Así lo ha planteado el movimiento CERMI en su documento de aportaciones a la futura Estrategia europea contra la violencia y los abusos sexuales hacia los menores, en fase de consulta pública en estos momentos por parte de la Comisión Europea.

 

En sus alegaciones, el CERMI y la FCM presenta la situación de mayor vulnerabilidad de la infancia con discapacidad en relación con la violencia sexual, agravada por factores como la dependencia intensiva de entornos cuidadores, la mayores cotas de institucionalización o una indefensión incrementada para comprender, repeler o reaccionar antes todo tipo de agresiones de naturaleza sexual.

 

La peor posición de partida de la infancia con discapacidad se ve agravada por la inadecuación de las respuestas oficiales de vigilancia y represión de la violencia sexual, pues las estructuras tanto sanitarias y sociales como policiales y judiciales de protección no han asumido una gestión eficaz de la diversidad de la infancia.

 

El movimiento CERMI espera que la Comisión Europea haga suyos todos estos postulados y coloque a la infancia con discapacidad en la primera posición de defensa y protección en su estrategia contra la violencia sexual en menores.