Falta cada vez menos tiempo para las elecciones del próximo 26 de Mayo, momento en el que serán designados nuestros representantes en la Eurocámara, pero también en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, es decir, en la administración periférica con la que compartimos tantas cosas las organizaciones de la discapacidad por ese lógico efecto de proximidad. 

 

En un país democrático como el nuestro es de suma importancia la participación de todos los ciudadanos en la vida pública y política para expresar nuestras opiniones y hacer valer nuestros derechos. Sin lugar a dudas, la participación nuevamente de la discapacidad en este proceso nos permitirá seguir avanzando en una sociedad más rica y plural.

 

Nuestra preocupación parte, con frecuencia, del escaso espacio que las propuestas sobre discapacidad ocupan en los programas electorales de los diferentes grupos políticos. Propuestas dirigidas a las aproximadamente 300.000 personas que, en la Comunidad de Castilla y León, tienen algún tipo de discapacidad. 

 

Me gustaría pensar que cuando una persona con discapacidad se acerque a depositar su voto en esta comunidad, el próximo día 26 de Mayo, lo haga convencido de que el partido al que le va a otorgar su confianza incorpora en su programa aspectos que van a suponer derechos y a mejorar la calidad de vida del colectivo.

 

Son muchas y variadas las recomendaciones que desde nuestra comunidad hemos formulado a los partidos políticos y a sus representantes que concurren a estas elecciones, pero todas ellas con un tronco común: es de vital importancia que la voz de las personas con discapacidad pueda influir en la vida pública y política de nuestro entorno.

 

Nuestras reglas de juego también a nivel autonómico están perfectamente definidas en la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya en su preámbulo habla de proclamar el reconocimiento de dignidad y derechos iguales e inalienables para todos los miembros de la familia humana, expresando claramente que nada sobre discapacidad debe hacerse sin las propias personas. La Convención supuso la consagración del enfoque de estos derechos, de modo que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de los mismos y los poderes públicos están obligados a garantizar su ejercicio de manera plena y efectiva. Por esta razón, hemos expresado la necesidad de su cumplimiento.

 

Tampoco entenderíamos que la agenda de la discapacidad no se incorpore de manera definitiva en las prioridades políticas y esta también es una demanda expresada por CERMI Castilla y León a los diferentes grupos que concurren al proceso.

 

Les hemos formulado algunas peticiones muy concretas pero necesarias, como las cuestiones de accesibilidad. Introducir en todas las políticas que intervienen en el diseño del espacio público de convivencia el concepto de accesibilidad universal, pero también ir incorporando este concepto en el diseño de productos y servicios.

 

No hemos olvidado la necesidad de contar con políticas decididas en ámbitos como la educación inclusiva, la necesidad de avanzar en un modelo único no segregador que permita la participación y el progreso de las personas con necesidades educativas especiales.

 

Elaboración de una normativa marco en lo relativo a empleo, que recoja la nueva realidad que en materia laboral debe tener la discapacidad, con la creación de líneas de ayuda en políticas activas muy enfocadas a mujeres y a personas con especiales necesidades.

 

En definitiva, estas elecciones no dejan de ser una nueva oportunidad para procurar la inclusión social de las personas con discapacidad, proceso a través del cual pueden participan plenamente de la sociedad en la que viven. Concepto de participación entendido como un proceso a través del cual se tiene control sobre las iniciativas, decisiones y recursos que afectan a la vida social, política, económica y cultural.