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viernes, 22 de mayo de 2020cermi.es semanal Nº 392

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
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Opinión

Internet y la nueva realidad para personas con discapacidad y mayores. Impacto del Covid-19

Por Alvaro García Bilbao, presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI

20/05/2020

Álvaro García Bilbao, presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMIExperiencias sacadas
 
Nos hallamos ante una situación histórica impredecible y enigmática, sin precedentes, con escasas señales que nos ayuden a orientarnos y la impresión de que cuando esto termine todo será diferente a lo conocido hasta ahora. Además, los cambios que se prevén lo más probable es que no sean lineales, sino que contengan épocas de transición entre diferentes fases lo que conllevará un cambio permanente de objetivos. La transición de modelo social, por ello, se prevé abrupta lo que, si para el ciudadano medio se plantea complicado, para colectivos desfavorecidos, como las personas con discapacidad y personas mayores con discapacidad, seguramente constituya una situación dramática con escaso margen para implementar y dar respuesta a sus necesidades de tecnologías, productos y servicios accesibles que mitiguen las barreras que se les irán planteando.   
 
Las nuevas tecnologías con Internet como herramienta central y en la medida que aporta autonomía, seguridad, información y comunicación, parecen estar destinadas a liderar parte del tránsito a través de esta dura y compleja realidad que vivimos. Podemos apreciar, en una rápida panorámica, qué tecnologías aportan facilidades a nuestros colectivos de personas con discapacidad y personas mayores con discapacidad.
 
Partiendo de la base de que el colectivo de personas con discapacidad y personas mayores es de una enorme heterogeneidad vemos, según se recoge en el informe Olivenza del año 2018, una utilización en las actividades de comunicación, entretenimiento y en las relacionadas con gestiones de la vida diaria de WhatsApp, correo electrónico, Facebook, Twitter, videollamadas a través de Internet, YouTube, visionado de películas bajo demanda, juegos, banca electrónica, almacenamiento en la nube, realización de trámites administrativos o compra y venta de productos y servicios en la red.  
 
Por otra parte, en las tareas relacionadas con la actividad laboral se aprecia el uso de la ofimática y en estos días, para el trabajo colaborativo en red, se están mostrando imprescindibles las videollamadas a través de Internet.
 
Todos estos servicios contribuyen al mantenimiento tanto de la autonomía personal como de la vida independiente conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad y la vida particular y social bajo los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación.
 
Sin embargo, estas tecnologías, productos y servicios plantean, para su utilización por nuestros colectivos, barreras de accesibilidad que ahondan el riesgo de brecha digital en el que ya viven muchas personas con discapacidad y personas mayores si no se garantiza la accesibilidad universal de las mismas.
 
Estas barreras de accesibilidad se encuentran, por regla general, tanto en los propios dispositivos como en los sitios web o en las aplicaciones móviles, lo que hace necesaria la incorporación de tecnologías de apoyo, es decir, se hace preciso disponer de la posibilidad de conexión de ayudas técnicas que hagan factible ese acceso a los dispositivos tecnológicos; en otros casos resulta preciso poder disponer de aplicaciones diseñadas específicamente para dar respuesta a las necesidades concretas de un perfil determinado de discapacidad como es el caso de las videollamadas en el que resulta necesario incorporen la función de subtitulado para ciudadanos sin audición.
 
A modo de ejemplo, decir que resulta imprescindible tener una buena conexión a Internet en los teléfonos móviles, particularmente fuera del domicilio, con el fin de lograr el establecimiento de una videoconferencia de calidad apoyada en lengua de signos para personas sin audición, poder geolocalizar a una persona con problemas de orientación o visión o eludir, en la medida de lo posible, la exigencia de manipular el ratón, el teclado y las pantallas táctiles mediante el uso de los asistentes virtuales por ciudadanos con problemas de movilidad. La clave está, como vemos, en que siempre se tiene que estar conectado a Internet, si no, falla todo.
 
Otra facilidad, hasta ahora no considerada y que la pandemia ha permitido poner sobre la mesa, ha sido el enorme apoyo y beneficio personal, familiar y sicológico logrado a través de las videoconferencias que realizadas tanto a título personal como por parte de algunas instituciones, han permitido ver y hablar con sus familiares y seres más cercanos a personas separadas como consecuencia de su internamiento y aislamiento obligados en las unidades de cuidados intensivos y cuya situación comportaba problemas de autonomía personal, en cierta medida asimilables a los que tienen las personas con discapacidad.
 
Las residencias han sido otro de los lugares en los cuales esta tecnología ha contribuido a mitigar el aislamiento y la falta de autonomía personal de las personas mayores y mayores con discapacidad. Incorporar la video comunicación accesible como un derecho a ser recogido en nuevos protocolos sanitarios o residenciales podría ser un hecho a tener en consideración en futuras propuestas.
 
Consecuencias, desafíos, propuestas para el futuro
 
A comienzos de la pandemia estas tecnologías, productos y servicios planteaban todavía grandes problemas de accesibilidad para personas con discapacidad y mayores a los cuales se les intentaba ir dando lentamente soluciones técnicas que mejorasen su grado de accesibilidad. Estas soluciones, muy necesarias para nuestros colectivos, aunque no han sido consideradas prioritarias en la mayoría de las ocasiones por las empresas, cosa que va mejorando en la actualidad, iban siendo realidad gracias, fundamentalmente, a la colaboración entre el empuje del movimiento asociativo de la discapacidad liderado por el CERMI y la anuencia de las diferentes administraciones del Estado. Sin embargo, en este momento con unas prioridades completamente diferentes marcadas por los ritmos de la pandemia corren el riesgo de ser nuevamente relegadas dado que la experiencia nos indica que las necesidades de nuestros colectivos suelen ser las últimas en implementarse, pero las primeras en ser abandonadas.
 
Aunque de momento parece pronto como para extraer consecuencias, prever los desafíos que se deparan tan solo en el medio plazo y lanzar propuestas para el futuro tras el cambiante escenario consecuencia de la pandemia, el campo de las tecnologías de la información y de la comunicación probablemente cobrará una dimensión y una importancia mucho mayores para todos los ciudadanos, configurándose como herramienta de uso transversal ante la cual, el derecho de los colectivos de personas con discapacidad y mayores a un uso en igualdad de condiciones con las del resto de los ciudadanos, se presenta como inexcusable. Para hacer realidad la práctica de ese derecho inalienable, disponemos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por España y de obligado cumplimiento, que recoge de forma inequívoca la efectividad de tales derechos.
 
La Convención no establece nuevos derechos, pero prevé medidas de no discriminación y de acción positiva que los Estados deberán implantarlas para garantizar a las personas con discapacidad sus derechos en igualdad de condiciones. España ratificó este documento el 30 de marzo de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La Convención supone un cambio en el concepto de discapacidad, ya que pasa a considerarla como una cuestión de derechos humanos y no como una preocupación en materia de bienestar social.
 
La Constitución de 1978 proclama en su preámbulo la voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, y en su artículo 10.1 dispone que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y la paz social”. 
 
Es a la luz de este marco legislativo donde cabe lugar investigar, diseñar y establecer prioridades y objetivos para que estas tecnologías, productos y servicios se conviertan en palancas que aporten nuevas facilidades a nuestros colectivos que permitirán superar barreras físicas y sensoriales de acceso. 
 
Así y para finalizar, es de derecho y resulta plausible con los recursos tecnológicos actuales, desarrollar y construir un Internet con diseño universal, es decir, accesible para cualquier tipo de ciudadano y que proporcione las mismas facilidades a las personas con discapacidad y mayores que al resto de la población. Para ello se requiere comprender cómo las personas con discapacidad y mayores utilizan esa tecnología y las barreras que encuentran, teniendo siempre en cuenta el carácter sensible de los datos recogidos en la utilización de estos productos y servicios.
 
Esto precisa de una apuesta política firme y decidida por la investigación (por ejemplo, que la inteligencia artificial tenga presente la discapacidad como situación diferenciadora desde un enfoque de igualdad y no discriminación) y su necesaria financiación, constituyendo una obligación de los poderes públicos contribuir a la efectividad de tales derechos aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano.
 
Los colectivos de personas con discapacidad y mayores deberían, además, considerar la posibilidad de participar, a través de sus organizaciones más representativas, en los procesos de elaboración de las correspondientes políticas, manifestando sus necesidades y prioridades sobre los problemas a los que se enfrentan al ejercer sus derechos a utilizar estos nuevos los dispositivos y servicios en igualdad de condiciones con las del resto de los ciudadanos.
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