"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Opinión
Fondos europeos al servicio de lo social
Por Luis Vañó, presidente de CERMI Comunidad Valenciana y de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad Valenciana
26/03/2021
Hoy sabemos que no es posible un crecimiento sostenible, inteligente e integrador sin cohesión social, sin inclusión e igualdad, papel fundamental que juegan las entidades del tercer sector.
Por ello, la apuesta necesaria por su reconocimiento, refuerzo y estabilidad debería ser una de las prioridades en la agenda política del Gobierno de España y de las CCAA, en un contexto en el que es necesario apostar por la innovación social, reinventando las estrategias de intervención para hacer posible el abordaje de las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria, económica y social que atravesamos.
El compromiso y los objetivos de las organizaciones del tercer sector social de la discapacidad y por ende de todo el tercer sector de acción social; se centra con claridad en la búsqueda de la prosperidad para el conjunto de la humanidad, y persiguen que todo ser humano tenga la capacidad de vivir una existencia que contenga los tres elementos que definen todas las actuaciones que se desarrollan en orden a la dignidad de las personas, la igualdad y las oportunidades para que nadie carezca de los medios más básicos.
Las entidades sociales trabajábamos por hacer posible la redistribución de la riqueza, pero el reto de nuestras organizaciones es pasar de la visión redistributiva a la orientada a un diseño económico regenerativo. Un modelo que los ODS han definido como objetivos del planeta para 2030.
Durante 2020 hemos utilizado con exceso la palabra pandemia, pero ahora deberíamos hablar ya de sindemia, que es el conjunto de impactos que produce un agente externo (el virus) al penetrar en un sistema muy estable y con riesgos/debilidades considerables, que acaba produciendo un efecto amplificador.
La sindemia requiere afrontar cambios estratégicos en captación de fondos, sin despreciar la táctica y la rapidez del día a día. Y los cambios que ya están aquí no se resuelven con ligeras variaciones de rumbo. El esfuerzo global del tercer sector en 2020 para innovar en captación es un ejemplo de este cambio estratégico a medio plazo, complementado con un formato abierto para generar y compartir conocimiento.
Una primera muestra del potencial de cambio son los fondos Next Generation de la UE, que van a suponer una inyección considerable de dinero público (140.000 millones de euros) durante los próximos cinco años. Estos fondos van a afectar al tercer sector en general, aunque por ahora como actor pasivo; ya que no se esta implementando y ayudando a las organizaciones para ser actores activos en la gestión de proyectos tractores de estos fondos.
La situación post COVID nos muestra una realidad emergente que ya existía, donde el cambio es constante y requiere que las personas, los equipos y las organizaciones se adapten de forma ágil para aprender de las experiencias y responder de forma efectiva a las necesidades del entorno; es decir “el cambio deberá ser un hábito”.
Una organización resiliente es aquella en la que las personas, los equipos y la organización en su conjunto asegura su supervivencia porque: es capaz de permanecer flexible, fuerte, ágil y adaptable ante circunstancias ambiguas, adversas y cambiantes, puede reinventarse sin perder el objetivo y la misión ante las circunstancias adversas, aprende, sale fortalecida y se orienta a la mejora continua. Pero esta resiliencia en las entidades sociales, no se podrá llevar a cabo; si no se tiene en cuenta a estas y, en concreto, si los fondos europeos, en todas sus variantes, no tiene un rostro social predominante.
En el actual contexto de crisis, cada euro que dediquemos a las políticas sociales que luchan contra la pobreza y la exclusión social y construyan cohesión social en el marco de la agenda 2030, no será un gasto sino una de las mejores inversiones colectivas que podemos hacer en beneficio del conjunto de la sociedad.
Debe acordarse un nuevo modelo de financiación de las políticas públicas que gestionan, que garantice la plurianualidad en las intervenciones, la calidad en los servicios que prestan, la transparencia en la gestión, la innovación social, el buen gobierno y la evaluación del impacto social que producen sus programas y servicios.
Tenemos que superar el concepto de I+D+i vinculado de manera exclusiva a los ámbitos tecnológico y científico, para situar a las personas en el centro de discusión y a la innovación social como un objetivo central y transversal a todas las políticas de I+D+i.
La innovación social se considera un proceso con resultados en el medio y largo plazo que se construye en base a la interrelación y al establecimiento de alianzas estables entre diversos actores sociales, con la finalidad de sumar miradas diversas que propicien la transformación de las estrategias y las metodologías de intervención social y las bases que configuran las políticas sociales encaminadas hacia una lucha más eficaz y de impacto transformador contra la pobreza, el desempleo y la exclusión social, en base a la creatividad colectiva, la diversidad de actores, la participación, la investigación y la experimentación.
Teniendo en cuenta que los modelos actuales de crecimiento no sirven para una sociedad donde la escasez es la norma y donde demasiada gente se queda atrás.
Nuevas maneras de colaborar, cooperar y crecer son necesarias para construir, entre todos y todas, una Europa, un país y unas Comunidades Autónomas sostenibles e inclusivas, donde la cultura de la innovación lleve a todos los actores sociales al compromiso estratégico de crear productos, servicios y soluciones que aporten valor a la sociedad, apostando por la colaboración público-privada como una de las claves de la innovación; y encaminarnos hacia nuevas formas de colaboración y nuevos espacios de articulación para las organizaciones del tercer sector de la discapacidad y de todo el tercer sector en su conjunto.
Tengamos siempre presente que el concepto de innovación social hace referencia a toda solución novedosa de un problema social que sea más eficaz, eficiente y sostenible, o simplemente justa, que las soluciones actuales; y cuya aportación de valor se dirija a los intereses de la sociedad en su conjunto y no a los intereses particulares.
La sostenibilidad de los sistemas de bienestar y protección social es un desafío creciente y los sistemas de bienestar se enfrentan a una presión cada vez mayor, en términos de recortes presupuestarios y cambios demográficos, especialmente en el contexto de una población que envejece rápidamente.
A esto se suma los cambios tecnológicos que influyen en el mundo del trabajo y las habilidades que las personas deben desarrollar para adaptarse a un mercado laboral cambiante. Necesitamos soluciones sostenibles para abordar estos desafíos sociales en evolución; y la innovación social tiene un papel clave que desempeñar en todo esto.
La innovación social es el desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer las necesidades sociales y crear nuevas relaciones sociales o colaboraciones. Representa nuevas respuestas a las urgentes demandas sociales, destinadas a mejorar el bienestar humano.
Las innovaciones sociales son innovaciones que son sociales tanto en sus fines como en sus medios. Son nuevas soluciones que no solo son buenas para la sociedad, sino que también mejoran la capacidad de acción de las personas.
Los fondos obtenidos de Next Generation EU se integran en las distintas líneas del presupuesto de la Unión Europea afectadas como ingresos asignados, para encaminaros hacia esa innovación social; y en concreto, los fondos van dirigidos a financiar las actuaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, React-EU, Horizonte Europa, InvestEU, Fondo de Transición Justa, FEADER y RescEU.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europea y programación 2021-2027 tiene que promover un cambio en el modelo económico hacia el desarrollo sostenible y la promoción de los sectores productivos comprometidos con las personas y el progreso social de nuestro país y de todas las Comunidades Autónomas; frente a las posiciones economicistas que propugnan la incompatibilidad entre crecimiento y sostenibilidad con la solidaridad, subrayando el potencial de contribución económica, productiva y transformadora de una parte significativa de la población que actualmente se encuentra en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y que está en condiciones de desempeñar un papel activo y productivo en el sistema.
Además, en este desarrollo de políticas y estrategias de promoción de la participación ciudadana y el voluntariado, la Administración del Estado y de las comunidades autónomas tiene que atender los nuevos escenarios y necesidades que exigen respuestas específicas en cuanto a grupos sociales, ámbitos de exclusión y a circunstancias que multiplican la vulnerabilidad y que exigen la implicación ciudadana como herramienta imprescindible de lucha contra la exclusión; y teniendo en cuenta al Tercer Sector como esencial y vital; en esta dinámica de respuestas concretas.
En cuanto a los fondos europeos, estos deben tener un rostro social y que puedan ser destinados a políticas sociales, y a acción social. Y en concreto, que se destinen a medidas de inclusión en las que el Tercer Sector de Acción social puedan tener un papel y tener acceso a estos fondos, ya que la situación debido al COVID-19 es agónica; puesto que la pandemia ha agudizado la fragilidad inicial y se corre el riesgo de que comiencen a desaparecer organizaciones y se pierdan muchos apoyos y mucho acompañamiento.
Hay cuestiones que conforman que los fondos europeos no tienen un rostro social predominante, y por lo tanto no están completamente al servicio de lo social; y por enumerar algunos, podíamos citar:
- I. El papel que juegan las entidades sociales en los programas operativos de las comunidades autónomas no siempre permite aprovechar adecuadamente su mayor conocimiento y su capacidad de intervención más cercana, flexible, integrada e innovadora; y a esto hay que añadir que hay barreras a la participación de entidades pequeñas en fondos europeos.
- II. Hay problemas burocráticos a la hora de combinar fondos que permitan inversión en infraestructuras financiadas con FEDER con fondos FSE para el desarrollo de actividades de inclusión social y laboral relacionadas con esas infraestructuras. Por ejemplo, el FEDER no tiene los objetivos de inclusión social y laboral adecuadamente incorporados.
- III. Existe una inexistencia de fondos específicos para la cooperación entre diferentes departamentos de las administraciones públicas y entre estas y las entidades sociales.
- IV. Hay dificultades para diseñar y desarrollar programas de innovación social y programas de experimentación social con los fondos europeos; porque muchas veces, las convocatorias de subvenciones incluyen objetivos y metodologías cerradas que no permiten elementos de innovación; y el enfoque orientado a resultados puede ser una barrera añadida en caso de programas de innovación social no contrastados previamente.
- V. Hay riesgos financieros para las entidades sociales, ya que los fondos se reciben a menudo después de haber realizado la intervención; y, por lo tanto, esto supone una barrera de entrada para las entidades, ya que necesitan una tesorería resistente de la que no todas disponen.
- VI. Al ser las convocatorias anuales, conllevan gran ineficiencia, ya que se pierden meses de intervención, en gran medida dedicados a burocracia entre convocatoria y convocatoria; y, además, supone una pérdida de continuidad en el trabajo con las personas.
Por lo tanto, ¿que enfoques y actuaciones se deberían implementar para superar esta falta de estar al servicio de lo social de los fondos europeos? Por enumerar algunos, podríamos citar:
- I. Que se garantice la participación real de las entidades sociales en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los programas operativos de fondos europeos, como elemento esencial para un nuevo modelo de gobernanza de los fondos europeos 2021- 2027
- II. Que se reserve fondos para programas de atención a colectivos específicos con situaciones de pobreza y exclusión social; y que se garantice que todos los Programas Operativos de las comunidades y ciudades autónomas y estatales tengan un enfoque inclusivo prestando especial atención a las personas más vulnerables.
- III. Habría que reservar fondos en los Programas Operativos estatales y de las comunidades autónomas para proyectos específicos relacionados con los objetivos de la innovación social; como proyectos de colaboración entre los servicios sociales, los de empleo y las entidades sociales; y proyectos que fomenten la formación conjunta, el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias y proyectos para la elaboración de estudios sobre pobreza, discapacidad, exclusión social y empleo.
- IV. Hay que incentivar mas, que los Comités de Seguimiento estatales y autonómicos de fondos europeos sean más activos y dinámicos y garantizar la participación de las entidades sociales.
- V. Se tiene que simplificar la carga administrativa y aunar criterios entre las diferentes administraciones: departamentos responsables de seguimiento de fondos, de auditorías, de actuaciones de empleo, de servicios sociales, educación…; y en particular, aclarar las condiciones para la ejecución de proyectos de innovación social.
- VI. Hay que conformar actuaciones de formación y reciclaje de profesionales en gestión de fondos europeos tanto en las administraciones públicas (estatales, regionales y locales) como en entidades sociales.
- VII. Habría que llevar a cabo actuaciones que posibiliten una mayor difusión de los programas entre los diferentes territorios, para que pueda haber intercambio de conocimiento y de buenas prácticas de soluciones específicas. En general, se precisa mejorar los canales de comunicación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, así como de estos con educación y otros servicios básicos. Esto contribuiría a obtener mayores sinergias.
- VIII. Diseñar e implementar mecanismos estables para coordinar servicios sociales y de empleo, y también estos con educación y otros servicios básicos, así como con las entidades sociales y a nivel estatal, en cada comunidad autónoma y en el nivel local.
- IX. Diseñar actuaciones para seguir avanzando en la profesionalización y formación de los profesionales de las entidades sociales.
- X. Diseñar y desarrollar de forma conjunta entre empleo, servicios sociales y el tercer sector proyectos que incluyan una propuesta de indicadores adecuados para el seguimiento y la evaluación de la intervención en común, así como una propuesta de objetivos cuantificados de resultados en términos de inclusión social; y añadir en estos proyectos la metodología para la recogida de la información necesaria para alimentar esos indicadores.
- XI. Diseñar actuaciones para acelerar la transformación tecnológica y la modernización de los servicios sociales orientada a la atención integral y personalizada de los colectivos más vulnerables, a nivel estatal, autonómico y local, y con las entidades del tercer sector de acción social.
- XII. Planificar y desarrollar proyectos piloto que, en la medida en que consigan avances hacia los objetivos establecidos, sean escalables a otros territorios y contextos; y en donde las entidades del tercer sector de acción social tienen que ser un canal muy adecuado para el desarrollo de proyectos piloto conjuntos en convocatorias coordinadas.
- XIII. Una identificación de buenas prácticas a nivel autonómico y local y en las entidades sociales, para compartirlas y hacerlas escalables con fondos europeos.
- XIV. Diseñar partenariados capaces de proporcionar soluciones holísticas e integradas a los problemas complejos identificados; y que estos partenariados pueden incluir, además a varias administraciones públicas (a diferentes niveles territoriales) y a las entidades sociales.
- XV. Preparar estrategias de acción, con las entidades sociales del Tercer Sector; para influir en el muy corto plazo, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (PRTR), teniendo en cuenta los objetivos de la política "palanca" del componente 22 “Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de Igualdad e Inclusión”
La inmediatez del plazo, a que me refiero; viene dada por el corto periodo que existe para ejecutar el gasto del PRTR (hasta finales de 2023). Estas estrategias habrán de ser compartidas y discutidas en cada comunidad y ciudad autónoma con los gestores del PRTR. Y donde en esa cogobernanza, este presente las entidades del tercer sector de acción social; y por lo tanto se promueva a nivel estatal y en las comunidades autónomas rondas de consultas con entidades sociales, para incluir sus respectivas perspectivas en las actuaciones que se propongan.
Es indudable que la innovación social es un pilar fundamental para afrontar los retos sociales a los que la sociedad contemporánea se enfrenta. Este nuevo modelo de negocio enfocado en proporcionar una respuesta a la necesidad social necesita de una apuesta decidida de las administraciones publicas, que ya es un hecho constatable, del sector privado y de las entidades del tercer sector de acción social en general.
Por último, no podemos obviar el hecho que supone para este tipo de emprendimiento, como para cualquier otro, el contar con el recurso de la financiación, para el caso de las innovaciones sociales y de las inversiones e impacto; que tienen como objetivo una resolución de un problema social; donde los Fondos Europeos juegan un papel decisivo, si realmente se invierten desde una perspectiva inclusiva, primando la participación con los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y enfocados al servicio de lo Social.
