La consecución de un mayor grado de cohesión económica, social y territorial es uno de los fines de la propia Unión Europea (UE), como nos recuerda el artículo 3 de su Tratado Constitutivo, en su actual configuración. Y, dentro de las competencias compartidas entre la Unión y los Estados Miembros, recogida en el art. 4 del Tratado de Función, se encuentra la consecución de dicha cohesión. A su vez, dentro de los instrumentos que más han ayudado a la conquista de este fin se encuentran los fondos estructurales y el Fondo de Cohesión.

En lo que aquí concierne, y teniendo en cuenta la evolución y planificación de los diversos fondos, aquellos que revisten mayor interés son el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

 

Podrán haber notado que parece haber un inusitado y renovado interés por hablar de los fondos comunitarios, y este interés viene provocado por la inminente renovación del Marco Financiero Plurianual (MFP), el cual viene a ser la envolvente que fija los importes máximos anuales que, posteriormente, deberán respetar y concretar los diversos presupuestos anuales de la Unión. 

 

El actual MFP es el 2014-2020, y actualmente se está trabajando en el MFP 2021-2028. El proceso, tal y como ha explicitado la Comisión, conllevará que en este año 2018 la Comisión eleve una propuesta de aquellos ámbitos en los que la actuación comunitaria sea más eficaz que la actuación nacional, tal y como dice la propia Comisión, vigilando la mayor efectividad de cada euro de los presupuestos comunitarios. Y además, teniendo que lidiar con una situación ciertamente complicada: la previsión de tener que financiar más actuaciones con una menor disponibilidad económica.

 

En esta tesitura, el movimiento organizado de la discapacidad debe ser capaz de participar en los procesos de consulta pública y discusión de la envolvente presupuestaria y en la elaboración de los documentos programáticos de la planificación de fondos comunitaria para el futuro escenario, sin perder de vista que muchos de los objetivos previstos para este marco 2014-2020 no se han acabado de cumplir, existiendo todavía carencias e incumplimientos efectivos de las previsiones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo ello con miras a seguir manteniendo la relación histórica de partenariado en la preparación e implementación efectiva de los Programas Operativos de cada uno de los fondos.

 

Por ello, el Grupo de Trabajo de Relaciones Internacionales y Cooperación del CERMI se encuentra actualmente redactando un posicionamiento sobre lo expuesto, donde reflejemos lo que hemos conseguido gracias a los fondos comunitarios, poniendo en valor lo recibido y, aún más importante, poniendo en valor el retorno social de la inversión.

 

Pero no podemos reducir el trabajo a ver lo recibido y conseguido, vamos a poner el foco en lo que falta, en las necesidades que siguen teniendo las personas con discapacidad, que todavía hoy se encuentran “no-cohesionadas” con el resto de la sociedad, y valorar aquellas líneas en las que la financiación comunitaria de las mismas cumpla con los criterios expuestos por la Comisión y que, por tanto, tengamos que defender como aquellas que deben ser recogidas en el MFP 2021-2028 y en la normativa que desarrolle cada uno de los fondos.