"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Una visión de derechos humanos para las personas con discapacidad en los centros penitenciarios
Fin para una condena añadida
10/05/2019
Beatriz Sancho
El CERMI, en su misión de garantizar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, no pasa por alto vericueto alguno. Por ello, exige sin dilación una reforma profunda de la normativa penitenciaria española en función a la Convención de los derechos de las personas con Discapacidad para que la discapacidad “no sea una condena añadida”. Hay 5.000 personas con discapacidad privadas de libertad en España cuya situación debe mejorar, y es menester adaptar la legislación nacional a los mandatos de la ONU.
Precisamente, Cuenca fue una de las ponentes del seminario realizado por el CERMI este miércoles en la sede de Salud Mental España titulado: ‘Personas con discapacidad en el medio penitenciario: una visión de derechos humanos’. Allí se dilucidaron las principales conclusiones sobre las necesidades de las personas con discapacidad en prisión, y se insistió en la urgencia de reformar la normativa penitenciaria.
En este acto, uno de los tantos realizados por las entidades del movimiento asociativo para celebrar el 3 de mayo, Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) que se celebra desde este año, se dieron razones, datos y soluciones encaminadas todas ellas al único propósito de reformar la Ley Orgánica Penitenciaria y el reglamento que la desarrolla porque, según esgrimió días antes el presidente del CERMI, Luis Cayo: “No tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad”.
Si bien es cierto, como dijo también Lima, que asumir por nuestro país la CDPD ha supuesto un cambio importante debido a la “transversalidad” requerida, a la necesidad de trabajar en todas las áreas en favor de la discapacidad, “todavía queda mucho por hacer”, especialmente “en los centros penitenciarios”.
Según el informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad: ‘La situación de las personas con discapacidad en el medio penitenciario’, realizado y presentado por el sociólogo Agustín Huete en el citado seminario, y según la publicación de Patricia Cuenca que también estuvo en el acto, de las cerca de 700 personas con discapacidad contabilizadas en 2002, se ha pasado a casi 5.000 en 2018, según la Administración Penitenciaria. Este cuantioso incremento, esta cifra mucho más extensa y exacta ahora, “se debe a la mejora alcanzada en los métodos de clasificación, detección y valoración de la discapacidad”.
También se incidió, entre las conclusiones sobre este espinoso tema, que hay que tener en cuenta que muchas de las personas con discapacidad involucradas en el proceso penal, como el resto de la población sin ella, se han desarrollado en un contexto de riesgo social, con escasez, e incluso falta, de redes y recursos de apoyo. Pero que, ante un mismo este escenario, sin duda, “las personas con discapacidad sufren una doble situación de vulnerabilidad”.
Por otra parte, quedó más que subrayado que: “Los mecanismos de detección temprana, antes de que se produzca el riesgo delictivo, presentan grandes necesidades de coordinación entre servicios sociales y sanitarios”, y que, por supuesto, los expertos ratifican que esta detección anticipada “constituiría una alternativa eficaz para prevenir los delitos”.
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
A las presentaciones de las publicaciones de Huete y de Cuenca, se unió la de la ‘Investigación del Defensor del Pueblo sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual internas en centros penitenciarios’, por parte del jefe de Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, Andrés Jiménez. Entre los problemas específicos de este sector poblacional privado de libertad destacó el desconocimiento generalizado por parte de la sociedad tanto de su existencia como de sus problemas, así como la escasez de módulos especialmente preparados para atenderles, recordando que solo existen tres especializados en toda España.
Asimismo, otras de las dificultades señaladas por Jiménez de las personas con discapacidad intelectual reclusas es que “dependen mucho” de la atención de organizaciones especializadas, que “no siempre están bien subvencionadas”, y que, desgraciadamente, estas “no pueden llegar a todas las prisiones”. También indicó que, en numerosas ocasiones, “estas personas se enfrentan al peligro de ser sancionadas disciplinariamente sin merecerlo”.
Por último, Jiménez puso el foco en que muchas personas con discapacidad intelectual tienen “serias dificultades para comprender su realidad penal y penitenciaria”, y sufren una “falta de adaptación -a sus capacidades- de los programas de tratamiento enfocados al tipo de delito cometido”.
DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL
Aunque todas las personas con discapacidad privadas de libertad sufren una segunda condena por su “discapacidad” en los centros penitenciarios, tal y como se comprobó, sobradamente, en el seminario por medio de un rosario de expertas y técnicas jurídicas de las entidades de Plena Inclusión, Fundación ONCE, Salud Mental España, CNSE, Fiapas y Autismo España, en las conclusiones del acto, junto a la discapacidad intelectual tuvo un papel preponderante la situación de los reclusos con discapacidad psicosocial.
La razón es obvia dado que: “En España se estima que más de un tercio de las personas que permanecen ingresadas en los centros penitenciarios han sido diagnosticadas de uno o más problemas de salud mental”, según denunció Ignacio Fernández, miembro de la junta directiva de Salud Mental España. Para la entidad: “Es imprescindible que exista un turno de oficio de abogados especializados en discapacidad, como primer paso para hacer valer a las personas que tienen problemas de salud mental dentro del proceso judicial”.
Sin embargo, en lo que más se insistió es en que: “Ninguna persona con discapacidad psicosocial debe ingresar en un centro penitenciario o en uno de los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios existentes –el de Fontcalent (en Alicante) o el de Sevilla- por un delito cometido a causa de su problema de salud”. El argumento fundamentado es que: “En esos lugares no se garantiza su derecho a un tratamiento adecuado a su discapacidad”.
Según un Informe del Ministerio del Interior de 2005, el 25’6% de la población reclusa sufre algún tipo de problemas de salud mental, lo que supone una cifra en torno a las 17.000 personas. Y según otro informe de 2001 “la prevalencia de problemas de salud mental en esta población es alrededor de cinco veces superior a la población general”.
Además, quedó esclarecido que la prevalencia de presentar cualquier trastorno mental es del 41,2%. Y desbrozando esta cifra: el trastorno más prevalente, según el citado estudio, fue el de ansiedad (23,3%), seguido del trastorno por uso de sustancias (17,5%), posteriormente por los trastornos afectivos (14,9%) y estos, a su vez, por trastornos psicóticos (4,2%).
Por ello, Irene Muñoz, asesora jurídica de Salud Mental, reclamó: “La urgencia de poner en marcha de medidas para reducir al mínimo la entrada en prisión de estas personas”, y también: “La urgencia de respetar los derechos sociales, pero también los sanitarios de este sector poblacional dentro de los centros penitenciarios”.
Como consecuencia de la falta de recursos, en la mayoría de los casos, también se avisó del “agravamiento considerable de la patología de estas personas” en los centros penitenciarios. Y no solo porque, además, “el ambiente en estos lugares favorece la aparición de problemas de salud mental en la población reclusa que no los tienen”. De hecho, se mencionó como “muy preocupante” el elevado número de casos en los centros penitenciarios de patología dual, es decir, personas con discapacidad psicosocial que, además, tienen problemas de adicción.
Para paliar esta situación, Salud Mental España ha firmado un convenio con el Ministerio del Interior para poner en marcha distintos programas de recuperación e inclusión, que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad psicosocial privadas de libertad, y propone una serie de actuaciones en tres ámbitos primordiales.
Se trata de medidas preventivas para evitar el ingreso en instituciones penitenciarias como el diagnóstico precoz, la continuidad de los tratamientos, y los juicios a través de la figura de la mediación penal; medidas dentro de las instituciones penitenciarias con las que asegurar por completo la atención social y sanitaria de las personas con discapacidad psicosocial recluidas y, por último, medidas de externalización mediante programas de reinclusión social anteriores a la salida de la persona del centro penitenciario.
MUJERES CON DISCAPACIDAD
También por su doble, y en este caso múltiple discriminación, las mujeres con discapacidad en el entorno penitenciario tienen un hueco en estas líneas. De las casi 5000 personas con discapacidad recluidas en centros penitenciarios, el siete por ciento son mujeres, según la Fundación CERMI Mujeres, por lo que estaríamos hablando de alrededor de 370 mujeres con discapacidad privadas de libertad en España.
En este sentido, la FCM exigió que las infraestructuras construidas sean accesibles para garantizar la plena inclusión de las mujeres con discapacidad privadas de libertad, y denunció que las prisiones para mujeres han heredado un modelo masculino, diseñado para las características y necesidades de los hombres. Además, manifestó que el problema de espacio de estas estructuras impide una clasificación de las mujeres con discapacidad adecuada en los centros.
Por último, la CERMI Mujeres, recordando que España ha ratificado la CDPD, pero también la ‘Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres’, reclamó que estos dos acuerdos internacionales: “Cobren efectiva vigencia en nuestro sistema penitenciario”.
CUESTIÓN DE ACOMPASAMIENTO A LA CDPD
Es cierto, como refirió Javier Rebollo, subdirector general de Diálogo Civil, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el seminario que nos ocupa, que en el examen que recientemente ha pasado España con un “necesita mejorar” sobre la aplicación de la Convención de la Discapacidad en nuestro país, el Comité de Naciones Unidas “nos felicitó por los cambios realizados hasta ahora”, pero también: “Nos recordó que quedan importantes cambios que hacer. Uno de ellos es en el ámbito penitenciario. El artículo 14 de la CDPD, Libertad y seguridad de la persona”.
En esta materia: “El Comité nos ha recomendado asegurar la accesibilidad y las adaptaciones procesales en todas las etapas del proceso penal para las personas con discapacidad investigadas o procesadas, incluidas las disposiciones para su apoyo en la toma de decisiones, y garantizar su derecho a defensa”, subrayó Rebollo. “Y eso quiere decir que”, concluyó el subdirector general de ministerio: “Todavía existen reformas que hacer en el ámbito penitenciario, y se hace necesario la revisión de toda la normativa”.
Por lo visto, según citó, la Fundación de Abogacía Española ha puesto de manifiesto que “las personas con problemas de salud mental sometidas a medidas de seguridad sufren un doble estigma porque incluso habiendo sido declaradas no culpables del delito que han cometido, la sociedad les considera no culpables, pero sí peligrosos, y terminan agotando todo el tiempo de la medida de seguridad en los hospitales psiquiátricos penitenciarios”.
En este sentido, recordó, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, dado sus observaciones a los Estados Parte, en virtud del artículo 35 de la CDPD, recomienda que España revise las disposiciones legislativas que autorizan la privación de libertad por motivos de discapacidad, incluidas las discapacidades mentales, psicológicas e intelectuales.
También se recomienda que deroguen las disposiciones que autorizan el internamiento forzoso a causa de una discapacidad manifiesta o diagnosticada, explicó el portavoz de Salud Mental España, y que se adopten medidas para que los servicios médicos, incluidos todos los servicios relacionados con la salud mental, se basen en “el consentimiento otorgado con conocimiento de causa por el interesado”. “España”, sentenció Rebollo, “debe de seguir las líneas que se están marcando desde los organismos internacionales en este ámbito”.
Lo que está claro es que la normativa penitenciaria española necesita una profunda reforma para acomodarse a la Convención de los derechos de las personas con Discapacidad. Esta reforma se hace ineludible para todas las personas con discapacidad privadas de libertad, e irrenunciable para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial por su múltiple, en este y en todos los escenarios, discriminación.
Solo con esa reforma se podrá garantizar la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida en prisión, así como garantizar también el ejercicio de todos sus derechos, en condiciones de igualdad con las demás personas reclusas. Esta, señores, como dictaminó Ángel Luis Ortiz, secretario general en funciones de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior: “Es una labor de todos”.
*Se puede ver la grabación íntegra y accesible del seminario en este enlace o directamente aquí abajo.
*Se puede ver la grabación íntegra y accesible del seminario en este enlace o directamente aquí abajo.
