Miguel Ángel Cabra de Luna, Director de los Servicios Jurídicos del CERMI, apunta en el comienzo de esta mesa algunas de las cuestiones que centrarán el debate planteado por el CERMI: “La cara de la discapacidad está cambiando y en los últimos años de manera muy acelerada; el 70% de las personas con discapacidad en edad laboral, lo son por discapacidad sobrevenida; el régimen jurídico que tenemos en el texto refundido de la Ley general de seguridad social que viene de antaño, es decir, el 198, que es el que regula las situaciones de la compatibilidad/incompatibilidad de la incapacidad permanente y el trabajo, está pensado para otras situaciones; todavía es factible y aplicable pero tiene que darse una vuelta de tuerca porque está llegando un momento en el que no genera beneficio sino incertidumbre, además de economía sumergida, que no nos interesa a ninguno, y le resta recursos al sistema de seguridad social, que tampoco nos interesa a ninguno”.

 

Gloria Redondo, directora General del INSS, entiende que “la normativa probablemente es excesivamente rígida”, pero explica que “por parte del INSS, todas las interpretaciones que en la actualidad realizamos de compatibilidad del trabajo con las pensiones son lo más flexible posible; siempre que vemos algún tipo de sentencia que pueda de alguna forma reforzar nuestro reconocimiento de prestaciones, la utilizamos, pero entendemos que las normativas con rango de ley son complicadas de cambiar aunque en el INSS somos conscientes también del cambio social, el mundo está cambiando, y toda la normativa de seguridad social se basa en la profesión que realizaba el trabajador y todos sabemos que en la actualidad es bastante complicado que una persona realice una profesión estable durante muchos años y se pueda determinar para qué profesión está incapacitado”. 

 

Pero no solo cambia el entorno laboral y la cara de la discapacidad, también cambian las percepciones en torno a la discapacidad, como explica Óscar Moral, presidente del CERMI Comunidad de Madrid: “La situación de las personas con discapacidad ha variado y también la percepción que tienen del trabajo, porque hace 30, 40 años, o más, las personas con discapacidad recibían una prestación económica y parecía resuelta su situación de por vida; pero nada más lejos de la realidad porque la pensión media que una persona con discapacidad obtiene de una incapacidad es de tal naturaleza que le impide llevar una vida inclusiva o normalizada, sus recursos son escasos y, además, las necesidades de las personas con discapacidad están acrecentadas con relación a las demás personas, muy acrecentadas”.

 

 

Según Josefa Torres, secretaria General de Feacem (Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo), “la discapacidad sobrevenida tiene cada vez con más peso en la población con discapacidad, por lo tanto, creo que debemos avanzar en una legislación más flexible, pero también más garantista, para hacer compatible las pensiones de incapacidad con el trabajo”. Y apunta entonces la importancia de ampliar el foco en las normativas que deben ser reformadas: “Es necesario abordar no solo la normativa de la seguridad social y la compatibilidad de las pensiones y prestaciones con el trabajo, sino también abordar modificaciones en la normativa laboral, ya que la normativa laboral está pensada para que alguien con un problema y una incapacidad lo primero que haga es salir del mercado de trabajo”. 

 

Por lo tanto, a su juicio, y al de otros componentes de la mesa que modera José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de Servimedia, en caso de una discapacidad sobrevenida a un trabajador, es necesario plantearse cómo lograr que el criterio no sea la extinción de la relación laboral, sino compatibilizar una prestación con otro posible empleo en la empresa, “que no se le expulse, sino que se invierta en adaptaciones y apoyos necesarios”. De ahí la necesidad de implicar en todo este proceso también a empresarios y sindicatos. Según Pepa Torres, “hay que dotar a los empresarios de un ecosistema de apoyos, que conozcan los apoyos, adaptaciones”, es decir, los empresarios necesitan conocer las posibilidades que se abren cuando un trabajador adquiere una discapacidad. “Es muy importante la unión de la Ley general de seguridad social con la Ley de prevención de riesgos laborales”, apunta Gloria Redondo. Y también es necesaria la participación de los sindicatos, como apunta Miguel Ángel Cabra de Luna, “la reforma debe ser vía seguridad social, coordinada con prevención de riesgos y con los agentes sociales; el diálogo social tiene que pasar por ahí”. 

 

“Es un puzzle donde hay que abordar todas las piezas a la vez”, sentencia Pepa Torres, pero debe ser una operación en la que todos ganen, como explica Cabra de Luna: “Tenemos que buscar una operación en la que todos ganan, las personas con discapacidad que tienen un marco jurídico claro y pueden trabajar, gana la seguridad social, el sistema, y al mismo tiempo las personas se integran y cumplimos con el artículo 27 de la Convención, que exige a los gobiernos que salvaguarden el derecho al trabajo, incluso de las personas que adquieren una discapacidad durante el empleo, e impone a los estados la obligación de promover el mantenimiento del empleo y la reincorporación al trabajo de las personas con discapacidad; y esto implica determinados beneficios: incrementar la tasa de empleo de las personas con discapacidad, mejorar sus ingresos, y por tanto sus condiciones de vida, luchar contra la economía irregular, absolutamente fundamental en un país donde la economía sumergida alcanza el 20%, según datos europeos, y finalmente y muy importante, se aumentan los ingresos de la seguridad social, favoreciendo la cohesión social”.

 

 

El director de los servicios jurídicos del CERMI asegura que “el sistema se ha agotado” y descarta la idea de empeñarse o “enrocarse en cómo mejorarlo”. Pero a juicio de la directora general del INSS, “nuestro sistema de seguridad social es excelente”, y argumenta haciendo referencia a un análisis comparativo con países europeos muy bien valorados, con datos obtenidos de Eurostat, según el cual “nuestro sistema tiene unas ventajas realmente objetivas”.

 

A pesar de ello, Gloria Redondo entiende que “el sistema se puede repensar, porque además los españoles somos muy creativos, y porque queremos que estas personas trabajen y que no haya una reducción de sus ingresos”. 

 

Pero la solución del resto de los integrantes de la mesa pasa definitivamente por “una regulación nueva, clara y segura”, según palabras de Óscar Moral. Y añade: “Ya se ha hecho, insuficientemente, en otro ámbito, como son las pensiones de carácter no contributiva y la compatibilidad con el empleo, insuficiente porque la cuantía es tan pequeña que realmente no incentiva, pero hay que buscar alternativas en esa línea”. 

 

En el caso de las pensiones contributivas, según Cabra de Luna: “Uno de los temas esenciales sería la recuperación automática; si se recupera automáticamente, sacamos a gente de la economía sumergida y se puede generar valor añadido para el país, ingresos para la seguridad social y solventar el problema de esa familia o esa persona que quiere sentirse útil trabajando. Eso supone cuestionar a los padres de la Ley de seguridad social y otros temas pero de vez en cuando hay que pensar en las opciones fuera del sistema, ir buscando una nueva regulación, que es necesaria porque la situación actual es la peor que tenemos”. 

 

En la actualidad, según Óscar Moral: “Hay cierto grado de incertidumbre e inseguridad en cuanto a que algunas personas en situaciones de incapacidad de carácter laboral, sobre todo en las absolutas, se encuentran con una regulación que da lugar a interpretaciones y actuaciones diferentes por parte de la Administración, y la situación de gente joven, muy joven, que ha tenido una incapacidad laboral sobrevenida, con gran invalidez, y que después de un periodo más o menos prolongado en el que acomoda su situación a esta nueva realidad, siente que puede seguir trabajando, se enfrenta a una regulación que prácticamente le impide, le excluye o le aboca a una situación de conflictividad, porque al final tiene que recurrir ante la Administración, incluso pleitear, con resultado a veces desigual e incierto”.

 

Y es una realidad que afecta a muchas personas. Según datos del mes de octubre de este año que ofrece Gloria Redondo: “Tenemos 958.551 beneficiarios en todas las incapacidades permanentes, en diferentes grados”. Y a lo largo de la mesa expone situaciones que han generado un posible conflicto, unas veces solucionado, pero en otras ocasiones, como reconoce, “se frena el que determinadas personas quieran trabajar”. La directora general del INSS asegura que siempre intentan que en el caso de “todas estas personas incapacitadas, se respeten los ingresos que había en el hogar familiar”. Y explica una reciente decisión del INSS que afecta favorablemente a casos de orfandad de personas con una discapacidad mayor del 65%. 

 

Para terminar, Óscar Moral insiste en la importancia del artículo 27 de la Convención de la ONU al que hizo referencia también Cabra de Luna, y señala: “El artículo 27 es trascendente e importante y nos compele a todos, en este caso a la discapacidad y al movimiento asociativo, a ser imaginativos, ya lo hemos hecho otras veces, hemos trabajado para transformar las cosas desde el punto de vista de los derechos; y nos compele a nosotros y a la Administración, pero sobre todo al legislador, a abandonar definitivamente la mirada condescendiente y conmiserativa hacia la discapacidad y, como bien ha apuntado Pepa, poner en coordinación la legislación de seguridad social con la legislación laboral, para buscar esa inclusión laboral de las personas con discapacidad”.

 

“Ojalá para 2021 tengamos el tema resuelto”, expresa Miguel Ángel Cabra de Luna, tendiendo la mano a la negociación necesaria a la directora del INSS: “Hay que buscar una solución que tenga la integralidad de buscar una solución entre todos; una vez constituido el Gobierno, darle salida a un problema que es una revolución pendiente, un tema para el que siempre se han buscado soluciones colaterales, parciales, hemos echado la pelota para fuera… Tenemos que ser sofisticados porque el mercado de trabajo ha cambiado, pero encontraremos la salida al laberinto, porque es razonable”.

 

Además, se ha hablado de la importancia de informar a las personas con discapacidad de toda esta normativa y las posibilidades que se presentan en cada caso; también de la necesidad de documentar esta realidad para abordar una reforma, es decir, saber cuántas personas están incapacitadas, cuántas de ellas quieren trabajar, etc.; y también se habló de las nuevas tecnologías y las oportunidades que se abren con ellas, de ahí esa nueva cara de la discapacidad, ese nuevo mercado laboral, esa inclusión tan necesaria y diversa.