El CERMI ha calificado de fallido Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). ¿Podría detallarnos cuáles son las principales causas que han motivado ese fracaso? 

 

Las personas con discapacidad con más necesidades de apoyo para su autonomía personal y sus familias, grupo de interés preferencial del SAAD y de la Ley 39/2006, experimentan la sensación de haber sido estafadas; se les prometió la cuarta pata del Estado del Bienestar, y catorce años después, este pretendido nuevo dispositivo de protección social, está en condiciones calamitosas. Sin apenas financiación, con largas esperas, prestaciones nada inclusivas y de baja intensidad, copagos confiscatorios, irrelevancia de la propias decisiones, escaso reconocimiento a la iniciativa social, una gobernanza muy defectuosa, etc. La retahíla de deficiencias podría continuar. De ahí, que hablemos de fallo sistémico, y de la necesidad imperiosa de refundación.  

 

La pandemia ha tenido que agudizar aún más las situaciones de las personas con dependencia. ¿Podría hablarnos de los efectos que han detectado desde el CERMI?

 

Desde luego. La pandemia se ha cebado en las personas con discapacidad y mayores. El impacto se puede calificar de devastador; en muertes, en desatención, en una exacerbación de la fragilidad de la que partían. Exclusiones del servicio esencial de la salud y al atención sanitaria; servicios, prestaciones cancelados o suspendidos; incertidumbre sobre cuándo se reanudarán y en qué condiciones; más costes a su propias expensas para prevenir los contagios; pérdida de autonomía; afecciones a la salud mental; extensión de la soledad y el aislamiento, son solo algunos de estos efectos. El memorial de agravios es interminable. 

 

La plataforma que lidera ha pedido al Gobierno de España, a través de la Vicepresidencia Social, un proceso político y social de debate y acuerdo que permita la refundación del SAAD. ¿Cuáles son sus principales propuestas para esa refundación?

 

Ante todo, que el propósito de dotar a España de un mecanismo robusto de protección social dirigido a promover la autonomía personal, se haga efectivo. Este designio originario se ha visto truncado. Para alcanzar ese objetivo, hay claro está que proporcionar estabilidad y suficiencia financiera. Pero sobre todo, se precisa un cambio de modelo, de la dependencia pasiva a la promoción activa de la autonomía personal. Formular un garantizar el derecho subjetivo, que ahora es meramente nominal; un catálogo amplio, flexible e inclusivo de prestaciones; realzar la libertad de elección y la satisfacción de las preferencias de la persona, que ha de ser el norte y guía; la eliminación de la barreras económicas de entrada (copago); la desburocratización y el refuerzo de la iniciativa social. Todos estos basamentos servirían para la refundación del Sistema.

 

¿Han recibido ya alguna respuesta por parte de la Vicepresidencia social?

 

No, no tenemos reacción del Ejecutivo. Tampoco conocemos planes o programas de redirección del SAAD, ni anuncios siquiera. Pero somos pacientes y estaremos encantados cuando se produzca. La conclusión triste a la que llegamos es que la autonomía personal y la atención a la dependencia, no son en absoluto una prioridad para ninguna Administración. Están siempre entre las cuestiones marginales, de segundo o tercer orden.

 

El asistente personal para las personas con dependencia es una de las grandes asignaturas pendientes del SAAD. ¿A qué lo atribuyen?

 

La prestación más inclusiva, más promotora de autonomía es la menos desarrollada, con diferencia. Paradojas inexplicables. La causa de este penuria es que las Administraciones gestoras del Sistema no conocen ni se esmeran por asumir una cultura de la vida independiente. Esa ignorancia las induce a no ponerla en práctica. Están ancladas en concesiones trasnochadas de dependencia pasiva, de puro remedio de situaciones, no de la activación a través de apoyos inclusivos y comunitarios.

 

Según el Tribunal de Cuentas, por un lado, 2.106 personas fallecidas se encontraban a final de 2018 de alta en la base informática del Imserso como beneficiarias de prestaciones, y por otro el plazo es de media 520 días para el reconocimiento de la prestación. ¿Consideran que agilizar los procesos para dar de baja a beneficiarios fallecidos podría ser la solución para evitar los retrasos que afectan a nuevos solicitantes, o se precisarían más medidas?

 

Estas anomalías indican el pobre funcionamiento y una gestión más que deficiente del Sistema; en plena era de la sociedad de la información, las Administraciones fallan en algo tan básico como los datos, resulta incomprensible. Pero no es deseable exagerar lo anecdótico, por malo que sea, y no se aborden otras dimensiones de mucha mayor relevancia. Estos aspectos denunciados por el Tribunal de Cuentas son de poca significación; los fallos sistémicos, son otros y mucho más inquietantes. 

 

Este tipo de deficiencias en el funcionamiento ya se habían detectado y reclamado su subsanación en 2013, sin que se hayan corregido. ¿En su opinión qué falló entonces y que habría que modificar para que esta situación no se repita?

 

El sistema de información, que debería ser único, seguro, fiable, actual y transparente. Ni lo más simple, en un tiempo tan tecnológico, en el que el tratamiento de la información y la gestión masiva de datos se da por supuesta, se ha logrado. Ineptitud, deslealtad, ausencia de vocación cooperativa entre las Administraciones, todo eso subyace en ese fracaso.  

 

¿Cómo describiría el impacto de un funcionamiento deficiente del SAAD en los beneficiarios y en sus familias? ¿Cómo cambiaría sus vidas un sistema eficiente y qué aportaría al resto de la sociedad?

 

La idea de un dispositivo de protección social como el SAAD es la de ofrecer apoyos a las personas en situación de dependencia y a su entorno para que su autonomía se maximice. Más autonomía trae más inclusión, más posibilidades de desplegar por sí mismas su proyecto de vida, menor necesidad de cuidados familiares, más empleo, más actividad económica de proximidad, desarrollo comunitario, etc. Todo son ventajas.

 

Para terminar, ¿hay algún otro tema que quiera comentarnos?

 

Sí, uno más. El copago confiscatorio. La atención a la dependencia no nació como un derecho gratuito para la persona que precisa de esas prestaciones. Ha de participar en el pago, como se dice con un eufemismo hipócrita. Deseo recordar que el Parlamento, cinco años después, aún no ha tramitado la Iniciativa Legislativa Popular contra el copago confiscatorio en dependencia que el CERMI promovió en 2015, y que logró el respaldo de más de 740.000 firmas. Ahí sigue, pendiente de la respuesta del Legislador.

 

Fuente: Perfiles