La mesa estaba preparada para esa fecha en la que se había superado ya el límite legal, ese día señalado por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, con arreglo a las condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal. La fecha era el 4 de diciembre y estamos a 19. El moderador de la mesa, José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, pregunta a los participantes cuál es su valoración sobre el cumplimiento de esa ley en cuanto a la accesibilidad universal en nuestro país.

 

La mayoría de ellos se muestran decepcionados, escépticos, incluso preocupados, salvo el representante del Gobierno, Borja Fanjul, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quien comparte la reclamación de mayores avances pero insiste en la celebración de los triunfos acumulados. 

 

Fefa Álvarez, asesora de Accesibilidad del CERMI, lo tiene muy claro y califica la situación, con rotundidad, como “un auténtico fracaso”. Y explica las claves a tener en cuenta: “hay dos cuestiones clave que en el caso de la accesibilidad no se han llevado a cabo, una de ellas es la formación en el ámbito universitario, seguimos sin incorporar criterios de accesibilidad en la mayoría de las facultades, ese me parece el hecho más grave de todos y si eso no se consigue, dentro de diez años, desgraciadamente, seguiremos diciendo que no se ha cumplido la ley. La formación es uno de los pilares en los que hemos fracasado y a futuro, una de las soluciones. Y el otro es la gestión, si no se incorporan los criterios de accesibilidad universal en la gestión cotidiana de todas las entidades públicas o privadas, estaremos en lo mismo”. 

 

Las afirmaciones de la experta son refrendadas por Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI, quien añade además matices importantes en torno al concepto de accesibilidad: “La accesibilidad no es un fin en sí mismo, y hablamos de derecho pero es un principio. Si hablamos de derecho, es un derecho vehicular, que propicia que existan otros o que se puedan realizar otros. Cuando no hay accesibilidad no es que falte accesibilidad, lo que hay es una vulneración de derechos, una falta de igualdad y básicamente una discriminación, incluso sin ser yo penalista, mantengo que puede haber situaciones delictivas cuando hay un incumplimiento”.

 

Y si se trata de elegir una palabra, Luis Miguel López Ruiz, secretario general de CERMI Comunidad de Madrid, elige también con decisión la de “fracaso”. E insiste en su crítica asegurando que “ha sido un fracaso colectivo, con el tiempo que hemos tenido podíamos haber avanzado más, pero también hemos fracasado en el ámbito de las personas con discapacidad por no ser capaces de transmitir la importancia que tiene la accesibilidad. La sociedad en general parece que no se alarma cuando hay una falta de accesibilidad, cuando las personas con discapacidad no podemos acceder a sitios o actividades, parece que no pasa nada y ahí es donde podemos trabajar, hacer palanca”.

 

Por su parte, Jesús Gumiel, presidente de Cocemfe Badajoz y Apamex, entiende que: “La realidad ha sido que todos los plazos que se han ido estableciendo se han incumplido, y el último el pasado día 4 de diciembre se han vuelto a incumplir. Todos estos incumplimientos han tenido un coste, coste que ha supuesto que las personas con discapacidad y sus familias hayan ido claudicando de sus derechos y  los hayan ido cediendo en aras de un mejor cumplimiento posterior”.

 

Y finalmente, discrepando con algunas opiniones y compartiendo otras ideas, Borja Fanjul asegura que “se ha avanzado mucho y hay ciertas cosas que antes eran castillos en el aire y son realidades hoy en día. Y comparándonos con otros países, estamos bastante avanzados en comparación con Francia, Italia, Reino Unido o Alemania”. Y recoge la idea del fracaso colectivo afirmando que echa parte de culpa “a las víctimas, porque muchas veces no somos lo suficientemente decididos, sería un paso de gigante que cada vez que una persona con discapacidad encuentre una falta de accesibilidad, denunciase”. Aunque señala que “no quiero que se entienda que la culpa es de las víctimas pero creo que tenemos parte de responsabilidad, como la tiene la sociedad en general”.

 

 

Y en una intervención amplia con una buena dosis de optimismo, el responsable de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad advierte: “Se ha dicho que es un fracaso colectivo y estoy de acuerdo, pero el que menos culpa tiene es el poder legislativo porque se han hecho leyes”. Algo que matiza el asesor jurídico del CERMI, quien afirma que “el legislador legisla, pero no hay que olvidarlo, con la ayuda del movimiento asociativo, porque sin la presión del movimiento asociativo no lo habría hecho como lo ha hecho, incluso con gran consenso y por lo tanto ningún gobierno puede decir que no es su norma”. Y añade: “No hemos sido capaces, los sucesivos gobiernos, ni de cerrar el círculo normativo y nos ha faltado una norma desarrolladora del acceso a bienes y servicios, que está contemplada en la ley y mandaba al Gobierno a realizarlo en un plazo que finalizó hace dos años”. 

 

Entonces, la experta del CERMI explica que lleva muchos años peleando por la accesibilidad, desde 1978, nada menos, “y hablando de accesibilidad universal, que es tan universal que no solo hablamos de cuatro millones y medio de personas con discapacidad, hablamos de muchísimas personas más, sobre todo personas mayores”. De ahí que reclame de una vez por todas superar la fase de sensibilización: “Hace 25 años estábamos en el momento de la sensibilización, pero hoy no, estamos en el momento de seguir reclamando el cumplimiento de la legislación, la mejora de la legislación en el caso de las viviendas. ¿Por qué no lo aceptan nuestros legisladores? Porque para ellos no es un derecho, porque nosotros y todas esas personas no importamos mucho. Y por temas económicos. ¿Por qué no se ha aprobado la legislación correspondiente a la accesibilidad en los bienes y servicios? Por algo muy sencillo, porque dijeron, ¡cuánto cuesta esto!”. Y se pregunta Fefa Álvarez si no costaba mucho también la aplicación de las normas de seguridad en incendios, que se ha aplicado a rajatabla y se persigue al que no la cumpla. “¡Costaba un pastón!”, asegura. Y lo que es todavía más destacable: “Desde el primer momento, se ha incorporado ese tema a la formación en las facultades de arquitectura e ingeniería. ¿Por qué no se ha incorporado la accesibilidad? Porque no se considera, porque somos un colectivo discriminado”. 

 

Luis Miguel López apunta, en el tema de la vivienda, que “cuando hablamos con el Gobierno de Madrid sobre la Ley de Propiedad Horizontal hay que dar muchísimas explicaciones y siempre que hemos denunciado esto antes del 4 de diciembre de 2017 nos han contestado en la Administración que este derecho hasta el día 4 no lo podemos exigir”. 

 

Si unas veces el problema parte de la ausencia normativa, en otras ocasiones hay que achacárselo a las propias leyes. Según Óscar Moral: “Somos un país muy dado a legislar y a veces a legislar unas normas sobre otras sin tener muy claro para qué. Hemos legislado, y por el momento somos un Estado de Derecho, y como tal cuando las normas no se cumplen el Estado de Derecho no se está cumpliendo, y no se está cumpliendo para una población de 4 millones de personas y sus familias, una parte no desdeñable de la población española”. 

 

 

Por tanto, para el asesor jurídico del CERMI es pertinente hablar de mejoras, pero no de oportunidades nuevas a partir del 4 de diciembre: “No, no es una oportunidad, es el momento de constatar que no hemos podido cumplir unos plazos que nos dimos y poner en evidencia qué vamos a hacer ahora. La cuestión ahora es qué vamos a hacer, cada administración debe saber qué va a hacer en su día, las administraciones autónomas y las locales también, qué planes, qué dotaciones presupuestarias, porque nadie lo dice”. 

 

Entonces, el responsable del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, responde: “Lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, a pesar de que siempre habrá falta de accesibilidad en algún sitio porque la sociedad va evolucionando y surgen nuevas formas de todo, lo que tenemos que hacer es ir solucionando lo que va surgiendo”. Y explica: “¿Qué hace el ministerio en este caso? Sancionar las faltas de cumplimiento. Nosotros tenemos una página web en la que recogemos denuncias, tenemos unos organismos que instruyen las sanciones y en su caso, sancionan. Hemos sancionado desde que estoy en el cargo en tres ocasiones, sanciones de 30.000 euros cada una, con lo cual no es una cuestión baladí. Se hace cumplir la ley. Quizás haya que plantearse dar a conocer estas sanciones porque quizás la sociedad tiene la sensación de que la Administración general del Estado no hace nada. Aunque es posible que debiera haber muchas más sanciones”. 

 

Jesús Gumiel también habla de la necesidad de aplicar sanciones: “Tenemos muy claro que hace falta que la legislación que nos afecta contemple un contundente régimen sancionador porque en muchos casos la negociación no sirve, sobre todo en el ámbito de las comunidades de vecinos donde priorizan los temas, pero en el ámbito de lo público sabemos que es complejo, principalmente por falta de recursos. De todas formas quién nos pida apoyo lo va a tener, pero por nuestra experiencia en trabajar con las instituciones públicas la clave pasa por un fuerte control de proyectos y licencias, todo ello potenciando con la formación de los profesionales que intervienen en la cadena de la accesibilidad a todos los niveles”.

 

Las propuestas que se plantean en la mesa son variadas y apuntan tanto al plano legislativo, como a la práctica diaria en comunidad o de manera individual. Así, Luis Miguel López cree que “tendremos que utilizar métodos más contundentes porque hasta ahora hemos peleado pero quizás no con la suficiente beligerancia y debemos transmitir, cuando vamos por ejemplo a inaugurar unas instalaciones que han adaptado para que sean accesibles, que no vamos allí para aplaudir, vamos para que nos pidan perdón por que no habían sido accesibles antes”. 

 

 

Y entonces, el representante de CERMI Comunidad de Madrid introduce la cuestión del horizonte, de esa línea a veces lejana que parece no llegar nunca: “La percepción que a veces tenemos es que la accesibilidad es un horizonte, pero que siempre está a la misma distancia y si no damos un salto cualitativo, siempre vamos a estar igual de lejos. Incluso hay retrocesos”.

 

Óscar Moral también se implica en la búsqueda de ese horizonte y afirma, siguiendo el discurso de Luis Miguel López y Fefa Álvarez, que el tema está “entre el derecho por la norma y el que realmente tienes porque puedes, o no, ejercitarlo”. Esa es la cuestión fundamental para el asesor jurídico del CERMI, quien añade: “Si siempre pensamos que lo que hemos hecho está bien, el horizonte no va a llegar jamás. Como no demos un salto cualitativo, el horizonte no llega. Y hay muchos ciudadanos que no pueden salir de sus casas y en algunos casos en los que se alcanza la accesibilidad, la vamos perdiendo, como en un ayuntamiento de este país que tenía muchos taxis accesibles y cumplía por encima de la norma y ha decidido quitar algunos. Es sorprendente el criterio de cumplimiento”.

 

Y pasando a un terreno más práctico, Jesús Gumiel hace su lista de propuestas o más bien de ideas concretas capaces de mejorar este país para todas las personas: “Podemos seguir trabajando y colaborando en pro de la accesibilidad, exigiendo que se cumplan las medidas de Fomento y de Control  de las que se ha dotado nuestra legislación, exigiendo que las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales desarrollen planes de accesibilidad así como que se destinen partidas presupuestarias para la ejecución de los mismos y, velando para que las medidas de control se cumplan. Pero insisto, en lo que más nos tenemos que volcar es en lograr que no se otorgue ninguna licencia ni autorización municipal ilegal en materia de accesibilidad, que los contratos administrativos obliguen al cumplimiento de la normativa, y que se denieguen los visados oficiales correspondientes ya sean de colegios profesionales o de oficinas de supervisión de las administraciones públicas competentes, a aquellos que no las cumplan”.

 

Por su parte Fefa Álvarez recurre de nuevo a su argumento inicial y reclama mayor atención en la importancia de la gestión: “La accesibilidad a lo mejor no se alcanza nunca, yo creo que sí, pero si la incorporamos en la gestión, tendremos muchas alternativas, y las alternativas muchas veces no son solo económicas”.

 

Y Borja Fanjul asegura que está de acuerdo prácticamente en todo con el resto de los participantes y sus intervenciones. Finalmente señala: “De acuerdo con todos, una parte es gestión, formación, visibilizar el derecho, también creo que convencer o sensibilizar, y si tiene que ser a través de sanciones, que sea, esperemos que la sociedad sepa avanzar en este tema. Creo que la Administración ha hecho lo que tiene que hacer, que es hacer una legislación y unos organismos que se ocupan de instruir y sancionar incumplimientos. Y creo que en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no se puede ir a más. Tenemos la norma y tenemos la sanción. Trataremos de sensibilizar y seguir trabajando con todos los ministerios para que se vaya avanzando, pero es una labor de todos”. 

 

 

El moderador de la mesa, José Manuel González Huesa, despide a los participantes con el deseo de que ese fracaso colectivo tan mencionado se convierta en poco tiempo, si es posible en un año, en un “impulso colectivo”. Todos celebran la idea y dan por terminada una mesa compleja, porque así es la accesibilidad universal, así de amplia y universal, como afirmaba Fefa Álvarez, ese derecho vehicular que, como explicaba Óscar Moral, propicia que existan otros o que se puedan realizar otros. 

 

Y se ha hablado de muchas más cosas, como es la Ley de Propiedad Horizontal, esa norma siempre pendiente que ningún Gobierno ha sido capaz de redactar en las condiciones necesarias, y que es tan importante porque a ella se debe que muchas personas vivan encerradas en sus casas, como cárceles, y hayan perdido así el acceso a muchos otros derechos. También se ha hablado de la implicación de los ministerios, porque quizás Sanidad responde a veces, pero ¿qué pasa con Educación?, se preguntan, ese ministerio que abarca algo tan universal, también, como es la formación en todas sus etapas. Y han puntualizado en varias ocasiones que la accesibilidad universal no es una barrera física o una rampa, que hay muchas barreras de todo tipo y muchas discapacidades discriminadas por la falta de accesibilidad cognitiva, sensorial, física, de todo tipo. Y a menudo se ha mencionado la gran labor del sector asociativo, la importancia de su tarea en la colaboración, en la denuncia, en la voz única y unida de la discapacidad que actúa con contundencia frente a una de las más graves vulneraciones de derechos que afrontan millones de personas en nuestro país, y sus familias, cada día, cada minuto de sus vidas.