positiva, aunque parece tan nimio muchas veces puede tener un efecto cascada que no siempre se puede valorar. 

 

En temas de mujer, una cuestión de indudable interés es la violencia de género, sobre todo por ser un problema que afecta en mayor medida a la mujer con discapacidad y, sin embargo, a pesar de ello, se mantiene su invisibilidad en todos los estudios estadísticos, ¿qué aporta o destaca el informe en esta cuestión?

 

Hay que partir de una realidad, la situación de las mujeres con discapacidad está también marcada por un alto índice de discriminación múltiple e interseccional. Se aportan los datos de la Declaración que presentó el CERMI ante la 59 comisión del estado de la mujer sobre las mujeres y niñas con discapacidad de España en Naciones Unidas, y que avalan esa discriminación interseccional.

 

Por otra parte, junto a la invisibilidad que existe hay otra que nos preocupa aún más y es la que se produce en  los estudios estadísticos que se desarrollan sobre la violencia de género, lo que llevó a urgir a Sanidad a que elaborara una macroencuesta sobre violencia género contra mujeres y niñas con discapacidad. Hay que tener cuenta que al vivir en un mundo de datos, si no estás en ellos no existes. Y los datos son el primer paso que permiten conocer las desigualdades y por tanto preguntarnos el porqué de las mismas y así identificando el  porqué de las desigualdades estructurales podemos avanzar. Hay que plantearse cómo se puede lograr esa igualdad, que todo el mundo parta de un mismo punto y a partir de ahí cada uno se desarrolle, haga su plan de vida, sus aspiraciones, que serán diferentes. 

 

También en cuestiones de mujer se incluye la creación de la Fundación CERMI Mujer como un avance, ¿son necesarias estas iniciativas para reconocer a las mujeres su espacio y su voz como una cuestión de derechos humanos?

 

Esos espacios comunes son necesarios y tratan de responder a las necesidades estructurales de cada realidad. Aquí nos encontramos con la dualidad entre lo transversal y lo sectorial. Para transversalizar tenemos que saber la realidad de lo sectorial. Habrá cosas que siempre hay que transversalizar y otros ámbitos en los que tendremos que tener una visión más sectorial. Crear espacios propios permite una visibilidad propia y un análisis estructural del porqué de las diferencias. Porque al final la pregunta que tenemos que hacernos es esa: ¿por qué no se accede igual o, incluso, no se accede?.

 

Para lograr la independencia y la participación de las personas con discapacidad, la accesibilidad es un requisito esencial, ¿qué balance hace el informe en este aspecto de primer orden en nuestro país?

 

Cuando hablo de accesibilidad me remonto a 1982 porque ya en ese año, la normativa habla de accesibilidad. El tiempo ha pasado y se han ido sucediendo modificaciones normativas que han ido ampliando plazos, pero estamos en 2015 ya y aún no se ha aprobado el Real Decreto reglamento de Igualdad y no Discriminación en el Acceso a Bienes y Servicios y no hay normativa antidiscriminación en la mayoría de las CCAA. 

 

Se ha avanzado pero la accesibilidad ya no es un requisito de calidad, sino que es una condición para la igualdad y no discriminación, y por tanto reclama una protección específica y especial que a está por llegar. ¿De qué me sirve tener un derecho si no puedo acceder a él? En el ámbito de la discapacidad la accesibilidad es uno de los puntos clave de partida, y que permite además que se piense en todos, por eso está íntimamente ligado al diseño universal. Y con a la accesibilidad, hay que hacer mención necesaria  a los ajustes razonables. 

 

Las carencias en accesibilidad, además de la desigualdad y discriminación que generan, tienen otro efecto aún más invisible, y es la incertidumbre. Cuando una persona sin discapacidad sale a la calle, no se plantea si tendrá que vivir situaciones de exclusión, tiene la confianza de que puede acceder a los entornos y disfrutar de los bienes y servicios, pero una persona con discapacidad que sale a la calle  vive con la incertidumbre, sabe que en cualquier espacio puede encontrar exclusión, y la incertidumbre va de la mano de la inseguridad.

 

Precisamente, el Comité de derechos de las personas con discapacidad ha manifestado a España que la denegación de un ajuste razonable es discriminatoria, y que su facilitación es una obligación de aplicación inmediata, por ello le insta a redoblar esfuerzos y recursos en este ámbito para lograr, entre otras cosas, la educación inclusiva. De la misma manera recomienda que las decisiones sobre tipo de educación se adopten mediante consulta con los padres, ¿nuestro país no ha llegado a lograr esa educación inclusiva tan necesaria o ha sufrido un retroceso en los últimos tiempos? 

 

La educación especial es necesaria, entendida como esa dotación de apoyos y recursos, la cuestión que se debate son los espacios, es decir, no debe darse en centros segregados. Hay que tener presente que es en la educación donde se generan los primeros espacios de inclusión y de exclusión. El respeto al otro, si no convives con el otro, es un ejercicio retórico, no tiene fundamento. En un campo donde hay muchos problemas también es en el de las actividades extraescolares, que muchas veces no son accesibles, eso va a provocar que los niños con discapacidad se queden fuera y el resto de menores asuman esa realidad, asumen con naturalidad que sus compañeros se queden fuera. Los niños reproducen lo que ven.