España es un país conformado por miles de pueblos llenos de historia, tradiciones y vida. Hay más de 8.000 y en cada uno de estos lugares hay un relato tan interesante que podría formar parte del guion de una película o de un libro. Testimonios de personas que luchan día a día en unas condiciones muy duras o, como mínimo, en inferioridad de condiciones en relación con las grandes ciudades.

 

El abandono de nuestros pueblos es una evidencia y el problema es que va a más, si no se toman las medidas adecuadas entre todos. Este no es un asunto político, es una cuestión de supervivencia de nuestra forma de ser, de nuestro desarrollo, de nuestros bosques, de nuestro patrimonio cultural. Hay que aportar soluciones para los próximos años ante la continua despoblación y el abandono de nuestra identidad.

 

Si no somos capaces de verlo, caeremos en una injusticia social para todos. Estamos hablando de personas con nombres y apellidos que no tienen el respaldo social y más concretamente, nos referimos a un millón de personas con discapacidad que viven en el mundo rural.

 

Las autoridades tienen que afrontar el reto de la despoblación que sufre España como una oportunidad para reforzar el papel de estas localidades y apoyarlas con las infraestructuras necesarias de vías de comunicación, educación y salud, con el objetivo de tratar a todas las personas por igual que tienen los mismos derechos que los demás. Así lo recoge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

 

En este escenario, hay que fomentar un desarrollo rural inclusivo donde se contemple la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad, el sector más afectado por el abandono rural, así como el más invisible por las consecuencias de la exclusión, de la pobreza y de la violencia de género. 

 

Para poder avanzar, conviene fomentar trabajos de investigación, estudios sociológicos y económicos que analicen en profundidad la situación de las personas con discapacidad y sus familiares en el mundo rural y a partir de ahí poner sobre la mesa una estrategia de desarrollo inclusivo.

 

El medio rural debe ser una prioridad tanto para los políticos nacionales como los europeos con el objetivo de fomentar y aplicar la innovación social y generar nuevas oportunidades de una economía local que fomente el empleo y la sostenibilidad del entorno rural.

 

No hay que olvidar que la España rural representa el 80 por ciento de la población, y por tanto se deben generar oportunidades para arraigarla en su zona. La dispersión geográfica tiene que ser uno de los elementos a incluir en el futuro modelo de financiación autonómica y local. 

 

Los retos son enormes para todos. Como aseguraba Miguel Delibes, escritor, académico y periodista, además de gran conocedor del mundo rural: “La cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades”.