Como Presidente de la Comisión de Educación del CERMI estoy siguiendo con atención la preocupación razonable de muchas familias ante el proceso de modificación de la normativa educativa par adaptar la legislación educativa española a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya integrada en nuestro ordenamiento jurídico, y por tanto de obligado cumplimiento para España.

 

La posición del CERMI acerca de la libertad de elección de las familias es claramente favorable a esta, en ningún momento se duda que este derecho debe ser garantizado, pero también tenemos que denunciar que, a fecha de hoy, este derecho a elegir entre educación ordinaria inclusiva y educación especial no existe.

 

Esta afirmación no es gratuita, y se confirma con las múltiples manifestaciones de familias que hemos visto a lo largo de estos meses.

 

En esas declaraciones se hace siempre constar un sentimiento común: se escolariza a los menores en centros de educación especial porque cuentan con los recursos que precisan en estos, y no en los ordinarios.

 

Esto nos da la razón sobre esa falta de libertad de elección, se elige un centro porque no hay otro para elegir, lo cual no es libertad, es la limitación de estar de acuerdo con la única opción que se brinda, que también podría ser admisible si no fuera por algunos graves inconvenientes que supone esta situación.

 

El primero es que esta situación es contraria al ordenamiento jurídico español. Como hemos dicho antes, la Convención forma parte de él desde 2008, nada más y nada menos, y solo esto debería justificar la modificación de todas las normas que la contravienen, la dotación de los recursos humanos y materiales precisos para que una familia elija libremente donde escolarizar a su hijo o hija con garantías de que va a tener la mejor educación, y la organización de la formación de los profesionales de la educación para alcanzar el cumplimiento de la Ley.

 

El segundo es esta falta de libertad de elección que hemos denunciado más arriba, no hay libertad de elección cuando no hay opciones reales, y si no se organiza la educación para que sea realmente inclusiva no se podrá elegir y, por tanto, no se podrá ser libre.

 

Otro grave inconveniente es que, si no se producen modificaciones en la planificación de la educación en España, tampoco cumpliremos el compromiso que, como país, tenemos en el desarrollo de la agenda 2030, no solo en el objetivo 4 de Educación de calidad, también otros como la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, la consecución de ciudades y comunidades sostenibles, la producción y el consumo responsables, la acción por el clima, la paz, la justicia e instituciones sólidas y con ello, toda la agenda.

 

Porque no olvidemos que la educación inclusiva afecta a toda la ciudadanía, tiene como objetivo alcanzar la mejor educación para todos, entre los objetivos de la educación inclusiva están la justicia y la equidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

 

Poner en marcha la educación inclusiva para todos no es un beneficio exclusivo de la discapacidad, es un logro de toda la sociedad en su conjunto, que definirá nuestra sociedad del futuro haciéndola más justa para todos, porque todos nos beneficiaremos de que el sistema educativo se organice para que cualquier niño, niña o joven alcance su mejor educación. También sus familias seremos partícipes de ese mejor futuro y podremos dejar un mundo mejor para nuestros hijos e hijas, pero también para el resto de nuestros conciudadanos y el mundo en general.

 

Retrasar la implantación de la educación inclusiva afectará negativamente a la sociedad, quien sea responsable de ello tendrá que dar cuentas de por qué tomó esa decisión.

 

Y no ser valiente en este momento de cambio global de la perspectiva del futuro de nuestro mundo, quedar fuera de los países que adopten las medidas que permitan implantar la agenda 2030 en su totalidad para que se alcancen sus objetivos, es una opción que como país no podemos permitirnos, y en el CERMI trabajamos para contribuir al cambio de mentalidad de la sociedad y por un futuro mejor, está en nuestro ADN exigir este compromiso.

 

Jose Luis Aedo es Vicepresidente del CERMI, presidente de su Comisión de Educación y vicepresidente de la Comisión de Educación y Formación Profesional del Foro para la Inclusión Educativa del alumnado con discapacidad