Aquí nos discriminan

Los partidos apuestan por reformar la ley para no privar a nadie del derecho a voto por discapacidad

Actualmente unas 80.000 personas están privadas del derecho a voto en España

04/08/2013

Kiko Rosique/Concha López

Los partidos políticos españoles -salvo contadas excepciones- se han mostrado de acuerdo en la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) con el fin de garantizar el derecho a voto de todos los ciudadanos mayores de 18 años e impedir que un juez pueda privar de este derecho a una persona por razón de discapacidad, una antigua reivindicación del CERMI. Actualmente unas 80.000 personas están privadas del derecho a voto en España por decisión de los jueces, al estimar éstos que no tienen facultad para elegir por sí mismas.

Este debate se ha reavivado tras la elección este verano de Ángela Bachiller, con síndrome de Down, como concejala en el Ayuntamiento de Valladolid, en sustitución de un compañero de partido (PP) que ha dejado el sillón de concejal.
  
Ángela Bachiller, que trabaja como auxiliar administrativo en la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de la capital vallisoletana, ocupó el puesto número 18 en la candidatura del PP en las últimas elecciones municipales y sustituye a Jesús García Galván.
  
La inclusión de Bachiller en la lista con la que el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, concurrió a las elecciones municipales fue muy bien recibida por las asociaciones de personas con discapacidad, que lo ven como un paso más en el camino de la normalización.
  
Sin embargo, tras su elección como concejala tanto el CERMI como Down España han destacado la paradoja que a su juicio supone que una mujer con síndrome de Down acceda a este cargo mientras otras muchas personas "con su misma edad y sus mismas habilidades" están privadas del derecho a voto.

Campaña de presión

El CERMI está desarrollando desde hace tiempo una campaña de presión política para que las personas con discapacidad privadas del derecho a voto lo recobren. La entidad recuerda las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ante la exclusión del ejercicio de este derecho, tras el examen al que sometió a España en el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de la ONU.
  
Así, destaca la necesidad de revisar toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, "independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás".
  
"Esta violación del derecho de sufragio es una paradoja del Estado democrático, que debe ser reparada con urgencia, ya que atenta gravemente contra la dignidad de las personas con discapacidad", indica el CERMI. "El resultado del ejercicio de este derecho debe ser plenamente respetado, ya que, además de tener igual valor, en caso alguno supone una ilegalidad, sino, más bien, el respeto por la diversidad de quienes forman parte indiscutible de la sociedad, que legítimamente ostenta la facultad de elegir a sus gobernantes".

PP: reformar la ley

El Partido Popular presentará una iniciativa para reformar la Loreg, de forma que un juez no pueda privar del derecho de voto a ninguna personas con discapacidad, según anunció a Servimedia el portavoz del PP en la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados, Francisco Vañó.
  
De momento el Grupo Popular está recabando opiniones de los diversos agentes del sector para unificar criterios y ver "hasta dónde se puede llegar" en esta reforma legislativa. Una vez culminada esta fase previa, para la que se organizarán próximamente unas jornadas con el CERMI y el Foro Justicia y Discapacidad, el PP presentará una iniciativa parlamentaria para modificar la Loreg.

PSOE: reforma con consenso

Por su parte, el PSOE se muestra "entusiásticamente abierto" a reformar la Ley Electoral para proteger el derecho al voto de las personas con discapacidad, según declaró a Servimedia Laura Seara, portavoz socialista en la Comisión del Congreso de los Diputados que estudia las Políticas Integrales de Discapacidad.
  
Por ello, los socialistas se muestran dispuestos a incluir esa reivindcación entre las modificaciones que el PSOE defiende de la Loreg, siempre con el consenso imprescindible y en el seno de una ponencia que estudie la reforma global del sistema electoral.

IU: repensar el derecho al voto

El portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Joan Josep Nuet, reconoce que el nombramiento de una concejala con síndrome de Down obliga a "repensar" el derecho al voto de las personas con discapacidad.
  
"Deberíamos repensar el sistema del voto y modificar la ley para posibilitar el voto de todas las personas con discapacidad", declaró Nuet a Servimedia. "Hace tiempo ese tema se veía desde un punto de vista muy conservador, y tenemos que abrir la participación electoral al mundo de la discapacidad".

CiU recogerá "la voz del CERMI"

Por su parte, CiU se ha comprometido a recoger "la voz del CERMI" en una iniciativa parlamentaria que propondrá cambiar la Loreg para impedir que un juez pueda privar del derecho al voto a una persona con discapacidad psíquica a quien no considere facultado para decidir por sí mismo.
  
Así lo indicó a Servimedia la portavoz de este grupo parlamentario en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados, Conxita Tarruella, quien explicó que CiU está estudiando cómo canaliza la iniciativa, si como proposición de ley o como enmienda a la futura reforma de la Ley Electoral.

UPyD: nada que objetar

La única voz discordante ha sido la de UPyD, que no tiene nada que objetar a que un juez, mediante una resolución "debidamente procesada y tasada", decida que una persona con discapacidad psíquica no es apto para votar de forma libre y autónoma, según indicó a Servimedia el diputado y responsable de Programa y Acción Política de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Carlos Martínez Gorriarán, quien insistió en que hay que atenerse en todo momento "a lo que la legislación diga" y hay que estudiar cada caso "de modo personalizado" y siempre "con tutela judicial".
  
Para UPyD, aunque "todo lo que sea ampliar derechos nos parece estupendo" y "hay que dar las máximas facilidades" para que así sea, este razonamiento no se puede aplicar como "criterio universal", sino que "puede haber casos particulares" que objetivamente impidan el ejercicio libre y autónomo del voto.