Entrevista

Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE

“Ningún gobierno ha sido capaz de dar el impulso necesario al empleo de las personas con discapacidad”

05/07/2012

Redacción Servimedia

Trinidad Jiménez asegura que el Gobierno actual decide las cuestiones de sanidad y política social sin conocer esta materia, “están haciendo las cosas muy mal, con un gran desconocimiento”, afirma. Cree que el Gobierno no tiene sensibilidad suficiente y quiere terminar con leyes como la de Autonomía Personal, en lugar de consolidarla. Entiende que es una paradoja no aplicar un impuesto a las grandes fortunas, con el que se podría financiar esta Ley, y sin embargo preferir acabar con la norma. Eso sí, reconoce que en materia de empleo y discapacidad ningún gobierno ha sido decisivo.

¿Cómo se percibe desde la oposición las decisiones que el Gobierno está adoptando en los últimos tiempos en el ámbito que le compete, la sanidad y la política social?
Somos muy críticos con esta reforma que ha planteado el Gobierno en el ámbito sanitario, en primer lugar porque cambia el modelo de nuestra sanidad pública, pasando de un sistema universal, donde todas las personas, por su condición de ciudadanos, tienen derecho a recibir atención sanitaria, y pasamos a un sistema de aseguramiento, que supone que uno tiene que haber cotizado previamente a la seguridad social para poder tener derecho a la tarjeta sanitaria. Esto nos parece un auténtico desastre, un despropósito, porque los países están dando pasos en el sentido de universalizar la sanidad, y nosotros  volvemos atrás, a lo que existía hace 30 años.

Por otro lado, el Gobierno introduce el copago en los productos farmacéuticos, que me parece una auténtica barbaridad porque nunca los pensionistas habían pagado los medicamentos. Ahora los pensionistas tienen dos problemas, uno de ellos es que son personas mayores y consumen más medicamentos, y en segundo lugar, tienen menos recursos económicos, ya que  en España la pensión media está en los 600-700 euros mensuales. Nos parece tremendamente injusto y va a provocar un problema de salud ya que algunos pensionistas, viendo que no llegan, preferirán no comprar algunos medicamentos.

En cuanto a los medicamentos que quedan fuera de la financiación pública, es algo que se ha hecho de manera improvisada y sin contar con los profesionales. Por lo tanto, es un desastre lo que se está haciendo desde el Ministerio de Sanidad y va a provocar problemas de salud en la ciudadanía. ¿Se podía haber hecho de otra manera? Sí.

Ustedes plantean incluso la posibilidad de recurrir al Constitucional.
Sí, pero tenemos otras leyes pendientes que el partido socialista quería llevar ante el Constitucional, como es el caso de la reforma laboral o la amnistía fiscal. Ahora estamos esperando a los recursos de las comunidades autónomas también afectadas por la reforma sanitaria, ya lo anunciaron Cataluña, País vasco y Andalucía. Estamos coordinando la presentación del recurso con las comunidades autónomas.

Hay cuestiones de fondo importantes, porque es una reforma sanitaria que va contra tres leyes de Sanidad, la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión, y la última ley de Salud Pública de octubre de 2011.

"Tengo la impresión de que el Gobierno está tomando decisiones en sanidad y política social sin conocer exactamente la materia objeto de sus competencias"

En la posible reforma de la Ley de Autonomía Personal, que previsiblemente tendrá lugar la semana que viene, se revisarán temas de financiación, teniendo en cuenta incluso la renta familiar o la propiedad de vivienda a la hora de hacer cálculos de copago. ¿Acudirían al Constitucional si se llevan a cabo estas reformas?
Tengo la impresión de que el Gobierno está tomando decisiones en materia de sanidad y política social sin conocer exactamente la materia objeto de sus competencias, y lo digo sinceramente, porque si no, es impensable que se publique un real decreto y que después tengan que rectificar muchos de sus contenidos como consecuencia de las denuncias que hicimos. Ahora, con la Ley de Autonomía Personal está ocurriendo lo mismo. Esta norma tiene rango de Ley y un real decreto no puede modificar lo que viene establecido por una ley. Si el Gobierno quiere tomar determinadas decisiones, tendrá que hacer una modificación de la Ley y quiero recordar que la Ley de Autonomía Personal fue una ley derogada con el acuerdo de todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, aunque luego las autonomías gobernadas por el PP se hayan mostrado muy reticentes a aplicarla.

"Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es ver de qué manera puede consolidar la Ley, no desmantelarla"

Ésta es una Ley que supuso un paso adelante muy importante en nuestro país, y tiene un coste relativamente bajo, entre el Estado y las comunidades autónomas pueden pagar al año alrededor de 6.000 millones de euros, que es el 0,4% de nuestro PIB. Por tanto, no supone tanto esfuerzo teniendo en cuenta que es un derecho consolidado, que es un beneficio muy importante y que permite a 753.000 personas tener una mínima prestación o un servicio que le permite mantener una cierta autonomía personal. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es ver de qué manera puede consolidar la Ley, no desmantelarla ni acabar con ella.

El Gobierno, al llegar al primer Consejo de Ministros dijo que paralizaba la incorporación de 300.000 nuevos dependientes, en diciembre. A continuación, cuando hizo los presupuestos generales del Estado eliminó lo que se llama el nivel acordado, que supone eliminar 283 millones de euros de los presupuestos generales, que añadido a los 283 millones que le corresponde a las comunidades autónomas, es una cifra muy alta, que supone que la Ley se va a dejar de implantar precisamente por falta de recursos. Y ahora nos encontramos con que el Gobierno está planteando que la vivienda compute como un patrimonio para hacer al cálculo de copago en residencias, que está pensando en rebajar la prestación económica, está pensando eliminar las cotizaciones a la seguridad social de los cuidadores familiares, está pensado en incorporar copago incluso para los menores, que no tienen renta pero computa la renta familiar, y está pensando que un derecho individual tenga que ser evaluado en función de la renta familiar.

Me parece que lo que pretende el Gobierno es cargarse la Ley. Una Ley que trae enormes beneficios para los ciudadanos, que consiguió un derecho individual, una Ley que prácticamente está consolidada en el resto de Europa, y si ahora hay que tratar de buscar una financiación adicional por la situación de crisis económica, lo que tiene que hacer el Gobierno es ver de qué manera pueden encontrar más recursos para fortalecer la Ley, pero no para acabar con ella.

"Justo es en este momento de crisis económica cuando donde tenemos que tener especial cuidado con las políticas sociales y de sanidad"

¿Qué va a hacer el partido socialista como principal grupo de la oposición si al final se confirman esas reformas?
Aún no se ha aprobado el real decreto sino que está circulando un borrador que es el objeto de la crítica por parte del partido socialista, y vamos a ver cómo queda finalmente y seguiremos criticándolo en el ámbito de la política, en el Parlamento, en el Consejo Territorial con las autonomías gobernadas por el partido socialista, creando también un clima social, porque hay algo que llama la atención, y es que justo en este momento de crisis económica, donde tenemos que tener especial cuidado con las políticas sociales y de sanidad, porque son las que hay que preservar cuando la gente puede perder su empleo o sus beneficios salariales, hay que mantener la seguridad de este tipo de políticas.

La mayoría de los beneficiarios de la Ley de Autonomía Personal son personas mayores, y les suben el IRPF, por lo tanto le afecta a su pensión; tienen que pagar medicamentos, por lo tanto les afecta a la pensión; les sacan fuera de la subvención algunos medicamentos, y le afecta a su  pensión; elevan el copago… y van a tener que pagar incluso por la teleasistencia, que hasta ahora era gratuita. Y no es que esto sea la beneficencia, no, las personas mayores llevan trabajando toda su vida, cotizando, pagando impuestos, para vivir dignamente al final de su vida. Y esto es lo que no vamos a permitir y vamos a preservar todas las iniciativas parlamentarias necesarias y vamos a seguir denunciando en el ámbito político esto atropellos y ataques a los colectivos más vulnerables.

"Financiar la Ley de Autonomía Personal es algo que España se puede permitir"

La Ley de Autonomía Personal ya nacía con problemas y de hecho desde el sector de la discapacidad se advirtió. Uno de esos problemas era precisamente la financiación. ¿Qué cree su partido que se puede hacer con esta Ley en este contexto de crisis?
Consideramos que financiar la Ley de Autonomía Personal es algo que España se puede permitir. Vivimos una difícil situación, pero estamos en un país con una cierta fortaleza política, económica y social que nos permite mantener unos mínimos por eso insisto en que España puede aportar a esta Ley, entre el Estado y las comunidades autónomas, 6.000 millones de euros.

¿Qué hicimos nosotros? Fuimos haciendo ajustes, pero fuimos incorporando a las personas dependientes al sistema. A mí me tocó también hacer ajustes, pero mantuve el derecho y las prestaciones. Ahora hay que hacer lo mismo. Lo que me parece paradójico es que el Gobierno rechace la implantación de un impuesto a las grandes fortunas, que permitiría en estos momentos de crisis económica, con carácter finalista, sufragar la Ley de Autonomía Personal, y sin embargo diga que prefiere acabar con la Ley de Autonomía Personal.

Si hay que crear un impuesto a las grandes fortunas, se crea, si hay que crear un impuesto que con carácter finalista vaya a sufragar la Ley de Autonomía Personal, que se haga, pero la peor de las soluciones es acabar con la Ley. Además, el Gobierno en el real decreto está planteando cosas contradictorias, dice que no es sostenible y dice que mayoritariamente son prestaciones económicas las que se han ido consolidando y que quiere consolidar servicios. Todos sabemos que los servicios son mucho más caros, y en estos momentos de crisis económica se dice que se presten servicios para las personas dependientes pero que se ponga como aval su propia casa, ¿a quién va a beneficiar esta medida? Desde luego a las personas dependientes no, que además prefieren quedarse en sus casas y mantener el cuidado familiar. Va a beneficiar a las empresas de residencias que están esperando el empujón.

Yo entiendo que el Gobierno tiene que reducir el gasto público y hacer ajustes, pero lo que nunca vamos a apoyar es que esos ajustes y recortes recaigan siempre sobre las personas que menos tienen.

Las personas con discapacidad plantearon que no se podía aportar la casa, no podía computar como patrimonio a la hora de evaluar la renta familiar. El CERMI en su día lo denunció y el Tribunal Supremo le dio la razón, ¿qué van a hacer con esa sentencia? Yo creo que están haciendo las cosas muy mal, con un gran desconocimiento.

 "Se está tendiendo progresivamente a privatizar la sanidad, porque hay un gran negocio... el Gobierno debería reflexionar sobre el monstruo que está creando" 

¿Cree que detrás de todo esto puede haber una privatización de los servicios sociales?
Desde luego en el ámbito de la Sanidad vemos una tendencia a la privatización. Una cosa es la cesión de un servicio, hecho con transparencia y sin ánimo de lucro, como los modelos en Cataluña o Andalucía que han funcionado bastante bien, pero el problema es que el modelo que se está implantando en la Comunidad valenciana o en Castilla-La Mancha pierde el fin público, pierde la posibilidad de control y transparencia que hay que ejercer desde las administraciones públicas y se está tendiendo progresivamente a privatizar la sanidad, porque hay un gran negocio. Si además nos quedamos con una sanidad de mínimos, la gente va a tender a suscribir seguros privados para su tranquilidad, porque la Sanidad, que era paradójicamente la mejor del mundo, la más barata, eficiente y con los mejores profesionales, resulta que ahora es una preocupación para los ciudadanos. El Gobierno debería reflexionar sobre el monstruo que está creando.

Sobre este escenario que describe, sin embargo vemos que este desgaste que sufre el PP con estas medidas, no está siendo aprovechado por el PSOE. ¿Por qué?
En un escenario de profunda crisis económica, donde mucha gente lo pasa muy mal, hay una cierta desconfianza hacia los grandes partidos políticos. Es todavía demasiado pronto para recuperar la credibilidad y el apoyo ciudadano que necesitamos. Sabemos que tenemos que trabajar mucho para recuperarlo, y así como es relativamente fácil perder ese apoyo, todavía cuesta consolidar la recuperación del apoyo.

"El Gobierno no tiene la sensibilidad suficiente para cuidar aquéllos sectores que más está sufriendo la crisis"

Tal y como está el contexto social, el otoño puede ser caliente ¿tienen esa percepción en la clase política?
La situación de crisis económica es tan grave que está provocando un gran descontento social, si además el Gobierno no tiene la sensibilidad suficiente para cuidar aquéllos sectores que más está sufriendo la crisis, la gente saldrá a la calle. Nosotros siempre vamos a estar al lado de la gente que lo está pasando mal y vamos a mantener una posición clara y contundente en contra de estos recortes. Somos conscientes de la situación del país, y de que tenemos que arrimar el hombro y echar una mano, como lo hizo Rubalcaba recientemente en la UE, pero cuando se trate de defender los derechos de los ciudadanos, el PSOE va a estar siempre a su lado, y vamos a presionar para defender esos derechos.

Sólo con políticas de ajuste y recortes no vamos a salir de la crisis, y eso lo ha dicho la Unión Europea. España es un gran país y ha estado entre las 10 primeras economías del mundo. Tenemos las bases económicas suficientes como para buscar estímulo del crecimiento económica para salir de la crisis.

"En materia de discapacidad ningún partido político le va a poner nunca el freno a una iniciativa"

Recientemente, en una reunión con representantes del CERMI, usted se comprometió a apoyar e impulsar el proceso de creación de la nueva ley de inclusión laboral de personas con discapacidad ¿cree que en esta cuestión será más fácil el diálogo con el PP?
En materia de discapacidad ningún partido político le va a poner nunca el freno a una iniciativa, porque en un país se mide su grado de desarrollo y madurez democrática en la manera en que trata de procurar que todos los ciudadanos seamos iguales, con una mínima igualdad de oportunidades, por eso en todas las materias de este tipo ningún partido se va a oponer.

Nosotros hicimos un desarrollo muy amplio en materia legislativa para que las personas con discapacidad tuvieran una base normativa suficiente, algo que han reconocido incluso en Naciones Unidas, pero en materia de empleo, ningún Gobierno ha sido capaz de dar el impulso necesario. Sí que logramos en época de crisis económica que se siguiera creando empleo.

Precisamente los Centros Especiales de Empleo se quejan ahora mismo de que no saben si podrán seguir adelante en la actual situación.
Como en todo, es una cuestión de prioridad política y no podemos permitirnos como país dejar fuera del sistema a tanta gente, y a un colectivo que ya de por sí tiene un altísimo nivel de desempleo. Y no podemos permitirlo como país por una cuestión de justicia social, pero también por una cuestión de desarrollo económico.

Los CEE tienen que recibir ayudas, porque se ha demostrado que son fundamentales para fomentar el empleo y romper las barreras que todavía existen, más allá de la reserva de puestos de trabajo que tiene que haber en la Administración pública y más allá de la responsabilidad que algunas empresas están demostrando en la incorporación de trabajadores con discapacidad.

Los CEE tienen que recibir ese apoyo porque además tienen retorno, tiene un beneficio económico inmediato, y esto es algo que el Gobierno parece que no ha entendido. Es verdad que no dicen que no, porque nadie se atreve a decir que no a un planteamiento que es de justicia social.

Otra de las reclamaciones del CERMI en el ámbito laboral, en relación a la LISMI, se refiere a la contratación pública y la posibilidad de que las administraciones incluyan cláusulas sociales a la hora de contratar un servicio. Es un tema que no contó con el apoyo definitivo del partido socialista ¿qué opinión tienen ahora al respecto?
Entiendo el planteamiento del CERMI y entiendo que lo hagan. El CERMI es una organización que tiene que tener la capacidad de influir y de presionar y yo he sido Gobierno y he tratado mucho con el CERMI y tengo un especial respeto hacia todo lo que planteaban y al papel que tenían que jugar, por eso, a veces, cuando uno está gobernando tiene que mantener algunos matices con este tipo de organizaciones, pero es verdad que la obligación que tenemos las administraciones públicas y algunas empresas de contratar a personas con discapacidad, cuando se incumplen sistemáticamente, tenemos que establecer algún tipo de sanción, reprobación, o el elemento que sea para impulsar que se cumplan. Las leyes están para cumplirse, por lo tanto estoy abierta a buscar mecanismos de presión como los que el CERMI está planteando para que la ley se cumpla.

La pasada semana se celebró en Madrid una conferencia internacional de mujer y discapacidad. Uno de los grandes temas de la misma fue la esterilización forzosa de algunas mujeres con grave discapacidad en nuestro país, ¿qué opina usted de esto?
Tengo una posición personal muy consolidada desde hace mucho tiempo. Es injusta la manera en que se ha planteado esta cuestión en las normas españolas y desde luego estoy en contra de esa esterilización. Creo que tenemos que dejar que haya un margen de decisión que, normalmente y naturalmente, será el más adecuado para la persona, pero no se puede tratar a las personas con discapacidad como incapaces. Esto es un asunto que se debería tratar de una manera solvente y seria en el Parlamento, contando con la opinión del mundo de la discapacidad y con la de los expertos, y desde luego aquí, para la reforma legal necesaria van a contar con mi apoyo.