La educación inclusiva no es una metodología, ni un principio, ni un valor, es un derecho humano a vivir, aprender y desarrollarse con todas las personas que conforman nuestra comunidad, incluida de forma principal, la escuela, sin olvidar el resto de itinerarios que configuran el derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida.

 

Presencia, participación y progreso del niño y la niña en el aula, y cuanto antes, son indicadores claves que nos hablan de una verdadera educación inclusiva. Mantener altas expectativas de logro para todo el  alumnado. Contar con profesionales altamente cualificados. Diseñar desde el principio de accesibilidad universal materiales, tecnología y entornos para remover obstáculos y promover la igualdad de oportunidades.  Y sobre todo, un compromiso claro de los líderes del proyecto educativo, son elementos necesarios para el éxito.

 

Construir un modelo de educación basado en esos presupuestos es asumir un reto de país. Darle una vuelta a todo el modelo educativo español desde la formación del profesorado, las ratios, la incorporación de otros perfiles profesionales, la sensibilización e implicación activa de las familias. Una inversión de futuro que debe dibujar la sociedad de nuestros hijos como un lugar más humano.

 

La educación inclusiva ha sido y es un horizonte anhelado por las familias, niños y niñas con discapacidad y profesionales, pero en muchas ocasiones, vivido como inalcanzable o utópico, a causa de las grandes dificultades y malas experiencias con las que se han encontrado en el día a día en las escuelas. Muchas familias creyeron en una educación inclusiva y se toparon con mil obstáculos y rechazos, generando dolor y desconfianza. Otras tienen que luchar en los tribunales lo que por derecho deberían tener reconocido, asumiendo un desgaste inhumano tanto personal como económico. 

 

Por eso, debemos avanzar hacia este derecho con todas las cautelas y protección hacia el alumno y su familia, para no perjudicar su proceso educativo ni reincidir en experiencias traumáticas anteriores. Pero siendo muy conscientes de esta realidad, no podemos permitirnos quedarnos paralizados ni estancados en un sistema educativo inadecuado y que no garantiza el derecho de todos a una educación de calidad e inclusiva. 

 

Los gestores de las escuelas también desconfían de la imposición de nuevos objetivos, sin que vengan acompañados de los recursos necesarios. No hay que olvidar los recortes sufridos por efecto de la crisis, y la demanda de muchos de ellos, ya no de aumentar financiación, sino de recuperar lo perdido. La inclusión puede suponer en un primer momento un aumento del presupuesto, pero si se considera como inversión, podremos observar cómo genera desde un primer momento beneficios para todo el sistema y eliminación de gastos de no calidad que no solemos imputar en el análisis.  No obstante ni Estado ni Comunidades Autónomas han llegado a valorar dicha inversión.   

 

Muchos profesionales reconocen no estar preparados para una educación realmente inclusiva y muchos centros educativos de facto generan sutiles políticas de exclusión de alumnos y familias por causa de discapacidad u otros tipos de diversidad, como forma de evitar conflictos y problemas. Es frecuente oír, este colegio no está preparado para este tipo de personas, que si le damos la vuelta al argumento, es como decir, esta persona no está preparada para este centro. Como dijo Carlos Skliar, la cuestión no es si estás preparado, ¡si no lo estás prepárate, es tu obligación!, la cuestión es ¿estás dispuesto? En cambio hay colegios que han hecho de la inclusión un irrenunciable de su proyecto educativo obteniendo magníficos resultados que deberían ser reconocidos como modelos de los que aprender. Los datos son claros, en estos años hay más alumnos en educación especial y menos en escuela ordinaria, cuando debería ser justo al revés. Algo va mal. 

 

La educación especial en centros solo para niños y niñas con discapacidad es un modelo que nació en los años 50 y que ha cumplido un importante papel en España, hoy cuenta con equipos profesionales expertos y proyectos de innovación educativa muy interesantes, pero como el resto del sistema educativo, están llamados a transformarse en servicios de referencia y de recursos abiertos a toda la comunidad educativa. 

 

Pero la educación inclusiva ha entrado en el ámbito de la lucha política partidista y amenaza con convertirse en un campo de batalla más entre lo negro contra lo blanco, el y tú más, o lo que es peor, o tú o yo. Es como arreglar un reloj suizo a martillazos u operar de apendicitis con tijeras de podar.

 

El nada edificante  espectáculo ofrecido en el seno de la Subcomisión del Pacto de Estado por la Educación lo dice todo. La oportunidad de avanzar en algo, se deshizo como un azucarillo. Una vez más, falta de capacidad de dialogo de los grupos parlamentarios. 

 

Nos piden reiteradamente posicionarnos o a favor o en contra, pero hay realidades que no se contienen en el marco de una opción dilemática. Se construyen sobre acuerdos cuyos pilares son los derechos de las personas, pero los ladrillos son la voluntad clara de avanzar y buscar ‘los cómo’, el rigor profesional, la evidencia científica, la innovación, contar con los medios necesarios, el apoyo a las familias y la construcción de un proyecto educativo sólido donde quepan los planes personales centrados en cada alumno/a y su familia, en comunidades educativas libres de abusos y sensibilizadas hacia el derecho a la inclusión. Construir confianza es fundamental, así lo atestiguan las últimas investigaciones (V. Martínez Tur y otros).

 

El movimiento asociativo Plena inclusión trabaja desde hace años en procesos de transformación hacia la inclusión educativa. Educación que se extiende a lo largo de la vida de toda persona, incluida una Formación Profesional efectiva y el acceso de  todos a las actividades extraescolares, al deporte y la cultura. Debemos poner especial atención a la educación de las personas con mayores necesidades de apoyo y sus familias. Los datos sobre el déficit de apoyos en este grupo de personas son muy graves (Verdugo y Navas). 

 

La inclusión educativa es un mandato para la Administración Central y para las Comunidades Autónomas, como hace pocos meses les ha recordado Naciones Unidas a España. Nosotros entendemos que para avanzar se precisa de una estrategia de transformación de la Educación y de su sistema basado en la promoción y financiación de las prácticas basadas en la evidencia y la innovación educativa, donde construir juntos nuevas configuraciones y respuestas  educativas que incorporen la diversidad. Necesitamos hablar de buenas experiencias, de logros y resultados positivos. Hoy existen esas realidades, pero son muy pocas y, sobre todo, poco visibles para la sociedad. Generemos un plan de avance que haga posible que los protagonistas del proceso educativo sean los que den pasos firmes y asentados en la realidad concreta de los colegios y en los planes de cada alumno y su familia hacia la inclusión. Generar confianza, apoyar los éxitos personales y familiares. 

 

Luchamos durante años por quitarnos etiquetas, por favor evitemos una etiqueta más, y busquemos la mejor educación para nuestros hijos en comunidades y escuelas inclusivas.